Abogados de Sustracción de Menores (Art. 225 bis CP)

La sustracción de menores es uno de los delitos de familia más sensibles del ordenamiento penal español por la confluencia de tres bienes jurídicos protegidos: el derecho del menor a mantener relaciones estables con ambos progenitores, el derecho del progenitor no custodio a ejercer su patria potestad y, en los casos transnacionales, la integridad del sistema convencional internacional de cooperación familiar. El Art. 225 bis CP, introducido por la LO 9/2002 y reformado por la LO 8/2021, tipifica como autor al progenitor que, sin causa justificada, traslade al menor de su lugar de residencia habitual sin consentimiento del otro progenitor o lo retenga incumpliendo gravemente el deber fijado por resolución judicial o administrativa (régimen de visitas o custodia), y extiende las mismas penas a los ascendientes del menor y a los parientes del progenitor hasta el segundo grado (Art. 225 bis.5). La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha matizado la frontera entre el conflicto familiar civilmente relevante y la conducta penalmente típica, exigiendo dolo, gravedad del incumplimiento y vulneración efectiva de la resolución judicial o del acuerdo regulador.

Modalidades (Art. 225 bis CP)

El tipo penal distingue dos modalidades comisivas. La sustracción por traslado consiste en llevarse al menor de su lugar de residencia habitual sin consentimiento del otro progenitor o de quien ostente la guarda; alcanza tanto los desplazamientos internacionales (especialmente graves por activar el Convenio de La Haya de 1980) como los traslados internos cuando dificultan gravemente el ejercicio de la patria potestad del otro progenitor. La sustracción por retención consiste en no devolver al menor tras un período legítimo de estancia (régimen de visitas, vacaciones autorizadas), con incumplimiento grave que impida el retorno al régimen ordinario de custodia. La modalidad agravada impone la pena en su mitad superior cuando el menor es trasladado fuera de España o se exige alguna condición para su restitución (Art. 225 bis.3 CP).

Penas y Restitución

Las penas previstas son significativas: prisión de 2 a 4 años e inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad de 4 a 10 años. Queda exento de pena el sustractor que, dentro de las 24 horas siguientes, comunica el lugar de estancia al otro progenitor o a quien tenga legalmente su cuidado con el compromiso de devolución inmediata y la lleva a cabo, o cuando la ausencia no supera ese plazo; si restituye al menor sin esa comunicación dentro de los 15 días siguientes, la pena es de prisión de 6 meses a 2 años. Ambos plazos se computan desde la fecha de la denuncia (Art. 225 bis.4 CP). La responsabilidad civil incluye la indemnización por daños morales causados al menor y al progenitor afectado, los gastos de búsqueda, repatriación y reintegración. Adicionalmente, el procedimiento penal puede activar medidas cautelares civiles inmediatas: prohibición de salida del territorio nacional, retirada de pasaporte del menor, suspensión cautelar de la patria potestad del sustractor y atribución provisional de la custodia al progenitor víctima.

Estrategia de Defensa

La defensa técnica en sustracción de menores se construye sobre cuatro ejes consolidados por la doctrina y la jurisprudencia. Primero, la concurrencia de causa justificada: el Art. 225 bis CP excluye la tipicidad cuando el traslado o retención responde a una situación de riesgo real y grave para el menor (maltrato del otro progenitor, exposición a conductas delictivas, situación habitacional indigna); el TS exige acreditación documental sólida (denuncias previas, informes médicos, evaluaciones sociales). Segundo, la ausencia de gravedad en el incumplimiento: las desviaciones puntuales del régimen de visitas o los retrasos justificados en la devolución no integran el tipo penal. Tercero, las excepciones del Convenio de La Haya (Art. 13): aun cuando proceda el retorno, cabe oponerse si concurre riesgo grave de daño físico o psíquico, o si el menor con suficiente madurez se opone razonadamente. Cuarto, la vía civil prioritaria: cuando el conflicto pueda resolverse en sede de familia mediante modificación de medidas, la criminalización resulta desproporcionada.

Práctica Forense Actual

En la práctica forense actual, observamos un incremento sostenido de sustracciones internacionales en familias multiculturales, divorcios contenciosos de alto conflicto y supuestos vinculados a religiones o regímenes jurídicos no convencionales con España. La Autoridad Central española (Ministerio de Justicia) coordina las solicitudes de restitución con las autoridades centrales extranjeras del Convenio de La Haya, cuyo plazo orientativo es de 6 semanas. La doctrina del TS sobre "interés superior del menor" como criterio rector exige a los abogados penalistas un dominio integrado del Derecho Penal, Civil de Familia y Derecho Internacional Privado. En Alonso Sala, abordamos la sustracción desde el primer momento con triple vía: activación del Convenio de La Haya o reglamento Bruselas II ter, denuncia penal con medidas cautelares y modificación urgente de medidas civiles. Con +15 años de experiencia, actuamos ante las Secciones de Familia, Infancia y Capacidad, las Audiencias Provinciales y el Tribunal Supremo.