Abogados en Daños a Flora y Fauna | Alonso Sala

Los delitos contra la flora y la fauna protegida integran el Capítulo IV del Título XVI del Código Penal y constituyen una de las áreas de mayor crecimiento del Derecho penal ambiental europeo. El bien jurídico protegido es doble: por un lado, la biodiversidad como patrimonio natural colectivo recogido en el artículo 45 de la Constitución; por otro, los ecosistemas y los recursos genéticos como soporte material de la vida. La tipicidad penal se articula en torno a los artículos 332 CP (delitos relativos a la flora protegida), 334 CP (caza o pesca de especies amenazadas), 335 CP (caza o pesca con medios prohibidos o sin licencia válida), 336 CP (empleo de venenos, explosivos o métodos no selectivos) y 337 CP (maltrato animal). La jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo ha precisado los elementos típicos y ha distinguido nítidamente la infracción administrativa de la infracción penal, exigiendo para esta última un dolo de lesión cualificada del ecosistema y la incidencia sobre especies, hábitats o cantidades realmente significativos.

Modalidades Comisivas

Las modalidades comisivas conforman un catálogo extenso y técnicamente complejo. El Art. 332 CP castiga a quien corte, tale, queme, arranque, recolecte o efectúe tráfico ilegal de especies o subespecies de flora amenazada o destruya o altere gravemente su hábitat, con prisión de 4 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses. El Art. 334 CP sanciona la caza, pesca, adquisición o posesión de especies amenazadas con prisión de 6 meses a 2 años, multa de 8 a 24 meses e inhabilitación especial de 2 a 4 años; cuando se trate de especie en peligro de extinción, la pena se impone en su mitad superior. El Art. 335 CP contempla la caza o pesca sin las autorizaciones reglamentariamente exigibles. El Art. 336 CP castiga con prisión de 4 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses el empleo de venenos, explosivos, gases tóxicos o instrumentos o artes no selectivos (lazos, cepos, redes, liga, cebos envenenados), con agravación si afecta a especies catalogadas. El Art. 340 bis CP, introducido por la LO 3/2023 (que trasladó el maltrato animal a un título propio), castiga el maltrato animal a animales vertebrados domésticos, amansados o de los habitualmente domesticados, con penas de prisión de 3 a 18 meses e inhabilitación profesional reforzada; la muerte del animal se castiga con pena agravada.

Marco Normativo

El marco normativo aplicable trasciende el Código Penal y exige el manejo coordinado de fuentes nacionales, autonómicas y europeas. La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y el Real Decreto 139/2011 regulan el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y el Catálogo Español de Especies Amenazadas (categorías "en peligro de extinción" y "vulnerable"). Las Directivas 92/43/CEE (Hábitats) y 2009/147/CE (Aves) articulan la Red Natura 2000 con zonas ZEC, LIC y ZEPA. El Convenio CITES regula el comercio internacional de especies amenazadas, cuya infracción concurre con el delito de contrabando (LO 12/1995, reformada por LO 6/2011). A su vez, cada Comunidad Autónoma cuenta con catálogos propios (Catálogo Andaluz, Madrileño, Catalán de Especies Amenazadas) y leyes de caza y pesca que precisan los períodos hábiles, métodos autorizados y especies cinegéticas. El SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) es la unidad especializada en investigar estos delitos, con apoyo de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente.

Estrategia de Defensa

La defensa técnica se construye sobre cuatro ejes que la jurisprudencia ha decantado con nitidez. Primero, la discusión sobre la catalogación de la especie afectada: el principio de legalidad (Art. 25 CE) exige que la especie figure expresamente en el Listado o Catálogo en el momento de los hechos; especies recientemente reclasificadas o no catalogadas formalmente quedan fuera del tipo penal del Art. 334 CP. Segundo, el elemento subjetivo del injusto: el delito requiere dolo, al menos eventual, sobre la condición protegida del ejemplar; el error invencible sobre los elementos del tipo (Art. 14.1 CP) excluye la responsabilidad criminal y degrada el hecho a infracción administrativa. Tercero, la antijuridicidad material: no basta cualquier daño; debe acreditarse incidencia ecológica real sobre la especie o el hábitat, mediante prueba pericial biológica, geomática o forestal independiente. Cuarto, la impugnación de las periciales del SEPRONA: revisión de la cadena de custodia de muestras biológicas, validez de los análisis de ADN, geolocalización de las trampas, conservación de cuerpos y nidos. La responsabilidad penal de la persona jurídica (Art. 31 bis CP) habilita, además, el despliegue de programas de compliance ambiental como circunstancia atenuante o eximente para empresas agrícolas, forestales, energéticas o de construcción.

Práctica Forense Actual

La práctica forense de los últimos años revela una intensificación notable de la persecución penal en estos ámbitos. Se han multiplicado los procedimientos por uso de cebos envenenados contra cánidos y rapaces (campañas contra el furtivismo en Castilla y León, Extremadura y Andalucía), por tráfico CITES de aves exóticas, reptiles y plantas (puertos de Barcelona, Algeciras y aeropuertos), por destrucción de hábitats mediante obras sin evaluación de impacto ambiental, por tala ilegal de árboles singulares o protegidos y por maltrato animal tras la entrada en vigor de la LO 3/2023. La Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y la Directiva (UE) 2024/1203 sobre delitos contra el medio ambiente han reforzado el marco europeo. En Alonso Sala, asumimos la defensa de cazadores, agricultores, ganaderos, empresarios agroforestales, propietarios de fincas, distribuidores de productos fitosanitarios y particulares acusados de estos delitos. Abordamos cada caso con un equipo de peritos biólogos, ingenieros forestales, geomáticos y veterinarios independientes, articulando una defensa que combina la dimensión técnico-científica con la jurídico-procesal y, cuando es posible, gestiona la reparación ambiental como atenuante cualificada del Art. 21.5 CP.