Abogados Penalistas en Contaminación y Vertidos

Los delitos de contaminación (Art. 325 CP) requieren que el vertido o emisión pueda "perjudicar gravemente" el equilibrio de los sistemas naturales. Nuestra defensa se basa en informes periciales que discutan esa gravedad potencial y cuestionen la relación de causalidad.

Concepto (Art. 325 CP)

El delito contra los recursos naturales y el medio ambiente del Art. 325 CP protege el equilibrio de los sistemas naturales y, mediatamente, la salud de las personas. Es una ley penal en blanco: requiere la contravención de las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente. Se configura como delito de peligro: no exige la producción de un daño efectivo, sino que la conducta sea idónea para perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Esta naturaleza de peligro y la remisión a la normativa ambiental son las claves interpretativas del tipo.

Modalidades (Arts. 325-328 CP)

Las conductas típicas son variadas: emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, marítimas o subterráneas. La contaminación acústica (ruido) puede integrar el tipo cuando alcanza intensidad apta para perjudicar gravemente la salud o el equilibrio natural. Junto al Art. 325, el Art. 326 CP tipifica la gestión ilegal de residuos y el Art. 327 CP recoge las agravantes (clandestinidad, desobediencia a órdenes de corrección, falseamiento de información, obstrucción de la inspección, riesgo de deterioro irreversible), con pena superior en grado.

Penas (Arts. 325-331 CP)

Las penas se gradúan según la gravedad. El tipo básico del Art. 325.1 CP conlleva prisión de 6 meses a 2 años, multa de 10 a 14 meses e inhabilitación especial de 1 a 2 años. Cuando la conducta puede perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales (Art. 325.2), la pena se eleva a prisión de 2 a 5 años; si además se genera riesgo grave para la salud de las personas, se impone en su mitad superior. La comisión por imprudencia grave se castiga con la pena inferior en grado (Art. 331 CP). Las personas jurídicas responden conforme al Art. 328 CP, con multas e inhabilitaciones.

Estrategia de Defensa

La defensa es eminentemente pericial. Primero, la discusión de la gravedad potencial: dado que el tipo exige aptitud para perjudicar gravemente, la pericial medioambiental que acredite la escasa entidad del vertido o emisión puede excluir la tipicidad penal y reconducir los hechos a la sanción administrativa. Segundo, la relación de causalidad: en zonas con múltiples focos contaminantes, atribuir el riesgo a un emisor concreto exige prueba rigurosa. Tercero, el cumplimiento de las autorizaciones y límites administrativos: actuar dentro de los valores autorizados debilita la contravención de la norma extrapenal exigida por la ley penal en blanco. Cuarto, la delegación de funciones y la diligencia debida en el ámbito empresarial.

Práctica Forense Actual

En la práctica forense, los procedimientos por contaminación se concentran en vertidos industriales y agropecuarios, gestión ilegal de residuos, emisiones atmosféricas y contaminación acústica de actividades de ocio. La instrucción suele apoyarse en el SEPRONA de la Guardia Civil y en las Fiscalías de Medio Ambiente, con creciente protagonismo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de sus administradores. La Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y la normativa ambiental europea y nacional configuran el marco. En Alonso Sala, con +15 años de experiencia, articulamos defensa con peritos ambientales, cuestionando la gravedad potencial, la causalidad y la cobertura administrativa de la actividad.