Abogados Penalistas en Delitos de amenazas leves

El delito leve de amenazas (Art. 171.7 CP) y la amenaza leve agravada de violencia de género (Art. 171.4 CP) configuran el extremo menos grave del tipo penal de amenazas pero conllevan consecuencias jurídicas relevantes. El bien jurídico protegido es la libertad y tranquilidad psíquica de la víctima frente a la promesa de un mal futuro que, sin alcanzar la gravedad del tipo básico del Art. 169 CP, perturba su seguridad personal. La jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo ha establecido los criterios diferenciadores: la calificación de la amenaza como leve o grave depende de la entidad del mal anunciado (lesiones, muerte, daños patrimoniales menores), la seriedad y credibilidad de la promesa atendido el contexto, y la capacidad efectiva del autor para ejecutarla. La frontera entre amenaza leve y desafío verbal sin entidad penal es uno de los puntos más casuísticos del Derecho Penal.

Las modalidades comisivas son extraordinariamente variadas y han evolucionado con el contexto social. Las amenazas verbales presenciales en disputas vecinales, conflictos familiares, incidentes de tráfico o desavenencias laborales son las más frecuentes. Las amenazas escritas y telemáticas a través de WhatsApp, Telegram, SMS, redes sociales, correos electrónicos o foros online configuran modalidad creciente con prueba documental inmediata pero retos en la atribución digital de autoría. Las amenazas gestuales (gestos de degollamiento, signos amenazantes, exhibición de armas no aptas para producir lesión grave) pueden integrar el tipo cuando el contexto las dote de capacidad intimidatoria efectiva. Las amenazas de difusión de información personal sin exigencia patrimonial concreta (que en presencia de exigencia patrimonial integraría chantaje del Art. 171.2 CP) configuran amenaza leve. La amenaza condicionada al cumplimiento de exigencias no patrimoniales (cesar de denunciar, retirar querella, abandonar trabajo) cuando carece de relevancia patrimonial integra modalidad específica.

Las penas y consecuencias se graduan según el contexto y la condición de la víctima. El delito leve genérico de amenazas (Art. 171.7 CP) se castiga con multa de 1 a 3 meses en cuotas de mínimo 6€ diarios. La amenaza leve de violencia de género (Art. 171.4 CP), cuando se cometa por hombre contra mujer que sea o haya sido su cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, eleva la pena a prisión de 6 meses a 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, además de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y, en su caso, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad. La amenaza leve agravada por reiteración o por especial vulnerabilidad de la víctima (menor, persona con discapacidad) puede elevar la sanción. Las consecuencias accesorias incluyen la prohibición de aproximación a la víctima (Art. 48 CP), antecedentes penales que se cancelan a los 6 meses tras cumplimiento (Art. 136 CP), responsabilidad civil por daños morales y, en violencia de género, inscripción en el Registro Central de Penados con efectos para órdenes de protección.

La defensa técnica se construye sobre cuatro ejes. Primero, la impugnación de la entidad típica de la amenaza: el tipo penal exige promesa creíble y seria de un mal futuro; las expresiones genéricas de enfado, los desahogos coloquiales sin concreción del mal anunciado, los desafíos verbales propios de disputas acaloradas pero sin capacidad intimidatoria efectiva no integran el tipo. Segundo, la ausencia de credibilidad de la amenaza: cuando el contexto excluye la posibilidad real de ejecución (incapacidad física, distancia geográfica, ausencia de medios), la amenaza puede degradarse a falta de carácter penal o configurar otra figura (injurias, faltas administrativas). Tercero, la impugnación de la atribución de autoría: especialmente en amenazas telemáticas, la prueba de quién envió efectivamente los mensajes requiere análisis forense informático que descarte cuentas hackeadas, suplantación de identidad o dispositivos compartidos. Cuarto, en violencia de género, la distinción del contexto relacional: discusiones de pareja sin elemento de dominación, manifestaciones de frustración sin propósito intimidatorio, episodios aislados de conflicto que no integran patrón de violencia, pueden excluir la agravación específica del Art. 171.4 CP.

En la práctica forense actual, los procedimientos por amenazas leves se sustancian mayoritariamente por juicio sobre delitos leves (Arts. 962-973 LECrim) ante los Juzgados de Instrucción, con celebración del juicio en plazos breves. En supuestos de violencia de género, la competencia se atribuye a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer con procedimientos acelerados conforme a la LO 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia, la Ley Orgánica 10/2022 sobre libertad sexual, la Directiva 2024/1385/UE sobre violencia contra las mujeres y la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia han ampliado las garantías a las víctimas y endurecido el régimen sancionador. En Alonso Sala, nuestros abogados penalistas especialistas en amenazas leves intervienen tanto en defensa del acusado como en acusación particular de víctimas. Como defensores, articulamos defensas basadas en la impugnación de la entidad típica, la ausencia de credibilidad, la atribución digital o la negociación de mediaciones intraprocesales que eviten la condena. Como acusación particular, solicitamos medidas cautelares cuando proceden, articulamos pericias psicológicas sobre el daño emocional, y construimos estrategias de reparación civil. La intervención debe ser proporcionada a la entidad real del conflicto, evitando tanto la criminalización excesiva de disputas menores como la minusvaloración de amenazas con capacidad escaladora.