Abogado de Falsedad de Cuentas

El delito de falseamiento de cuentas anuales y demás documentos sociales, regulado en el Art. 290 CP, protege la veracidad de la información societaria y la confianza del tráfico jurídico-económico en los estados financieros depositados ante el Registro Mercantil. La jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo ha precisado los contornos del tipo: no toda inexactitud contable es delito, sino sólo aquella que altere la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera o los resultados con dolo y aptitud para causar perjuicio económico. Como abogados penalistas especialistas en falseamiento de cuentas, intervenimos desde la primera diligencia para articular la doble defensa técnico-contable y procesal.

Las modalidades típicas son recurrentes en la práctica forense. La ocultación de pasivos (no provisionar deudas con proveedores, no reflejar pasivos contingentes derivados de litigios, omitir avales prestados a sociedades del grupo) para mejorar artificialmente la solvencia. La sobrevaloración de activos (inmuebles, existencias obsoletas, créditos incobrables sin deteriorar, intangibles sin recuperabilidad) para inflar el patrimonio neto. La activación indebida de gastos que deben llevarse a la cuenta de resultados, como gastos de I+D no recuperables o gastos financieros corrientes capitalizados. La no contabilización de ingresos reales o, al contrario, el reconocimiento anticipado de ingresos aún no devengados. Y, en supuestos graves, la contabilidad B en concurso con el delito fiscal del Art. 305 CP.

Las penas del Art. 290 CP comprenden prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses. Cuando se ha causado un perjuicio económico a los terceros (acreedores, inversores, socios minoritarios, Administración), la pena se aplica en su mitad superior. Si el falseamiento se utiliza instrumentalmente para perpetrar otros delitos económicos (estafa, fraude fiscal, alzamiento de bienes, administración desleal), se aprecia concurso real o medial que multiplica el alcance penal. La responsabilidad penal de la persona jurídica (Art. 31 bis CP) puede activarse si la sociedad carecía de programa de compliance contable adecuado. A las penas privativas de libertad se añaden la inhabilitación para el ejercicio del cargo de administrador, multas, responsabilidad civil reparatoria y, en su caso, la nulidad de las cuentas aprobadas con incidencia registral mercantil.

La defensa técnica articula varios ejes complementarios. Primero, la discusión técnico-contable: no toda discrepancia con el Plan General de Contabilidad o las NIIF integra falsedad penal; la elección razonada entre métodos alternativos amparados por la norma (criterios de valoración, vidas útiles, deterioros, provisiones por riesgos) constituye opinión contable, no falsedad dolosa. Segundo, la ausencia de aptitud para causar perjuicio económico relevante: el principio de intervención mínima excluye del Derecho penal las inexactitudes menores que no alteran la imagen fiel global. Tercero, la delegación efectiva en el equipo financiero y los auditores: el administrador firmante puede beneficiarse del principio de confianza y del error de prohibición cuando ha actuado tras informe favorable de auditor externo. Cuarto, la separación entre administrador de hecho y administrador de derecho para neutralizar imputaciones cruzadas. Quinto, la impugnación de la cadena probatoria y la valoración pericial de parte que recalifique las discrepancias.

En la práctica forense actual observamos un crecimiento sostenido de procedimientos por falseamiento contable, especialmente vinculados a conflictos entre socios, insolvencias punibles de los Arts. 257-261 CP, concurso de acreedores culpable, operaciones de financiación con bancos respaldadas en cuentas sobreoptimistas, y operaciones de venta de empresa donde el comprador descubre desviaciones materiales en la due diligence. La Ley 11/2021 de medidas contra el fraude, la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, la Directiva UE 2017/1371 sobre protección de los intereses financieros y la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo han reforzado la respuesta institucional. En Alonso Sala, abordamos cada expediente con equipo multidisciplinar penal-mercantil-contable: realizamos auditoría inversa, articulamos pericial económica de parte que neutralice o module la imputación, gestionamos la coordinación con los auditores externos del cliente y construimos una defensa integral que proteja al administrador imputado y, en su caso, a la propia sociedad como persona jurídica.