Difusión No Consentida de Imágenes Íntimas: el Art. 197.7 CP

El sexting —el intercambio voluntario de imágenes o vídeos de contenido sexual a través de mensajería o redes— es, entre personas adultas que consienten, una conducta perfectamente lícita. El problema penal no nace del acto de enviar la imagen, sino de lo que ocurre después: cuando ese material privado se difunde a terceros sin el consentimiento de quien aparece en él. Ahí entra en juego el art. 197.7 del Código Penal (CP), el precepto que castiga la mal llamada "pornovenganza" o revenge porn. Como abogados penalistas especializados en delitos contra la intimidad, explicamos dónde está la frontera penal, qué penas se aplican y cómo se defiende cada caso.

Dónde Empieza el Delito

Conviene partir de una premisa clara: el sexting consentido entre adultos no es delito. La libertad sexual y la intimidad de cada persona amparan el intercambio voluntario de contenido íntimo. La conducta cruza la frontera penal, fundamentalmente, en tres supuestos:

• Difusión sin consentimiento del material por parte de quien lo recibió (art. 197.7 CP), el eje central de este artículo.
• Participación de menores de edad en el contenido, que activa tipos mucho más graves (arts. 182 y 189 CP).
• Uso instrumental de las imágenes para chantajear a la víctima, lo que se conoce como sextorsión (arts. 169 y 243 CP).

El bien jurídico protegido es la intimidad personal (art. 18.1 de la Constitución) y la autodeterminación informativa: el derecho de cada uno a controlar quién accede a su esfera más privada. Que la víctima haya compartido voluntariamente una imagen con una persona concreta no significa que renuncie a su intimidad frente al resto del mundo; el consentimiento es siempre limitado y revocable, y se circunscribe al destinatario y al contexto en que se otorgó.

El Tipo del Art. 197.7 CP

El art. 197.7 CP, introducido por la LO 1/2015, castiga a quien, sin autorización de la persona afectada, difunde, revela o cede a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales íntimas que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad de esa persona.

El tipo exige, por tanto, tres elementos que la defensa siempre examina con detalle:

• Obtención lícita previa con anuencia. El autor tuvo acceso al material de forma consentida, en un contexto privado (lo recibió la pareja, se grabó de común acuerdo, etc.).
• Difusión posterior no autorizada. Lo que falta es el consentimiento para divulgar, no para obtener.
• Menoscabo grave de la intimidad. No basta cualquier afectación; la divulgación debe lesionar de forma seria la esfera íntima de la víctima.

La pena es de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses.

Conviene subrayar el rasgo que distingue a este precepto de otros delitos contra la intimidad: lo decisivo no es cómo se obtuvo la imagen, sino cómo se difundió. En el clásico descubrimiento de secretos (art. 197.1 CP) el reproche recae sobre el apoderamiento ilícito del material; aquí, en cambio, el material llegó a manos del autor de forma plenamente consentida —la víctima envió la imagen o consintió la grabación— y la lesión se produce con la divulgación posterior. Esa diferencia tiene consecuencias prácticas de primer orden: la víctima no "se equivocó" al compartir su intimidad con alguien de confianza, y el Derecho penal protege precisamente esa confianza frente a quien la traiciona. Por eso la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo insiste en que el consentimiento para obtener la imagen no presupone, ni mucho menos, el consentimiento para su difusión.

El Receptor que Redifunde También Responde

Un punto que suele sorprender: el art. 197.7 CP no solo castiga a quien filtra por primera vez el material. También contempla expresamente a quien, habiéndolo recibido, lo redifunde a su vez, con una pena de multa de uno a tres meses. Cada acto de difusión es típico de forma autónoma, de modo que la cadena de reenvíos —tan habitual en grupos de mensajería— genera responsabilidades sucesivas e independientes.

El reverso es igual de importante para la defensa: el mero almacenamiento privado de la imagen, sin difusión, no integra el tipo. Quien guarda el contenido pero no lo comparte no comete, por esa sola conducta, el delito del art. 197.7 CP. Esta distinción es decisiva en la práctica, porque permite separar al verdadero responsable de la difusión de quienes simplemente recibieron el material en un grupo y no lo propagaron. La acusación debe acreditar el acto concreto de reenvío imputable a cada persona; no basta con haber estado presente en la cadena.

Subtipos Agravados

La pena se impone en su mitad superior cuando concurre alguna de estas circunstancias:

• El autor es cónyuge o persona que esté o haya estado unida a la víctima por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia —el supuesto típico de la expareja despechada—.
• La víctima es menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección.
• El hecho se comete con finalidad lucrativa.

Estas agravaciones reflejan que el legislador considera más reprochable la traición de la confianza propia de una relación afectiva y la explotación económica del material íntimo. En el caso de la expareja, el reproche se intensifica porque el acceso a las imágenes nació, precisamente, de la intimidad compartida durante la relación; la difusión tras la ruptura supone instrumentalizar esa confianza como arma. Cuando el material se comercializa o se sube a sitios de pago, la finalidad lucrativa convierte la intimidad de la víctima en mercancía, lo que justifica el endurecimiento de la respuesta penal.

Cuando Hay Menores de por Medio

El escenario cambia por completo si en las imágenes aparece un menor de edad. Aquí el sexting deja de ser un problema de intimidad para convertirse en un delito mucho más grave:

• El art. 189 CP castiga la pornografía infantil con prisión de uno a cinco años en su tipo básico. La difusión de material íntimo de un menor encaja en este precepto, con independencia de quién lo generara.
• El art. 182 CP castiga con prisión de seis meses a dos años a quien hace presenciar a un menor de dieciséis años actos de carácter sexual con fines sexuales —pena de uno a tres años si esos actos constituyen un delito contra la libertad sexual—, lo que resulta aplicable, por ejemplo, al envío de contenido sexual a un menor.

Conviene insistir: cuando hay menores, no estamos ya ante un "sexting que se filtró", sino ante tipos penales autónomos y de gravedad muy superior. Un fenómeno especialmente delicado es el del propio menor que comparte voluntariamente imágenes íntimas con otro menor: la respuesta jurídica debe ponderar el interés superior del menor y evitar criminalizar conductas propias de la adolescencia, pero el material, una vez circula, queda fuera de control y puede acabar en manos de adultos, momento en el que la responsabilidad penal de estos es plena.

La Sextorsión

La tercera frontera es el uso del material como instrumento de chantaje. La sextorsión —exigir dinero, prestaciones o actos bajo la amenaza de difundir las imágenes— no es un tipo penal con nombre propio, sino que se persigue a través de figuras ya existentes:

• Amenazas condicionales (art. 169 CP): prisión de uno a cinco años si se consigue el propósito perseguido, y de seis meses a tres años si no se consigue. La pena se impone en su mitad superior cuando la amenaza se hace por escrito, por teléfono o por cualquier medio de reproducción.
• Extorsión (art. 243 CP): prisión de uno a cinco años cuando, con ánimo de lucro, se obliga a la víctima a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio.

La sextorsión es especialmente grave porque suma, a la lesión de la intimidad, la coacción de la voluntad de la víctima. En su modalidad digital, suele iniciarse con un contacto aparentemente inocente en redes que deriva en el intercambio de imágenes y, una vez obtenido el material, en la exigencia bajo amenaza. La concurrencia entre el delito contra la intimidad y el de amenazas o extorsión se resuelve conforme a las reglas del concurso de delitos, lo que exige una calificación cuidadosa por parte tanto de la acusación como de la defensa.

Modalidades Digitales y Marco Normativo

La difusión no consentida adopta hoy formas muy diversas: publicación en redes abiertas, distribución en grupos cerrados de mensajería, subida a sitios de contenido pornográfico, e incluso la creación de montajes íntimos mediante inteligencia artificial (deepfakes), cuyo encaje en el art. 197.7 CP es discutido al no existir una imagen real previamente obtenida. Junto a ello aparecen el upskirting y el downblousing, la captación clandestina de imágenes bajo la ropa, que se reconducen al art. 197.5 CP.

El marco normativo se ha ido reforzando con sucesivas reformas —LO 1/2015, LO 8/2021, LO 10/2022 y LO 1/2025 en materia de prueba electrónica— y con la Directiva (UE) 2024/1385 sobre la lucha contra la violencia hacia las mujeres, que obliga a los Estados a tipificar de forma efectiva la difusión no consentida de contenido íntimo. Esta evolución legislativa responde a un fenómeno en expansión y a la necesidad de adaptar el tipo penal a unas tecnologías que multiplican el alcance y la velocidad de la difusión: lo que antes quedaba en un círculo reducido hoy puede alcanzar a miles de personas en minutos, agravando el daño a la víctima.

Líneas de Defensa

Frente a una acusación por difusión no consentida de imágenes íntimas, la defensa se construye sobre cuatro pilares:

• Consentimiento para difundir. Discutir si existió un consentimiento, expreso o tácito, no solo para obtener la imagen, sino para su divulgación.
• Impugnación de la autoría digital. Una cuenta, un terminal o una dirección IP no identifican por sí solos al autor; la prueba pericial informática forense (análisis de dispositivos, metadatos y trazabilidad) es esencial.
• Cadena de custodia digital. Distinguir el volcado forense con función hash —que garantiza la integridad— de las simples capturas de pantalla, fácilmente manipulables, y valorar el recurso al acta notarial.
• Ausencia de menoscabo grave. Argumentar que la divulgación no alcanzó la gravedad que el tipo exige.

Ninguna de estas líneas es genérica: cada una depende de los hechos concretos —cómo se obtuvo el material, a quién se difundió, por qué canales se propagó y qué huella técnica dejó—. Una defensa construida sobre la discusión del consentimiento no sirve para un caso en el que lo determinante es la autoría, y viceversa. Por eso el análisis temprano y riguroso de la prueba digital es decisivo desde las primeras diligencias.

El despacho asume con frecuencia una doble función: la defensa del acusado y la representación de la víctima, que requiere, además, impulsar medidas cautelares urgentes de retirada del contenido para frenar su propagación cuanto antes. Cuanto antes se preserve la prueba y se inste la retirada, mayor es la posibilidad de contener el daño.

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Alonso Sala es un despacho dedicado en exclusiva al Derecho penal, con sede en la calle Velázquez 27 de Madrid y cobertura en toda España. Analizamos cada caso de difusión no consentida de imágenes íntimas —la calificación entre el art. 197.7 CP y las figuras concurrentes, la solidez de la prueba digital y la estrategia procesal—, tanto en la defensa del acusado como en la acusación particular de la víctima, siempre con rigor técnico y la máxima discreción.