Revenge Porn o Pornovenganza: la Difusión de Imágenes Íntimas (Art. 197.7 CP)

El revenge porn —o pornovenganza— consiste en difundir, sin autorización, imágenes o grabaciones de carácter íntimo que en su día se obtuvieron con el consentimiento de la persona afectada, normalmente en el seno de una relación de pareja. Lo tipifica de forma específica el art. 197.7 del Código Penal, introducido por la reforma de 2015. Como abogados penalistas especializados en difusión de imágenes íntimas, explicamos qué castiga este precepto, sus penas, por qué el consentimiento inicial no exime, los concursos con la sextorsión y la extorsión, las vías de la víctima y las líneas de defensa.

Qué es el Revenge Porn (Art. 197.7 CP)

El art. 197.7 CP castiga a quien, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona.

La conducta tiene una estructura muy particular que la distingue de otros ataques a la intimidad: el material no se obtuvo de forma ilícita. Al contrario, fue captado o compartido en un contexto de confianza —típicamente una relación sentimental— y solo después se difunde sin permiso. De ahí su nombre popular: la difusión suele producirse, precisamente, tras la ruptura, como represalia. Conviene subrayar un punto importante: no es necesario que la imagen sea sexualmente explícita; basta su carácter íntimo y que la divulgación menoscabe gravemente la intimidad de la víctima.

El Consentimiento Inicial No Autoriza la Difusión

Este es el núcleo jurídico del delito y la confusión más extendida. Quien recibe una imagen íntima de su pareja, o la graba con su consentimiento, suele pensar que «la imagen es suya» y que puede hacer con ella lo que quiera. Es un error.

El consentimiento para captar, enviar o conservar una imagen íntima no equivale al consentimiento para difundirla. La persona afectada sigue siendo titular de su propia intimidad y nunca autorizó que ese material saliera del ámbito reservado en el que se compartió. Por eso el delito del art. 197.7 CP castiga, de manera autónoma, la difusión no consentida de un contenido cuyo origen fue lícito. La existencia de un consentimiento previo para captar la imagen es jurídicamente irrelevante a la hora de valorar la difusión: son dos actos distintos, y solo el segundo es típico.

Penas del Art. 197.7 CP

El art. 197.7 CP prevé un tipo básico, una agravación y una conducta específica para quien reenvía:

Conducta	Pena
Tipo básico (difundir, revelar o ceder sin autorización)	Prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses.
Mitad superior (víctima cónyuge, pareja o expareja; menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección; o ánimo de lucro)	La pena del tipo básico se impone en su mitad superior.
Quien recibe y redifunde el material sin consentimiento	Multa de 1 a 3 meses.

La agravación por pareja o expareja es muy relevante en la práctica, porque el revenge porn se produce con frecuencia tras una ruptura sentimental: esa misma relación es lo que dispara la mitad superior de la pena. El ánimo de lucro agrava igualmente la conducta, lo que tiene especial peso cuando la difusión se mezcla con exigencias económicas.

Quien Reenvía También Responde

Una idea extendida y equivocada es que solo delinque quien comparte por primera vez el material. El art. 197.7 CP castiga también, de forma expresa, a quien habiendo recibido las imágenes o grabaciones las reenvía o difunde a terceros sin el consentimiento de la persona afectada, con pena de multa de uno a tres meses.

No hace falta haber participado en la captación original ni haber tenido relación alguna con la víctima: basta con propagar el contenido íntimo sabiendo que carece de autorización. En la realidad de los grupos de mensajería, donde una imagen puede reenviarse decenas de veces en minutos, esto significa que cada eslabón de la cadena de difusión puede responder penalmente. Reenviar «por curiosidad» o «porque me lo habían pasado» no excluye la responsabilidad.

Concursos: Sextorsión, Coacciones y Extorsión

El revenge porn rara vez aparece aislado. Con frecuencia el material íntimo se utiliza como instrumento de presión, lo que abre la puerta a otros delitos más graves que pueden concurrir con el art. 197.7 CP:

• Amenazas condicionales (art. 169 CP). Amenazar con difundir el material si la víctima no paga o no accede a una exigencia —la llamada sextorsión— constituye una amenaza condicional, con prisión de uno a cinco años si el culpable consigue su propósito y de seis meses a tres años si no lo logra.
• Extorsión (art. 243 CP). Cuando se emplea intimidación, con ánimo de lucro, para obligar a la víctima a realizar un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio, los hechos pueden integrar la extorsión, con prisión de uno a cinco años.
• Coacciones (art. 172 CP). Imponer por la fuerza una conducta a la víctima, o impedirle hacer lo que la ley no prohíbe, puede dar lugar a coacciones, con prisión de seis meses a tres años o multa.

Además, dentro del propio art. 197 CP la difusión de datos o hechos descubiertos contra la intimidad se contempla como conducta de especial gravedad (art. 197.3 CP), referencia útil para entender la lógica agravatoria por difusión. La calificación correcta de los hechos —y la valoración de si existe un único delito o un concurso— es uno de los puntos decisivos del proceso, porque marca la diferencia entre una pena de meses y marcos de varios años.

Vías de la Víctima: Retirar el Contenido y Preservar la Prueba

Para la persona que sufre la difusión, la rapidez es esencial: el daño se multiplica con cada reenvío. Conviene actuar en dos frentes simultáneos —retirar el contenido y conservar la prueba— sin que el primero destruya el segundo:

• Preservación de la prueba digital. Antes de pedir la retirada conviene documentar la difusión mediante acta notarial o a través de la policía judicial: capturas con fecha y hora, URLs, perfiles, mensajes y metadatos. Esta preservación temprana es decisiva para identificar al autor y sostener la acusación.
• Canal prioritario de la AEPD. La Agencia Española de Protección de Datos dispone de un canal de actuación urgente para solicitar la retirada de contenidos sexuales o violentos difundidos sin consentimiento.
• Retirada en plataformas y derecho al olvido. Cabe instar la retirada del contenido a las plataformas y redes sociales —reforzada por las obligaciones del Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea (DSA)— y la desindexación o derecho al olvido frente a los buscadores.

Líneas de Defensa

En la defensa de quien es investigado, el trabajo se concentra en los elementos del tipo y en la prueba:

• Autoría material. Una cuenta, un dispositivo o una dirección IP no identifican por sí solos a una persona. Cuentas compartidas, suplantadas o accesibles a terceros, o dispositivos de uso común, abren una discusión real sobre quién difundió efectivamente el material.
• Falta de menoscabo grave de la intimidad. El tipo exige que la divulgación afecte gravemente a la intimidad. La entidad del contenido, su alcance y su contexto pueden discutirse a la luz de ese umbral de gravedad.
• Existencia de autorización para difundir. Si la persona afectada consintió no solo la captación, sino también la difusión, la conducta puede ser atípica; ese consentimiento ha de valorarse con rigor y no presumirse.
• Licitud y cadena de custodia de la prueba. La forma de obtención del material probatorio, su integridad y su cadena de custodia son objeto de control; las irregularidades pueden conducir a la nulidad.

El objetivo no es relativizar un fenómeno que causa un daño real, sino garantizar que la calificación sea exacta, que la atribución de autoría esté sólidamente acreditada y que el proceso respete las garantías y la presunción de inocencia.

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Alonso Sala es un despacho dedicado en exclusiva al Derecho penal, con sede en la calle Velázquez 27 de Madrid y cobertura en toda España. Analizamos si los hechos integran el delito de difusión de imágenes íntimas del art. 197.7 CP, su agravación por relación de pareja, minoría de edad o ánimo de lucro, y su posible concurso con la sextorsión, las coacciones o la extorsión, asumiendo la defensa —o la acusación particular de la víctima— con una estrategia probatoria rigurosa y la máxima discreción.