Abogados Especializados en Violencia Vicaria

Qué es la Violencia Vicaria

La violencia vicaria es una forma extrema de violencia de género: consiste en instrumentalizar a los hijos e hijas —o a otras personas allegadas— para causar el mayor sufrimiento posible a la mujer. El agresor no actúa directamente sobre la mujer, sino sobre lo que más le importa. Es un concepto reconocido por la doctrina, las instituciones y la legislación de protección.

Tipos Penales Aplicables

La violencia vicaria no constituye un tipo penal autónomo con ese nombre: se persigue a través de las figuras ya previstas en el Código Penal. Según la conducta concreta, pueden aplicarse el homicidio o el asesinato, las lesiones, la sustracción de menores (Art. 225 bis CP), las amenazas y coacciones, el maltrato habitual (Art. 173.2 CP) o el quebrantamiento de medidas de protección.

Reconocimiento Legal

El ordenamiento jurídico español reconoce a los hijos e hijas como víctimas directas de la violencia de género, y no como meros testigos. Este reconocimiento tiene consecuencias prácticas: legitima medidas de protección a su favor, hace de la suspensión del régimen de visitas del inculpado la regla general, salvo que el interés del menor aconseje otra cosa (art. 66 LO 1/2004) y orienta la respuesta penal hacia la protección integral del menor.

Defensa de la Víctima

Cuando asistimos a la mujer víctima, ejercemos la acusación particular para impulsar la investigación, solicitar medidas de protección para ella y para los menores, instar la suspensión del régimen de visitas cuando procede y reclamar la reparación del daño. La coordinación con los recursos de protección y con la jurisdicción de familia es esencial.

Defensa frente a la Acusación

Cuando asistimos a la persona investigada, realizamos un análisis riguroso de la prueba. La gravedad del concepto no puede traducirse en una condena sin prueba suficiente: examinamos la calificación aplicada, la concurrencia real de los elementos de cada delito y el respeto a la presunción de inocencia, evitando que un conflicto familiar se sobredimensione.

Fases del procedimiento penal y juzgado competente en la violencia vicaria

Conviene partir de una premisa técnica: la violencia vicaria no es un tipo penal autónomo con ese nombre. Es un concepto —instrumentalizar a los hijos o a otras personas del entorno para causar el mayor daño posible a la pareja o expareja— reconocido en la legislación de protección a la infancia y de lucha contra la violencia de género. En el plano penal no se acusa por «violencia vicaria», sino por los delitos efectivamente cometidos: homicidio o asesinato, lesiones, maltrato habitual del artículo 173.2, amenazas, coacciones o sustracción de menores del artículo 225 bis, con las agravantes de parentesco y por razón de género cuando concurran.

El cauce es el del proceso penal ordinario. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia (antiguo Juzgado de Instrucción) incoa diligencias previas, practica la investigación y, una vez concluida, dicta auto de transformación en procedimiento abreviado o auto de sobreseimiento. Después se formulan los escritos de acusación y defensa, se celebra el juicio oral ante el órgano de enjuiciamiento y recae sentencia, recurrible en apelación. Cuando los hechos se cometen en el ámbito de la violencia de género —pareja o expareja del agresor— la instrucción corresponde a la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia, que asume tanto la investigación penal como las medidas civiles conexas de guarda y custodia, alimentos y régimen de visitas.

El enjuiciamiento se atribuye a la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia (antiguo Juzgado de lo Penal) cuando la pena máxima asignada al delito no excede de cinco años de prisión, como ocurre con el impago de pensiones, el maltrato habitual o la sustracción de menores. Solo los delitos más graves, como el asesinato, se enjuician ante la Audiencia Provincial. La Audiencia Nacional solo intervendría por excepción, en hechos cometidos fuera de España cuyo enjuiciamiento corresponda a los tribunales españoles (art. 65.1.º e) LOPJ).

La prueba: documental del impago, pericial psicológica del maltrato y documentos de custodia

Cada manifestación de la conducta exige una estrategia probatoria distinta. En el impago de pensiones del artículo 227 la prueba es eminentemente documental: la resolución judicial o el convenio aprobado que fija la prestación, los extractos bancarios que acreditan la ausencia de ingresos durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos, y la documentación sobre la capacidad económica real del obligado, pues el delito exige una omisión voluntaria y no la mera imposibilidad de pago. La defensa se construye, con frecuencia, demostrando la falta de capacidad económica sobrevenida y documentada.

Para el maltrato habitual del artículo 173.2 cobra especial relevancia la pericial psicológica, que puede valorar el patrón de control, la afectación emocional y, en su caso, el daño causado a los menores utilizados como instrumento. Junto a ella suelen aportarse partes de lesiones, informes de servicios sociales o sanitarios, mensajes y comunicaciones, y la declaración de la persona perjudicada, cuya valoración se rige por los criterios consolidados de persistencia, coherencia y corroboración periférica.

En los supuestos de sustracción de menores del artículo 225 bis resultan decisivos los documentos de custodia: la sentencia o el convenio que fija la guarda, el régimen de visitas vigente y la prueba del traslado o la retención sin consentimiento del otro progenitor o incumpliendo gravemente una resolución. La acreditación de la fecha de restitución es relevante, porque una devolución dentro de los quince días siguientes a la denuncia de la sustracción atenúa la pena de forma expresa (prisión de seis meses a dos años); plazo que el artículo 225 bis computa desde la fecha de la denuncia, no desde la sustracción. Cuando lo que se discute no es el traslado del menor sino el incumplimiento de los deberes de asistencia o del sustento, la calificación correcta es la del abandono de familia del artículo 226 del Código Penal, con prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses.

Frontera con la jurisdicción civil de familia y con delitos vecinos

No todo conflicto familiar tiene recorrido penal. El incumplimiento del régimen de visitas, el retraso esporádico en un pago o las discrepancias sobre la educación de los hijos pertenecen, por regla general, a la jurisdicción civil de familia, que dispone de sus propios mecanismos de ejecución forzosa. La vía penal solo se activa cuando la conducta colma un tipo concreto: la omisión dolosa y reiterada del artículo 227, la sustracción del artículo 225 bis o el maltrato del artículo 173.2. Por eso resulta esencial deslindar el ilícito civil del delito desde el primer momento.

También es importante distinguir entre delitos vecinos en función de la gravedad y la habitualidad. Una agresión aislada en el ámbito de la pareja puede integrar el delito de maltrato ocasional del artículo 153, mientras que la reiteración de actos violentos o de control configura el maltrato habitual del artículo 173.2, que se castiga de forma autónoma y compatible con los concretos episodios. Las amenazas y las coacciones tienen sus propios tipos, agravados cuando la víctima es o ha sido pareja del autor.

La instrumentalización de los hijos puede, además, vehicularse a través de denuncias o procedimientos infundados o de la manipulación del relato del menor, conductas que en ocasiones rozan otras figuras penales. Cada una de ellas exige un análisis riguroso para evitar tanto la criminalización de un conflicto civil como la impunidad de una verdadera estrategia de daño a través de terceros.

Orden de protección, prescripción, reparación y conformidad

La orden de protección del artículo 544 ter es una pieza central. Permite acordar de forma rápida medidas penales —como la prohibición de aproximación y de comunicación con la víctima— y medidas civiles provisionales sobre la atribución del uso de la vivienda, la guarda y custodia, los alimentos o el régimen de visitas, integrando ambas dimensiones en una resolución única. Su quebrantamiento constituye delito del artículo 468.2, y conviene subrayar que el consentimiento de la víctima a reanudar el contacto es irrelevante: quien quebranta la medida es el obligado por ella, de modo que ni la reconciliación ni la invitación de la persona protegida excluyen la responsabilidad penal.

En cuanto a la prescripción, rige el artículo 131 del Código Penal. Como el impago de pensiones, el maltrato habitual, las amenazas o las coacciones tienen señalada una pena máxima que no supera los cinco años de prisión, el plazo de prescripción es de cinco años; la sustracción de menores, que lleva además inhabilitación especial obligatoria de cuatro a diez años, prescribe a los diez (art. 131 CP). El cómputo tiene particularidades: en los delitos que exigen habitualidad, como el maltrato habitual, el plazo corre desde que cesó la conducta; y si la víctima es menor de edad, empieza a contar desde su mayoría de edad en los delitos contra las relaciones familiares y en las lesiones, y desde que cumple treinta y cinco años en el maltrato habitual (art. 132.1 CP, en hechos cometidos desde el 25 de junio de 2021).

Por último, conviene valorar las vías de atenuación. En el impago de pensiones, el pago de lo adeudado puede dar lugar a la atenuante de reparación del daño, y la restitución temprana del menor atenúa la pena en la sustracción. La conformidad —el acuerdo con la acusación sobre los hechos y la pena— puede resultar adecuada cuando la prueba es sólida, permitiendo una resolución más ágil y, en su caso, una reducción de la condena, siempre tras un examen ponderado del caso concreto y de sus consecuencias.