Sumario ordinario (arts. 299-648 LECrim): procesamiento, conclusión y juicio

El sumario ordinario es el procedimiento más antiguo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y hoy el menos frecuente: se aplica solo a los delitos más graves. Su lógica es distinta a la del abreviado, y quien no la conoce llega tarde a trámites que no se repiten.

Le imputan un delito grave y le hablan de sumario

La frontera se fija por exclusión. El art. 757 LECrim reserva el procedimiento abreviado a los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años; todo lo que supera ese umbral se tramita como sumario ordinario, salvo que corresponda al Tribunal del Jurado o a otro proceso especial.

Los órganos, tras la reorganización de la LO 1/2025, son estos: instruye la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia del lugar del delito, o la sección con competencia en violencia sobre la mujer o en violencia contra la infancia y la adolescencia si el hecho es de los suyos (art. 14.2 LECrim); y enjuicia la Audiencia Provincial de la circunscripción donde el delito se cometió, o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en su ámbito (art. 14.4).

Qué es el sumario y qué se hace en él

El art. 299 LECrim lo define con precisión: constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias.

Tres rasgos lo diferencian de las diligencias previas del abreviado:

• Formalización de la imputación. No basta con tomar declaración: hay un auto específico, el de procesamiento.
• Control judicial del cierre. La instrucción no termina cuando el instructor lo decide, sino cuando el tribunal lo confirma.
• Secreto. El régimen del art. 302 LECrim se aplica con toda su extensión; puede consultarse el artículo dedicado al secreto de sumario.

Los plazos máximos de la instrucción son los mismos del art. 324 LECrim que rigen en el abreviado.

El auto de procesamiento (art. 384 LECrim)

Es la pieza central. El art. 384 LECrim ordena que, desde que resulte del sumario algún indicio racional de criminalidad contra determinada persona, se dicte auto declarándola procesada y que con ella se entiendan las diligencias.

Consecuencias prácticas inmediatas:

• La persona procesada puede valerse de letrado, mientras no esté incomunicada, para instar la pronta terminación del sumario o para pedir diligencias y formular pretensiones sobre su situación.
• Cabe recurso de reforma en los tres días siguientes a la notificación y, contra el auto que la deniegue, apelación en un solo efecto en los cinco días siguientes; también puede interponerse la apelación subsidiariamente con la reforma.
• Contra el auto que deniega el procesamiento solo cabe reforma. Denegada esta, no hay apelación, pero quien la pidió puede reproducir la petición ante la Audiencia al evacuar el traslado del art. 627, y el tribunal resolverá al dictar el auto del art. 630.

La diferencia con el abreviado es nítida: allí la imputación se formaliza en el auto del art. 779.1.4.ª, sin procesamiento y sin ese doble juego de recursos.

La fase de instrucción del sumario condiciona buena parte de la estrategia posterior de defensa: puede ver nuestro planteamiento general en la página de defensa penal general.

La conclusión del sumario (arts. 622-633 LECrim)

Cuando el instructor considera terminado el sumario, lo declara así y remite los autos y las piezas de convicción al tribunal competente (art. 622 LECrim). A partir de ahí manda el tribunal:

• Art. 623. Se notifica el auto de conclusión y se emplaza a las partes para comparecer ante la Audiencia en diez días, o quince si el emplazamiento es ante el Tribunal Supremo.
• Art. 627. Se pasan los autos para instrucción por un plazo que no baja de tres días ni excede de diez, según el volumen; si la causa supera los mil folios cabe prórroga. Al devolverlos, cada parte se conforma con la conclusión o pide nuevas diligencias, y se pronuncia sobre la apertura del juicio oral o el sobreseimiento.
• Art. 630. El tribunal dicta auto confirmando o revocando el del instructor.
• Arts. 632 y 633. Confirmada la conclusión, el tribunal resuelve dentro del tercer día sobre el juicio oral o el sobreseimiento; si abre el juicio, dispone el traslado para calificar del art. 649.

Este trámite no tiene equivalente en el abreviado y es la mejor oportunidad para pedir la práctica de diligencias que faltan.

Sobreseimiento libre o provisional

El art. 634 LECrim distingue entre sobreseimiento libre y provisional, y entre total y parcial. Si es parcial, se abre el juicio respecto de los procesados a quienes no favorece.

Los motivos son los del art. 637 para el libre —que no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho, que el hecho no sea constitutivo de delito o que los procesados aparezcan exentos de responsabilidad criminal— y los del art. 641 para el provisional: que no resulte debidamente justificada la perpetración del delito, o que habiéndose cometido no haya motivos suficientes para acusar a persona determinada.

Contra los autos de sobreseimiento el art. 636 remite al recurso de casación, en los términos del art. 848; las víctimas disponen de veinte días para recurrir aunque no se hubieran personado. La cuestión se desarrolla en este artículo sobre la casación contra el sobreseimiento libre y en el general sobre los arts. 637 y 641 LECrim.

Calificación y admisión de prueba

Abierto el juicio oral, el art. 649 LECrim da traslado al fiscal —o al acusador privado si el delito no es perseguible de oficio— para que en cinco días califique por escrito los hechos. Desde esa resolución todos los actos del proceso son públicos.

El escrito de calificación se limita a conclusiones precisas y numeradas (art. 650): hechos punibles, calificación legal, participación, circunstancias atenuantes, agravantes o eximentes y penas; y, si se ejercita la acción civil, la cuantía de los daños y las personas responsables.

La defensa, al evacuar su traslado, puede manifestar conformidad con la calificación más grave y con la pena pedida (art. 655 LECrim), con un control judicial equivalente al del abreviado: el tribunal comprueba que la calificación es correcta y la pena procedente, oye al acusado sobre si la presta libremente y no puede imponer pena mayor que la solicitada. Si son varios los procesados y no todos se conforman, el juicio continúa.

El art. 659 regula la admisión de prueba. Un detalle que decide recursos: contra el auto que rechaza una prueba cabe casación en su día, siempre que se prepare con la protesta oportuna.

El juicio ante la Audiencia Provincial y la sentencia

Los debates son públicos bajo pena de nulidad (art. 680 LECrim), con las excepciones legalmente previstas. Abierta la sesión, el presidente pregunta a cada acusado si se confiesa reo del delito y responsable civil en los términos del escrito de calificación (art. 688).

La sentencia se dicta apreciando en conciencia las pruebas practicadas, las razones de acusación y defensa y lo manifestado por los procesados (art. 741), y debe resolver todas las cuestiones objeto de juicio, incluidas las de responsabilidad civil, sin que quepa emplear la fórmula del sobreseimiento respecto de quien no deba ser condenado (art. 742).

Recursos: apelación ante el TSJ y casación

Desde la reforma de 2015 existe segunda instancia. El art. 846 ter LECrim hace recurribles en apelación las sentencias dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales —y los autos que pongan fin al proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre— ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, o ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. Esa sala se constituye con tres magistrados y el recurso se rige por los arts. 790, 791 y 792.

Contra la sentencia que resuelve esa apelación cabe casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma (art. 847.1.a) 1.º LECrim). Es una vía más amplia que la de las sentencias de apelación de las Audiencias Provinciales, limitada al motivo del art. 849.1.º. Los motivos utilizables se analizan en el artículo sobre los motivos de casación.

Qué mira la defensa

• El encaje del cauce. Si la pena en abstracto no supera los nueve años, el asunto es abreviado: el art. 760 LECrim permite corregir el procedimiento sin retroceder más de lo necesario.
• El alcance del procesamiento. Qué hechos y qué personas abarca, y si los indicios están razonados. De ello depende el objeto del juicio.
• El trámite del art. 627. Es el momento de pedir las diligencias que faltan y de sostener el sobreseimiento; después ya no vuelve.
• La protesta ante la prueba denegada. Sin ella, el art. 659 deja el motivo fuera de la casación.

Si le han comunicado un auto de procesamiento o su causa se tramita como sumario, conviene revisar cuanto antes qué trámites siguen abiertos y cuáles han precluido. Puede consultarnos en el 91 078 65 74.