Delitos contra la Libertad Sindical (Art. 315 CP)

Los delitos contra la libertad sindical y el derecho de huelga se tipifican en el artículo 315 del Código Penal (CP), dentro del Título XV dedicado a los delitos contra los derechos de los trabajadores. El precepto protege dos derechos fundamentales reconocidos en la Constitución: la libertad sindical (art. 28.1 CE) y el derecho de huelga (art. 28.2 CE). El despacho asume tanto la defensa de personas investigadas o acusadas como el acompañamiento de trabajadores, sindicatos y empresas perjudicados por estas conductas, con sede en Velázquez 27, Madrid.

Qué castiga el Art. 315 CP

El artículo 315.1 CP sanciona a quienes, mediante engaño o abuso de una situación de necesidad, impidan o limiten el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga. No se trata de cualquier conflicto laboral, sino de conductas que cercenan de manera relevante el ejercicio de estos derechos: presiones sobre quien quiere afiliarse o sindicarse, represalias encubiertas frente a la actividad sindical, maniobras para vaciar de contenido una convocatoria de huelga o para forzar la prestación de servicios mínimos abusivos. El bien jurídico protegido es la efectividad real de los derechos colectivos de los trabajadores frente a quien los neutraliza mediante medios ilícitos.

Penas y reforma de la LO 5/2021

La pena del tipo básico del artículo 315.1 CP es de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses. El artículo 315.2 CP agrava la respuesta cuando las conductas anteriores se llevan a cabo con coacciones, elevando la pena a prisión de un año y nueve meses hasta tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses. Como puede observarse, el legislador reserva la respuesta más severa para los supuestos en que el medio empleado es coactivo y no meramente engañoso o abusivo.

Resulta esencial conocer el alcance de la Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril (en vigor desde el 23 de abril de 2021), que derogó el apartado 3 del artículo 315 CP. Ese apartado contenía una modalidad agravada y específica que castigaba a quienes, actuando en grupo o de acuerdo con otros, coaccionaran a otras personas a iniciar o continuar una huelga. Con su supresión, desaparece ese tipo penal autónomo y se despenaliza esa modalidad concreta de coacción vinculada al conflicto colectivo. La reforma respondió a la crítica de que ese precepto producía un efecto disuasorio desproporcionado sobre la actividad sindical y los piquetes informativos.

Conviene precisar el efecto práctico: la derogación no crea un espacio de impunidad absoluto. Las coacciones genéricas del artículo 172 CP siguen plenamente vigentes; quien obligue a otro con violencia o intimidación a secundar o abandonar una huelga puede responder por coacciones comunes cuando concurran sus requisitos. Lo que cambia es el encaje típico y la pena de referencia. Para hechos anteriores al 23 de abril de 2021 que se juzguen después, rige el principio de aplicación de la ley penal más favorable, que puede conducir a la absolución por el precepto derogado o a la revisión de la condena.

Elementos del delito

Para que concurra el delito del artículo 315 CP es preciso, en primer lugar, una conducta de impedir o limitar el ejercicio de la libertad sindical o del derecho de huelga, que debe ser relevante y no una simple molestia inherente al conflicto. En segundo lugar, el medio típico: engaño o abuso de situación de necesidad en el apartado 1, o coacciones en el apartado 2. En tercer lugar, el dolo, es decir, el conocimiento y la voluntad de cercenar el derecho ajeno. La doctrina del Tribunal Supremo exige distinguir con cuidado entre el ejercicio legítimo de derechos fundamentales —información, persuasión, exhortación a la adhesión— y la imposición ilícita mediante medios coactivos, situando la frontera no en el contexto del conflicto, sino en los medios realmente empleados.

Claves de la defensa

La estrategia se decide en las fases tempranas del procedimiento. Las líneas centrales pasan por delimitar el ejercicio legítimo del derecho de huelga y de la libertad sindical frente a la conducta típica, por cuestionar la concurrencia del engaño, el abuso de necesidad o la coacción exigidos por el tipo, y por invocar la inaplicabilidad del derogado apartado 3 cuando la acusación se sostenga sobre él. En conductas grupales es esencial exigir la prueba de la aportación concreta de cada persona, evitando atribuciones genéricas. Para el perjudicado, el despacho articula la denuncia y el ejercicio de la acción penal, valorando además las acciones disponibles en el orden social. Si su situación encaja en este ámbito, puede llamarnos al 91 078 65 74.