Abogados Penalistas en Prevaricación Urbanística

El delito de prevaricación urbanística castiga a la autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia, informa favorablemente o concede licencias contrarias a las normas de ordenación territorial. Defendemos la legalidad de sus actuaciones administrativas.

Concepto y Bien Jurídico (Art. 320 CP)

La prevaricación urbanística del Art. 320 CP es una modalidad específica de prevaricación que protege la ordenación del territorio y la legalidad urbanística como bienes jurídicos colectivos. Sanciona a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, informa favorablemente, resuelve o vota a favor de instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización o licencias contrarios a la normativa de ordenación territorial, o que silencia la infracción con ocasión de inspecciones. Es un delito especial propio: solo puede ser autor quien ostenta la condición de autoridad o funcionario competente en la materia.

Modalidades (Art. 320.1 y 2 CP)

El tipo abarca varias conductas. El Art. 320.1 CP castiga a quien informa favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación, o la concesión de licencias contrarias a las normas; también a quien, con motivo de inspecciones, ha silenciado la infracción de dichas normas. El Art. 320.2 CP sanciona a la autoridad o funcionario que, por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado, resuelve o vota a favor de la aprobación de tales instrumentos o concesiones a sabiendas de su injusticia. La clave típica es el conocimiento de la ilegalidad ("a sabiendas").

Penas (Art. 320 CP)

Las penas combinan tres consecuencias. El Art. 320 CP impone prisión de 1 año y 6 meses a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de 9 a 15 años. La inhabilitación es, en la práctica, la consecuencia más relevante para el funcionario, pues le aparta de la función pública durante un periodo prolongado. La responsabilidad puede extenderse a la responsabilidad civil por los daños derivados de la actuación ilegal y, en su caso, a la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Estrategia de Defensa

La defensa se construye sobre varios ejes. Primero, la ausencia del elemento "a sabiendas": el tipo exige el conocimiento de la injusticia, de modo que la mera ilegalidad administrativa, la discrepancia interpretativa razonable o el error sobre la normativa aplicable excluyen el dolo. Segundo, la cobertura de informes técnicos previos favorables: cuando el funcionario actúa amparado en informes de los servicios técnicos o jurídicos, decae el conocimiento de la injusticia. Tercero, la distinción entre la mera irregularidad y la resolución injusta: no toda infracción de procedimiento integra prevaricación. Cuarto, la delimitación de la competencia y de la efectiva intervención del acusado en la resolución.

Diferencia con la Prevaricación Genérica (Art. 404 CP)

La prevaricación urbanística del Art. 320 CP es ley especial frente a la prevaricación administrativa genérica del Art. 404 CP, que castiga a la autoridad o funcionario que dicta una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia en cualquier asunto administrativo (con inhabilitación especial de 9 a 15 años, sin prisión). El Art. 320, por recaer sobre la ordenación del territorio, añade la pena de prisión y multa a la inhabilitación. La correcta calificación entre ambos preceptos es determinante de la respuesta penal y constituye un eje habitual de discusión en estos procedimientos.