Stealthing: Abogados Penalistas

El stealthing —del inglés "stealth" (sigilo)— consiste en la retirada no consentida del preservativo durante una relación sexual, o en la negativa a utilizarlo cuando la otra persona había condicionado expresamente su consentimiento al uso de protección. Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual ("Solo sí es sí") y su posterior corrección por la LO 4/2023, esta conducta se subsume plenamente en el delito de agresión sexual del Art. 178 CP. El bien jurídico protegido es la libertad sexual, entendida como capacidad de autodeterminación sobre el ejercicio de la sexualidad en sus distintas dimensiones, incluyendo la facultad de condicionar el consentimiento a circunstancias específicas como el uso de métodos anticonceptivos o de prevención de enfermedades de transmisión sexual. La jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de consentimiento condicionado (entre otras, la STS 119/2019) ha venido perfilando el encaje típico de esta conducta.

Las modalidades comisivas del stealthing son diversas y técnicamente más amplias de lo que sugiere la denominación. La retirada física del preservativo durante la relación es la modalidad clásica, frecuentemente realizada sin que la víctima lo perciba en el momento. La perforación intencionada del preservativo antes de su uso para anular su función protectora configura igualmente el tipo. La sustitución del preservativo por uno defectuoso, caducado o de menor calidad sin conocimiento de la víctima opera en el mismo sentido. La negativa a usar protección cuando se había acordado expresamente y, una vez en la relación, se prescinde de ella mediante engaño o presión, también integra la modalidad. Cuando la conducta se reitera o presenta carácter sistemático, las consecuencias punitivas y la valoración probatoria se agravan. La jurisprudencia comparada —Reino Unido (caso R v. Lawrance 2020), Alemania (BGH 2016), Suiza (TF 2017), Canadá (Hutchinson 2014)— ha consolidado convergentemente la calificación del stealthing como delito sexual.

Las penas aplicables al stealthing son severas. El tipo básico (Art. 178.1 CP) conlleva prisión de 1 a 4 años cuando no hay penetración consumada. Cuando el stealthing se produce durante penetración vaginal, anal o bucal, integra agresión sexual con penetración del Art. 179 CP con prisión de 4 a 12 años. Las agravantes específicas del Art. 180 CP (especial vulnerabilidad de la víctima, prevalimiento de relación de superioridad o parentesco, especial degradación) elevan las penas hasta los 15 años. Si la conducta produce resultado lesivo o de embarazo no deseado, opera concurso con los correspondientes delitos contra la salud o lesiones imprudentes. Las consecuencias accesorias son devastadoras: inscripción obligatoria en el Registro Central de Delincuentes Sexuales por 20-30 años, inhabilitación para profesiones con menores, libertad vigilada de 5 a 10 años, prohibición de aproximación a la víctima. La responsabilidad civil por daños morales, gastos médicos (anticoncepción de emergencia, profilaxis post-exposición VIH, tratamiento de ETS, terapia psicológica) y, en su caso, manutención de hijo no deseado, puede alcanzar cifras muy elevadas.

La defensa técnica especializada se construye sobre cuatro ejes. Primero, la impugnación de la condicionalidad acreditada del consentimiento: el tipo penal exige que el consentimiento se hubiera condicionado expresamente al uso de preservativo; cuando no consta acuerdo verbal o escrito previo sobre la protección, cuando la pareja había aceptado anteriormente relaciones sin protección, o cuando el contexto no permite inferir tal condicionalidad, decae el elemento típico nuclear. Segundo, el error de tipo invencible (Art. 14 CP) por creencia razonable de que la pareja aceptaba continuar sin protección: cuando hay comportamiento, palabras o actos concluyentes ambiguos que permiten la creencia razonable de modificación del acuerdo inicial, queda excluido el dolo típico. Tercero, la pericia psicológica sobre el testimonio de la víctima: aplicación de protocolos CBCA/SVA por psicólogos forenses cualificados que examinen la coherencia interna del relato, la posible motivación espuria (rupturas conflictivas, custodia, despechos), y los criterios de realidad versus invención. Cuarto, el volcado forense digital: WhatsApp, Instagram, Telegram, correos electrónicos previos y posteriores al encuentro pueden acreditar la inexistencia de condicionalidad expresa del consentimiento, la normalidad de la interacción posterior, o la presencia de móviles que cuestionan la credibilidad de la acusación.

En la práctica forense actual, el stealthing es una figura penalmente emergente con jurisprudencia en formación que orienta su calificación hacia la agresión sexual. La Ley Orgánica 10/2022, la LO 4/2023, la Directiva 2024/1385/UE sobre violencia contra las mujeres y la LO 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia han configurado un marco protector cada vez más exigente. Las campañas de sensibilización social y el aumento de las denuncias han generado un crecimiento sostenido de los procedimientos. En Alonso Sala, nuestros abogados penalistas especialistas en stealthing y consentimiento condicionado intervienen tanto en defensa del acusado como en asistencia a víctimas. Como defensores, articulamos pericias psicológicas independientes sobre credibilidad, volcados forenses de comunicaciones digitales para acreditar la inexistencia de condicionalidad expresa, e impugnaciones técnicas basadas en error de tipo o ausencia de elementos típicos. Como acusación particular en nombre de víctimas, coordinamos asistencia médica urgente (anticoncepción de emergencia, profilaxis ETS), articulamos pericias psicológicas para acreditar el daño moral, y solicitamos medidas cautelares de protección. En ambos roles, la actuación inmediata es crítica para preservar prueba digital y médico-forense.