Prevaricación urbanística (Art. 320 CP): cuándo responde el funcionario que informa, vota o no inspecciona

La mayoría de las causas urbanísticas se abren mirando a la obra: quién la promovió, quién la construyó, quién firmó el proyecto. El Art. 320 CP mira al otro lado del mostrador. Castiga al cargo público que puso su firma, su informe o su voto al servicio de una licencia o de un instrumento de planeamiento contrarios a la normativa urbanística, y a quien, teniendo el deber de inspeccionar, miró hacia otro lado. Tiene un perfil de investigado muy definido —técnicos municipales, secretarios e interventores, concejales de urbanismo y alcaldes— y un rasgo que sorprende a quien lo descubre tarde: prescribe a los quince años.

Le investigan por un informe o por un voto: qué castiga exactamente el Art. 320 CP

El precepto está en el Título XVI del Código Penal, entre los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, junto al Art. 319 CP que castiga al promotor, constructor y técnico director. Comparten contexto pero no destinatario: el 319 se dirige a quien ejecuta la obra; el 320, a quien la habilita desde la Administración.

El tipo no exige que la obra llegue a levantarse, ni que se produzca un daño material comprobable en el suelo protegido. Lo que se castiga es la decisión administrativa —o la omisión— que abre la puerta a una actuación contraria a la ordenación vigente. Por eso el momento consumativo suele situarse en la fecha del informe, del acuerdo o del vencimiento del plazo en que la inspección debió realizarse, y no en la de la primera piedra. Como el expediente recorre varias mesas, la instrucción reconstruye la cadena entera: quién informó, quién fiscalizó, quién propuso, quién resolvió.

Las dos conductas del tipo: informar o silenciar (320.1) y resolver o votar (320.2)

El precepto tiene dos apartados, con la misma pena y destinatarios distintos.

El Art. 320.1 CP castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, realice alguna de estas tres conductas:

• Informar favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación, o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes.
• Silenciar la infracción de esas normas con motivo de una inspección. No se trata de no verla, sino de verla y no reflejarla.
• Omitir la realización de inspecciones de carácter obligatorio. La obligatoriedad no la fija el Código Penal: procede de la normativa urbanística autonómica y de las ordenanzas municipales, que es donde hay que acreditarla.

El Art. 320.2 CP impone las mismas penas a la autoridad o funcionario público que, por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado, haya resuelto o votado a favor de la aprobación de esos instrumentos, proyectos o licencias, también a sabiendas de su injusticia. Es el apartado que alcanza a los miembros de una junta de gobierno local o de un pleno, y el que explica por qué las actas de las sesiones y el sentido nominal de los votos son documentos centrales en estas causas.

Las dos vías son autónomas. Un mismo expediente puede generar responsabilidad del técnico que informó por el 320.1 y del órgano que aprobó por el 320.2, sin que la absolución de uno arrastre la del otro.

«A sabiendas de su injusticia»: el elemento que decide el caso

Los dos apartados comparten la misma exigencia subjetiva, y es la que separa un asunto penal de uno administrativo. No basta con que el informe, el voto o la licencia fueran ilegales. Hace falta que quien actuó lo hiciera conociendo esa ilegalidad. La discrepancia interpretativa razonable, el error de calificación del suelo, la aplicación de un criterio técnico defendible o la confianza en informes previos de otros servicios no colman el tipo.

La acusación intenta acreditar ese conocimiento con elementos objetivos del expediente: advertencias de ilegalidad por escrito, informes contrarios previos, requerimientos de la Administración autonómica o una contradicción con el planeamiento tan evidente que resulte difícil sostener que pasó inadvertida. La defensa trabaja el mismo material en sentido inverso: qué documentación tenía delante quien firmó, en qué plazos y con qué informes de apoyo.

Conviene añadir un matiz que se repite en estas causas: la anulación de la licencia por la jurisdicción contencioso-administrativa no prejuzga nada en lo penal. Acredita que el acto era contrario a Derecho, que es el presupuesto, pero no el conocimiento de esa contrariedad, que es el elemento del delito.

Las penas: la inhabilitación del Art. 404 CP más prisión y multa

El Art. 320 CP construye una pena acumulativa poco habitual. Remite a la pena del Art. 404 CP —inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de nueve a quince años— y además impone:

• Prisión de un año y seis meses a cuatro años.
• Multa de doce a veinticuatro meses.

Esa suma tiene dos consecuencias prácticas. La inhabilitación especial del Art. 42 CP produce la privación definitiva del empleo o cargo, aunque sea electivo, y la incapacidad para obtener otro análogo durante la condena; la privación del derecho de sufragio pasivo impide además concurrir a elecciones durante ese tiempo. Y como la suspensión del Art. 80 CP solo alcanza a penas privativas de libertad no superiores a dos años, la extensión que se fije en sentencia decide si esa vía queda abierta; la inhabilitación, en cambio, se cumple en todo caso.

Quién puede responder: técnico municipal, secretario, concejal, alcalde

El Art. 320 CP es un delito especial: solo puede cometerlo, como autor, quien tenga la condición de autoridad o funcionario público en el sentido del Art. 24 CP, que es más amplio que el estatuto funcionarial estricto e incluye a quien participa en el ejercicio de funciones públicas por disposición inmediata de la ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente.

Eso abarca perfiles distintos dentro de un mismo consistorio: arquitectos y aparejadores municipales y demás personal técnico de urbanismo, por la vía del informe favorable del 320.1; inspectores con competencias de disciplina urbanística, por el silenciamiento de la infracción o la omisión de la inspección obligatoria; secretarios e interventores, cuando su informe de legalidad forma parte del iter del acto; y concejales y alcaldes, por resolver o votar a favor conforme al 320.2.

El particular que no reúne esa condición —el promotor, el urbanizador— no puede ser autor del 320, pero sí puede ser llamado a la causa como partícipe si se le atribuye haber inducido o cooperado con quien sí lo es. Ese deslinde entre el sujeto cualificado y el particular que interviene se explica con más detalle en el análisis sobre la prevaricación y el tráfico de influencias.

Cómo se relaciona con el Art. 319 CP y con la prevaricación administrativa

Tres preceptos se cruzan con frecuencia en el mismo procedimiento y conviene no confundirlos.

• Art. 319 CP. Castiga a promotores, constructores y técnicos directores que ejecutan obras no autorizables en suelo de especial protección (319.1) o en suelo no urbanizable (319.2). Es la cara privada del mismo expediente y admite, además, la demolición a cargo del autor conforme al 319.3.
• Art. 404 CP. Prevaricación administrativa genérica: dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia, castigada solo con inhabilitación. Cuando recae sobre materia urbanística en alguna de las modalidades del 320, este desplaza al 404 como precepto especial y añade prisión y multa.
• Falsedad documental. Si el expediente se sostiene sobre documentos alterados —mediciones, fechas, calificaciones de suelo—, la calificación puede ampliarse por esa vía: ver obras ilegales y delito urbanístico.

Prescripción: quince años, no cinco

Aquí está la asimetría que más consecuencias tiene. El Art. 131.2 CP ordena que, cuando la pena señalada por la ley sea compuesta, se atienda a la que exija mayor tiempo para la prescripción. La pena del Art. 320 CP incluye una inhabilitación de hasta quince años, y el Art. 131.1 CP fija en quince años el plazo cuando la pena máxima es inhabilitación por más de diez.

El contraste con el Art. 319 CP es notable: allí la pena máxima no supera los cuatro años de prisión, de modo que el delito prescribe a los cinco años. Un mismo expediente puede estar penalmente muerto para el promotor y plenamente vivo para el funcionario que lo informó más de una década antes. Es la razón por la que estas causas reabren actuaciones administrativas muy antiguas y por la que la búsqueda en el archivo municipal es también trabajo de defensa.

Líneas de defensa

Sobre el material del expediente, las líneas que suelen resultar más productivas son estas:

• Atacar el «a sabiendas». Es el núcleo. Documentar qué informes obraban en el expediente al tiempo de la firma, qué criterio venía aplicando el servicio en supuestos análogos y si existía una interpretación técnica sostenible del planeamiento.
• Discutir la contrariedad con la ordenación vigente. Si la licencia era conforme al planeamiento aplicable en su fecha —o si la obra era legalizable—, decae el presupuesto objetivo del tipo.
• Delimitar la competencia real. Firmar un informe sectorial no equivale a informar favorablemente la licencia: importa qué se informó, sobre qué extremos y con qué alcance.
• Cuestionar la obligatoriedad de la inspección omitida. En la modalidad omisiva hay que acreditar la norma concreta que imponía inspeccionar, el plazo y la atribución al investigado; la falta de medios del servicio es un dato relevante.
• Prescripción y dilaciones. Aunque el plazo sea de quince años, hay que verificar la fecha exacta de consumación de cada conducta y el efecto de las paralizaciones del procedimiento sobre la atenuante de dilaciones indebidas.

Si le investigan por un informe, un voto o una inspección relacionados con una licencia urbanística, el momento de intervenir es al recibir la citación, no cuando se formula el escrito de acusación: buena parte del material que decide estos casos está en el archivo municipal y conviene asegurarlo cuanto antes. Puede consultarnos en el 91 078 65 74 o revisar la página del despacho sobre prevaricación urbanística y el panorama general de los delitos urbanísticos.