Stealthing: Abogados Penalistas

El stealthing —del inglés "stealth" (sigilo)— consiste en la retirada no consentida del preservativo durante una relación sexual, o en la negativa a utilizarlo cuando la otra persona había condicionado expresamente su consentimiento al uso de protección. Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual ("Solo sí es sí") y su posterior corrección por la LO 4/2023, esta conducta se subsume plenamente en el delito de agresión sexual del Art. 178 CP. El bien jurídico protegido es la libertad sexual, entendida como capacidad de autodeterminación sobre el ejercicio de la sexualidad en sus distintas dimensiones, incluyendo la facultad de condicionar el consentimiento a circunstancias específicas como el uso de métodos anticonceptivos o de prevención de enfermedades de transmisión sexual. El Pleno del Tribunal Supremo (STS 603/2024, de 14 de junio) lo ha confirmado: el consentimiento se refiere a actos concretos y, si el acto realizado se aparta esencialmente de lo aceptado, hay delito contra la libertad sexual.

Las modalidades comisivas del stealthing son diversas y técnicamente más amplias de lo que sugiere la denominación. La retirada física del preservativo durante la relación es la modalidad clásica, frecuentemente realizada sin que la víctima lo perciba en el momento. La perforación intencionada del preservativo antes de su uso para anular su función protectora configura igualmente el tipo. La sustitución del preservativo por uno defectuoso, caducado o de menor calidad sin conocimiento de la víctima opera en el mismo sentido. La negativa a usar protección cuando se había acordado expresamente y, una vez en la relación, se prescinde de ella mediante engaño o presión, también integra la modalidad. Cuando la conducta se reitera o presenta carácter sistemático, las consecuencias punitivas y la valoración probatoria se agravan. La jurisprudencia comparada también ha tratado esta conducta como delito sexual en varios países (por ejemplo, el Tribunal Supremo de Canadá en R. v. Hutchinson, 2014, por el sabotaje de preservativos).

Las penas aplicables al stealthing son severas. El tipo básico (Art. 178.1 CP) conlleva prisión de 1 a 4 años. Aunque el stealthing se produzca durante una penetración vaginal, anal o bucal, el Pleno del Tribunal Supremo (STS 603/2024) no lo castiga como violación del Art. 179 CP, porque la penetración estaba consentida: la pena sigue siendo la del Art. 178.1. Las agravantes específicas del Art. 180 CP (especial vulnerabilidad de la víctima, prevalimiento de relación de superioridad o parentesco, especial degradación) elevan la pena a prisión de 2 a 8 años (Art. 180.1, aplicado al 178.1). Si la conducta produce un contagio que requiere tratamiento, concurre un delito de lesiones (Art. 147 CP), que el Supremo apreció con dolo eventual; el embarazo no deseado no agrava el delito sexual, aunque se indemniza. Las consecuencias accesorias son devastadoras: inscripción obligatoria en el Registro Central de Delincuentes Sexuales (que se cancela con los plazos de los antecedentes penales si la víctima es adulta), inhabilitación para profesiones con menores, libertad vigilada de 5 a 10 años (de 1 a 5 si el delito es menos grave), prohibición de aproximación a la víctima. La responsabilidad civil por daños morales, gastos médicos (anticoncepción de emergencia, profilaxis post-exposición VIH, tratamiento de ETS, terapia psicológica) y, en su caso, manutención de hijo no deseado, puede alcanzar cifras muy elevadas.

La defensa técnica especializada se construye sobre cuatro ejes. Primero, la impugnación de la condicionalidad acreditada del consentimiento: el tipo penal exige que el consentimiento se hubiera condicionado expresamente al uso de preservativo; cuando no consta acuerdo verbal o escrito previo sobre la protección, cuando la pareja había aceptado anteriormente relaciones sin protección, o cuando el contexto no permite inferir tal condicionalidad, decae el elemento típico nuclear. Segundo, el error de tipo invencible (Art. 14 CP) por creencia razonable de que la pareja aceptaba continuar sin protección: cuando hay comportamiento, palabras o actos concluyentes ambiguos que permiten la creencia razonable de modificación del acuerdo inicial, queda excluido el dolo típico. Tercero, la pericia psicológica sobre el testimonio de la víctima: aplicación de protocolos CBCA/SVA por psicólogos forenses cualificados que examinen la coherencia interna del relato, la posible motivación espuria (rupturas conflictivas, custodia, despechos), y los criterios de realidad versus invención. Cuarto, el volcado forense digital: WhatsApp, Instagram, Telegram, correos electrónicos previos y posteriores al encuentro pueden acreditar la inexistencia de condicionalidad expresa del consentimiento, la normalidad de la interacción posterior, o la presencia de móviles que cuestionan la credibilidad de la acusación.

En la práctica forense actual, el stealthing es una figura penalmente emergente que el Pleno del Tribunal Supremo calificó en 2024 como agresión sexual del Art. 178.1 CP. La Ley Orgánica 10/2022, la LO 4/2023, la Directiva 2024/1385/UE sobre violencia contra las mujeres y la LO 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia han configurado un marco protector cada vez más exigente. Las campañas de sensibilización social y el aumento de las denuncias han generado un crecimiento sostenido de los procedimientos. En Alonso Sala, nuestros abogados penalistas especialistas en stealthing y consentimiento condicionado intervienen tanto en defensa del acusado como en asistencia a víctimas. Como defensores, articulamos pericias psicológicas independientes sobre credibilidad, volcados forenses de comunicaciones digitales para acreditar la inexistencia de condicionalidad expresa, e impugnaciones técnicas basadas en error de tipo o ausencia de elementos típicos. Como acusación particular en nombre de víctimas, coordinamos asistencia médica urgente (anticoncepción de emergencia, profilaxis ETS), articulamos pericias psicológicas para acreditar el daño moral, y solicitamos medidas cautelares de protección. En ambos roles, la actuación inmediata es crítica para preservar prueba digital y médico-forense.