El atestado policial (Arts. 292 a 297 LECrim): qué valor tiene y cómo se impugna

Casi todos los procedimientos penales nacen de un atestado, y casi nadie sabe con exactitud qué es. No es una sentencia anticipada ni una prueba, pero tampoco un documento irrelevante: fija el relato inicial, ordena las primeras diligencias y condiciona la instrucción que viene después. La LECrim lo regula en los Arts. 292 a 297, y esos seis artículos explican tanto su fuerza como sus límites.

Le han denunciado o le han detenido: todo empieza por el atestado

El atestado es el documento en el que la Policía Judicial recoge lo que ha averiguado y lo que ha hecho. Su función legal está en el Art. 282 LECrim: averiguar los delitos públicos cometidos en su territorio, practicar las diligencias necesarias para comprobarlos, descubrir a los responsables y recoger los efectos, instrumentos o pruebas cuya desaparición se tema, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial.

Conviene fijar desde el principio la idea que ordena todo lo demás: el atestado vale como denuncia, no como prueba. Esa frase, que está literalmente en la ley, es la que permite discutir con calma un documento que en la primera lectura parece demoledor.

Qué debe contener el atestado

El Art. 292 LECrim impone a los funcionarios de Policía Judicial extender un atestado de las diligencias que practiquen, en el que especificarán con la mayor exactitud los hechos averiguados, insertando las declaraciones e informes recibidos y anotando todas las circunstancias observadas que pudiesen ser prueba o indicio del delito. El párrafo segundo añade que con el atestado se remite un informe dando cuenta de las detenciones anteriores y de la existencia de requisitorias cuando así conste en sus bases de datos.

Hay dos exigencias implícitas en ese texto que suelen pasarse por alto. La primera, que el atestado debe distinguir entre lo que los agentes vieron y lo que les contaron: son dos categorías con recorrido procesal distinto. La segunda, que las circunstancias favorables también son «circunstancias observadas»: el deber de exactitud no es un deber de cargo.

Si el funcionario al que corresponde no pudiera redactarlo, el Art. 294 prevé su sustitución por una relación verbal circunstanciada que reduce a escrito de modo fehaciente el funcionario del Ministerio Fiscal o el juez ante quien deba presentarse, dejando constancia del motivo.

Quién lo firma y qué significa no firmarlo

El Art. 293 LECrim establece que el atestado lo firma quien lo haya extendido y que las personas presentes, peritos y testigos que hubieran intervenido en las diligencias serán invitadas a firmarlo en la parte a ellos referente. Si no lo hicieren, se expresará la razón.

De ahí se siguen dos consecuencias prácticas. Una, que la firma no convierte lo firmado en prueba: acredita la intervención en la diligencia, no la veracidad del contenido del documento. Otra, que la negativa a firmar es una opción prevista por la propia ley, cuyo motivo debe constar. En la asistencia al detenido, ese momento es el adecuado para pedir que se refleje cualquier incidencia, en línea con la facultad que el Art. 520.6.b) LECrim reconoce al abogado.

Plazos de remisión y atestados sin autor conocido

El Art. 295 LECrim impide que los funcionarios de Policía Judicial dejen transcurrir más de veinticuatro horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias practicadas, salvo fuerza mayor y salvo el supuesto del Art. 284.2. El incumplimiento tiene consecuencias disciplinarias expresamente previstas en el propio artículo. Y cuando las diligencias se practican por orden o requerimiento del juez o del fiscal, el Art. 296 obliga a comunicar el resultado en los plazos fijados en esa orden.

El Art. 284.2 regula el llamado atestado sin autor conocido: la Policía Judicial lo conserva a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, sin enviárselo, salvo que concurra alguna de estas circunstancias: que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad e indemnidad sexuales o relacionados con la corrupción; que se practique cualquier diligencia pasadas setenta y dos horas desde la apertura del atestado y haya tenido algún resultado; o que el fiscal o el juez soliciten la remisión. El denunciante debe ser informado de que, si no se identifica al autor en ese plazo, las actuaciones no se remitirán, sin perjuicio de su derecho a reiterar la denuncia.

El valor del atestado: denuncia, no prueba

El Art. 297 LECrim contiene la regla que define toda la materia y lo hace en tres párrafos. El primero: los atestados que redacten y las manifestaciones que hagan los funcionarios de Policía Judicial a consecuencia de sus averiguaciones se considerarán denuncias para los efectos legales. El segundo: las demás declaraciones que presten deberán ser firmadas y tendrán el valor de declaraciones testificales en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio. El tercero: en todo caso están obligados a observar estrictamente las formalidades legales en cuantas diligencias practiquen, y a abstenerse, bajo su responsabilidad, de usar medios de averiguación que la ley no autorice.

El Art. 717 completa el cuadro para el juicio oral: las declaraciones de las autoridades y funcionarios de Policía Judicial tienen el valor de declaraciones testificales, apreciables como éstas según las reglas del criterio racional. No hay, por tanto, presunción de veracidad: hay un testigo cualificado por su función, sometido a las mismas reglas de valoración que cualquier otro.

Qué partes del atestado pueden llegar a valer

• Lo percibido directamente por los agentes. Accede al juicio a través de su declaración testifical, con contradicción de la defensa.
• Las diligencias objetivas irrepetibles. Croquis, reportajes gráficos y actas de recogida de efectos del Art. 284.3, que debe expresar el lugar, tiempo y ocasión del hallazgo con descripción minuciosa y la firma de la persona en cuyo poder se hallaron.
• Los informes técnicos y periciales. Necesitan su propio régimen de ratificación y contradicción; el atestado solo los incorpora.
• Las declaraciones de testigos recogidas en comisaría. Su contenido no se convierte en prueba por figurar en el atestado: quien declaró debe hacerlo en el juicio.
• Las manifestaciones del investigado. Son las que menos recorrido tienen por sí solas, según se explica en el apartado siguiente.

Qué diligencias suele contener

Un atestado tipo agrupa el acta de inicio, la reseña de la detención con el lugar y la hora —dato que el Art. 520.1 LECrim obliga a reflejar, junto con el de la puesta a disposición judicial o la puesta en libertad—, el acta de información de derechos, las declaraciones tomadas, las actas de intervención y recogida de efectos, los informes técnicos disponibles y las diligencias de remisión. En algunos supuestos incorpora también actas de identificación, reportajes fotográficos del lugar y la relación de agentes intervinientes con su número profesional.

Esa arquitectura importa porque cada bloque se impugna de forma distinta: no es lo mismo discutir la cadena documental de un efecto intervenido —terreno de la cadena de custodia— que discutir lo que un agente dice haber presenciado.

Cómo se impugna un atestado

La impugnación no consiste en negar el documento en bloque, sino en separar sus partes y atacar cada una por donde procede. Las líneas habituales son cuatro.

La primera, el valor de denuncia: recordar que el Art. 297 impide que el atestado, por sí solo, sustente una condena, y exigir que cada dato relevante se acredite en el juicio. La segunda, la declaración de los agentes: solicitarla como prueba testifical y examinar qué percibieron directamente y qué reproducen de oídas. La tercera, las formalidades legales: el párrafo tercero del Art. 297 es un mandato exigible, y su incumplimiento —información de derechos deficiente, diligencias practicadas sin la asistencia debida— tiene consecuencias propias. La cuarta, la ilicitud: cuando la diligencia recogida en el atestado vulneró un derecho fundamental, el análisis se traslada al terreno de la prueba ilícita y del Art. 11.1 LOPJ.

Qué hacer (y qué no) cuando el atestado ya está redactado

Lo primero es obtener el atestado íntegro con todos sus anexos, no el extracto que suele acompañar a la primera citación. Después conviene contrastar las horas: detención, información de derechos, entrevista con el abogado, declaración, puesta a disposición judicial. Las incoherencias horarias son el defecto más frecuente y el más comprobable.

Lo que no conviene hacer es tratar el atestado como un relato cerrado y limitarse a negarlo. Tampoco es buena idea dar por perdido lo que no consta: si una manifestación favorable no se recogió, el momento de decirlo es la primera declaración judicial, no el juicio. Y si la citación es todavía policial, antes de acudir conviene tener claro el marco, que se explica en el artículo sobre la citación de la policía para declarar.

Si su procedimiento arranca de un atestado —o si hay una asistencia al detenido pendiente—, lo prudente es revisarlo con un abogado penalista antes de la primera declaración judicial. Puede consultarnos en el 91 078 65 74.