Abogados de Inteligencia Corporativa y Forense Privada

Cuándo la Defensa Exige Inteligencia Privada

Hay procedimientos en los que la defensa pasiva no basta. Cuando la acusación dispone de Policía Judicial, UCO, AEAT y Fiscalía, y la persona o empresa investigada necesita acreditar hechos por sus propios medios, la inteligencia corporativa y la pericial forense son herramientas decisivas. Las desplegamos en: defensa de directivos, defensa de empresas, casos de competencia desleal, fraudes internos, sustracción de información comercial, investigaciones internas Ley 2/2023, mediaciones complejas y litigios civiles con componente penal.

Tipologías de Investigación Reservada

• Detective privado: Informe documental con valor probatorio si concurre interés legítimo y se respetan derechos fundamentales.
• Investigación de patrimonio: Localización de bienes para asegurar reparación o ejecutar comiso.
• Verificación de coartadas: Documental, testifical y técnica para sustentar la versión del cliente.
• Trazabilidad de comunicaciones: Análisis lícito de correo, mensajería y redes con cumplimiento RGPD.
• Identificación de testigos hostiles: Verificación de credibilidad y antecedentes (con respeto al honor).
• Background check empresarial: Due diligence reputacional sobre contraparte o socios.

Pericial Forense: Contable, Informática y Documental

Coordinamos con peritos seleccionados según especialidad y exigencia del caso: contable para descartar perjuicio o reconstruir flujos, informática para impugnar metadatos o reconstruir borrados, caligráfica para autenticidad de firmas y documentos, documental para falsedades en papel timbrado, fedatarios y firmas digitales, biológica para ADN y trazas, balística y reconstrucción de accidentes. La selección del perito y el diseño del informe pericial son tan importantes como la propia pericial.

OSINT e Inteligencia Financiera

El OSINT (Open Source Intelligence) permite construir mapas relacionales, identificar UBO ocultos, localizar activos y trazar movimientos a partir de registros públicos, redes sociales, prensa, BORME, Registro de la Propiedad, registros mercantiles internacionales y bases de datos especializadas. La inteligencia financiera complementa con análisis de patrones de transacciones y cruces sectoriales. Toda la información se obtiene por vías lícitas y se documenta para producir informe con valor procesal.

Cadena de Custodia y Validez Procesal

La validez procesal de la prueba obtenida por estos medios depende de tres factores: (1) licitud en la obtención (consentimiento, interés legítimo, proporcionalidad); (2) cadena de custodia documentada desde el origen; (3) incorporación contradictoria al sumario con ratificación pericial. Coordinamos cada fase para asegurar que la prueba supere el test de admisibilidad y produzca convicción judicial.

Los requisitos del modelo de organización y gestión idóneo (Art. 31 bis 5 CP)

La inteligencia corporativa y el análisis forense no son fines en sí mismos: se integran en el modelo de organización y gestión que el Art. 31 bis 5 del Código Penal exige para poder eximir o atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Ese precepto enumera de forma tasada los elementos que el programa debe contener: identificación de las actividades en cuyo ámbito puedan cometerse los delitos que deben prevenirse (el llamado mapa de riesgos), protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la entidad y de adopción y ejecución de decisiones, y modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos.

El mismo precepto reclama un canal interno de denuncias, la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento del modelo, un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas, y una verificación periódica del modelo con su modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes o cambios en la organización, la estructura de control o la actividad desarrollada. La labor de inteligencia y forense aporta precisamente la evidencia con la que se nutren el mapa de riesgos, las verificaciones periódicas y, llegado el caso, la respuesta disciplinaria.

Conviene insistir en que el modelo no opera como una mera formalidad documental. La eficacia exige que el programa haya sido adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión del delito, que se aplique de manera efectiva en el día a día y que sea proporcionado al tamaño y a los riesgos reales de la entidad. Un compliance de papel, redactado pero no vivido, difícilmente sostendrá la exención. Diseñamos y revisamos modelos pensando en su acreditación posterior ante un juez, no solo en su existencia sobre el papel.

El órgano de supervisión autónomo y la carga de la prueba de la exención

El Art. 31 bis 2 CP condiciona la exención, cuando el delito ha sido cometido por administradores o representantes, a que la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo se haya confiado a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control, o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos. Esa autonomía es esencial: el órgano de cumplimiento (compliance officer) debe disponer de recursos, acceso a la información y capacidad de reporte que lo hagan independiente de quienes podrían cometer el delito que está llamado a prevenir.

En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, el propio Art. 31 bis permite que las funciones de supervisión sean asumidas directamente por el órgano de administración, lo que aligera la estructura sin renunciar a la sustancia del control. En cualquier configuración, lo decisivo es que exista una vigilancia real, dotada de medios, que detecte, investigue y reaccione frente a los riesgos. La inteligencia corporativa y el análisis forense son las herramientas operativas con las que ese órgano cumple su función de detección y verificación.

La carga de probar que el modelo era idóneo, que estaba implantado y que funcionaba recae, en la práctica, sobre la defensa de la persona jurídica, que es quien invoca la circunstancia que le favorece. De ahí la importancia de generar y conservar evidencia trazable: actas, registros del canal de denuncias, informes de las investigaciones internas, evaluaciones de riesgo fechadas y constancia de las medidas correctoras. Preparamos esa documentación con criterio forense para que sostenga la exención o, cuando solo concurra parcialmente, la atenuación que prevé el Art. 31 bis 2 in fine.

La empresa investigada: estatuto procesal propio, defensa y conformidad

La responsabilidad penal de la persona jurídica es autónoma respecto de la de la persona física. El Art. 31 ter CP permite exigir responsabilidad a la entidad aunque no se haya podido individualizar a la persona física concreta que cometió el delito o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella, e impide que las circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado persona física, o que agraven su responsabilidad, excluyan o modifiquen la de la persona jurídica. Por su parte, el Art. 31 quinquies modula esta responsabilidad para el Estado y determinadas entidades públicas. La empresa, por tanto, comparece en el proceso con un estatuto propio.

Investigada como tal, la persona jurídica tiene derecho a un representante específicamente designado para el proceso, a ser informada de la acusación, a guardar silencio y a no declarar contra sí misma, a no confesarse culpable y a ejercer su derecho de defensa con asistencia letrada. Su estrategia puede divergir de la de las personas físicas implicadas, y con frecuencia debe hacerlo, porque sus intereses no son coincidentes. La investigación interna previa, conducida con rigor, permite a la entidad llegar al proceso conociendo los hechos y decidiendo su posición con fundamento.

La conformidad de la persona jurídica sigue reglas propias y debe prestarse a través de su representante con poder especial, sin que la decisión de las personas físicas vincule a la entidad ni a la inversa. Asesoramos sobre cuándo cooperar, cuándo aportar el resultado de la investigación interna y cómo articular una eventual conformidad que aproveche las atenuantes disponibles, valorando siempre el impacto reputacional y la continuidad del negocio.

Penas de la persona jurídica (Art. 33.7), sucesión en operaciones de M&A y licitud de la prueba interna

Las consecuencias para la persona jurídica no se miden con el esquema de penas de las personas físicas. El Art. 33.7 CP establece un catálogo propio: la multa por cuotas o proporcional, la disolución de la entidad, la suspensión de actividades, la clausura de locales y establecimientos, la prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito, la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, y la intervención judicial para salvaguardar los derechos de trabajadores o acreedores. Varias de estas medidas pueden tener carácter temporal y un fuerte impacto operativo.

El Art. 130.2 CP cierra una vía de elusión: la transformación, fusión, absorción o escisión de una sociedad no extingue su responsabilidad penal, que se traslada a la entidad o entidades resultantes o absorbentes, modulándose la sanción en función de la proporción que la persona jurídica originaria guarde con ella; tampoco la extingue la disolución encubierta o meramente aparente. Por eso la diligencia debida penal en operaciones de fusión y adquisición es imprescindible: quien adquiere puede heredar el riesgo. La inteligencia corporativa aplicada al due diligence detecta contingencias antes del cierre y permite articular garantías contractuales.

La validez de todo lo anterior depende de que la prueba se haya obtenido lícitamente. Las investigaciones internas deben respetar la protección de datos, el secreto de las comunicaciones y la intimidad del trabajador, observando los principios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad, e informando previamente del alcance del control sobre los medios corporativos. El empleado investigado conserva sus derechos, y una prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales puede acarrear su nulidad y contaminar el resto del material. Conducimos la inteligencia y el análisis forense con un control de licitud desde el primer momento, para que su resultado sea utilizable en un eventual proceso penal.