Abogados Penalistas en Estafa por Internet

La estafa por internet es la modalidad de mayor crecimiento estadístico del Derecho Penal Económico contemporáneo y constituye una manifestación específica de los delitos de los Arts. 248 y 249 CP. Castiga las defraudaciones cometidas mediante medios digitales —tiendas online falsas, anuncios engañosos en marketplaces (Wallapop, Vinted, Milanuncios), alquileres vacacionales inexistentes, suplantación de identidad en redes sociales, sorteos y premios ficticios— en las que el autor utiliza el ámbito digital tanto como soporte del engaño cuanto como infraestructura de captación masiva de víctimas. El bien jurídico protegido es el patrimonio de la víctima y, mediatamente, la confianza colectiva en el comercio electrónico, esencial para el funcionamiento de la economía digital. La jurisprudencia consolidada ha precisado que la suficiencia del engaño en entornos digitales debe valorarse atendiendo al estándar de diligencia razonable del usuario medio, no del experto en ciberseguridad. A diferencia de la estafa informática (Art. 249.1.a CP) —donde se manipula un sistema sin engañar a nadie—, en la estafa por internet siempre existe un engaño dirigido a una persona.

Las modalidades comisivas en estafa por internet son extraordinariamente variadas. Las tiendas online falsas clonan marcas reconocidas (Nike, Apple, Zara, Amazon) con dominios similares, ofrecen precios irresistibles y cobran sin enviar el producto o enviando imitaciones; concurren con frecuencia con falsedad documental y delitos contra la propiedad industrial. Los fraudes en marketplaces de segunda mano operan mediante anuncios atractivos en Wallapop, Vinted, Milanuncios o Facebook Marketplace, induciendo al comprador a operar fuera del sistema seguro de la plataforma (pago por Bizum o transferencia bancaria). Los alquileres vacacionales inexistentes emplean fotografías robadas de portales legítimos para anunciar apartamentos ficticios, especialmente en zonas turísticas y temporada alta. Los premios y sorteos fraudulentos recurren a la versión digital del clásico timo nigeriano. La suplantación en redes sociales mediante perfiles falsos y la estafa romántica (catfishing) completan el catálogo más recurrente.

Las penas previstas son las generales del delito de estafa: prisión de 6 meses a 3 años y multa en el tipo básico (cuantía entre 400 € y 50.000 €); prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses en la modalidad agravada del Art. 250 CP cuando concurra alguna circunstancia (cuantía superior a 50.000 €, abuso de credibilidad empresarial, multitud de víctimas configurando delito masa del Art. 74.2 CP); y prisión de 4 a 8 años en el tipo híper-agravado del Art. 250.2 cuando la cuantía supere los 250.000 €. Si la cuantía total defraudada no alcanza los 400 €, opera la calificación como delito leve con pena de multa de 1 a 3 meses (Art. 249.2 CP). Las consecuencias colaterales incluyen responsabilidad civil ex delicto por el íntegro perjuicio con intereses legales, antecedentes penales con efectos en empleo y profesiones reguladas, y posible concurso con delitos de blanqueo (Art. 301), usurpación de identidad (Art. 401) o falsedad documental (Arts. 390-395). La persecución internacional es habitual dado el carácter transfronterizo de muchas estafas digitales.

La actuación procesal frente a una estafa por internet exige rapidez y método. Primero, las medidas urgentes en las primeras 24-72 horas: contacto inmediato con el banco para solicitar chargeback en pagos con tarjeta (plazo orientativo de 120 días según las normas de los esquemas de pago), bloqueo cautelar de cuentas receptoras, preservación inmediata de pruebas digitales (capturas con sello de tiempo, certificación notarial cuando sea viable, conservación de URLs, metadatos y conversaciones). Segundo, la denuncia o querella penal ante la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional o el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, con aportación documental exhaustiva y solicitud de medidas cautelares de bloqueo de dominios y embargo telemático de cuentas. Tercero, la reclamación a la plataforma intermediaria cuando proceda (Wallapop, Vinted, Airbnb tienen protocolos internos de reembolso). Cuarto, la reclamación civil al banco conforme a la Ley 4/2020 de Servicios de Pago cuando concurra negligencia en los deberes de diligencia o ausencia de alertas antifraude exigibles. La jurisprudencia consolidada del TS sobre prueba electrónica exige cadena de custodia técnica robusta.

En la práctica forense actual, las estafas por internet presentan desafíos procesales específicos: rapidez de movimiento de los fondos, dispersión geográfica de los autores (frecuentemente fuera de la UE), uso de empresas pantalla en jurisdicciones opacas y dificultad técnica del rastreo. La Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, el Reglamento Digital Services Act (UE) 2022/2065 sobre obligaciones de las plataformas digitales, la Directiva NIS2 sobre ciberseguridad y la Ley 4/2020 de Servicios de Pago han reforzado tanto los mecanismos de persecución como las garantías de las víctimas. En Alonso Sala, con +15 años de experiencia y un equipo multidisciplinar de abogados penalistas y peritos en ciberseguridad forense, asumimos la representación íntegra de la víctima en estafas online: actuación urgente en las primeras 24-72 horas, articulación de querella con medidas cautelares, coordinación con plataformas intermediarias, reclamación civil al banco cuando proceda y cooperación judicial internacional para identificar y embargar los activos del defraudador.