Abogados Penalistas en Difusión de Imágenes

El delito de difusión no consentida de imágenes íntimas, popularmente conocido como sexting o revenge porn, se regula en el Art. 197.7 del Código Penal e integra la familia de delitos contra la intimidad. El bien jurídico protegido es la intimidad personal reconocida en el Art. 18 de la Constitución Española, en su vertiente de control sobre la propia imagen y, particularmente, sobre la información de carácter más sensible: aquella obtenida en un entorno doméstico o privado bajo expectativa razonable de confidencialidad. La doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo ha consolidado que la tutela penal opera cuando concurren tres elementos: imagen o grabación de carácter íntimo, obtenida originariamente con consentimiento de la persona afectada en un ámbito reservado y posteriormente difundida o cedida sin autorización, con menoscabo grave de la intimidad.

El precepto distingue diversas modalidades en el espectro de conductas tipificables. La modalidad básica sanciona la difusión, revelación o cesión a terceros de imágenes o grabaciones audiovisuales obtenidas con el consentimiento de la víctima en un domicilio o lugar fuera del alcance de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal. La modalidad agravada opera cuando los hechos los comete el cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, supuesto típico del revenge porn tras una ruptura sentimental conflictiva, o cuando la víctima es menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección, o cuando los hechos se realicen con finalidad lucrativa o afecten a datos de carácter personal especialmente sensibles. La cadena de difusión se castiga íntegramente: tanto el autor de la primera publicación como los reenviadores sucesivos pueden incurrir en responsabilidad, especialmente tras la consolidación jurisprudencial del Tribunal Supremo que despejó las dudas iniciales sobre la punibilidad del segundo destinatario.

Las penas previstas son severas y reflejan la gravedad del daño reputacional que provoca la viralización digital. La modalidad básica del Art. 197.7 CP se castiga con prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses. Cuando concurra la agravante de relación de afectividad (cónyuge, pareja o expareja), las penas se imponen en su mitad superior, alcanzando con facilidad el máximo de un año. Si la víctima es menor o persona vulnerable, o si los hechos se cometen con ánimo de lucro o afectan a datos personales especialmente sensibles, la pena también se eleva. La responsabilidad civil ex delicto es particularmente significativa en estos procedimientos: la jurisprudencia menor reciente ha consolidado indemnizaciones de entre cinco mil y cincuenta mil euros por daño moral, en función de la viralización, la perdurabilidad del contenido en la red y las secuelas psicológicas acreditadas. Cuando la víctima es menor de edad en el momento de la grabación, el tipo aplicable no es el Art. 197.7 CP sino los delitos de pornografía infantil de los Arts. 189 y siguientes CP, con penas que pueden alcanzar de cinco a nueve años de prisión, lo que constituye una de las clasificaciones más graves de nuestro ordenamiento.

La defensa técnica en estos procedimientos requiere combinar derecho penal, derecho digital y conocimiento de la psicología procesal. El primer eje es la impugnación del menoscabo grave de la intimidad: el tipo exige que la difusión cause un perjuicio significativo a la esfera reservada de la víctima; cuando se trate de imágenes ya públicas, fragmentos no identificables o contenido en el que la víctima haya consentido previamente la difusión, la tipicidad puede excluirse. El segundo eje es la impugnación de la autoría material: la pericial informática puede acreditar que el dispositivo del imputado fue víctima de hackeo, suplantación de cuentas o instalación de aplicaciones espía por parte de terceros que actuaron como verdaderos autores. El tercer eje es la ausencia de dolo: el envío inadvertido de un fichero, el reenvío sin conocimiento del carácter íntimo del contenido o el error sobre la identidad de la persona representada pueden excluir el elemento subjetivo. El cuarto eje es el consentimiento expreso o tácito: en supuestos donde la víctima haya autorizado previamente la difusión o donde el contexto (relación abierta, exhibicionismo previo consentido) genere una expectativa razonable de no confidencialidad, la conducta puede quedar atípica. Junto a la defensa penal, el despacho tramita gestiones urgentes ante el Canal Prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y ante las plataformas digitales para frenar la difusión y reducir el daño.

En la práctica forense actual observamos un crecimiento muy notable de procedimientos por difusión no consentida de imágenes íntimas, vinculado al uso masivo de mensajería instantánea y a la generalización de las redes sociales. Los casos de revenge porn tras rupturas sentimentales son los más frecuentes, seguidos de la viralización en grupos cerrados de Telegram, la difusión en foros, la subida a portales para adultos y, en los últimos años, los deepfakes pornográficos generados con inteligencia artificial. La Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual reforzó la protección frente a estas conductas y consolidó la coordinación entre los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y los Juzgados de Instrucción comunes. La Fiscalía Especialista en Criminalidad Informática ha emitido instrucciones que priorizan estos procedimientos y aceleran las medidas de retirada urgente. En Alonso Sala combinamos +15 años de experiencia en defensa penal con la colaboración de peritos informáticos forenses y especialistas en reputación digital para articular estrategias adaptadas a cada caso, tanto en defensa del acusado como en representación de la víctima que persigue la retirada del contenido y la indemnización por daño moral.