Abogado Revenge Porn

El revenge porn o pornovenganza (Art. 197.7 CP) castiga la difusión no autorizada de imágenes o vídeos de carácter íntimo que fueron obtenidos con consentimiento o en el ámbito de una relación reservada, cuando dicha difusión menoscabe gravemente la intimidad de la persona afectada. Las penas van de 3 meses a 1 año de prisión (tipo básico) y de 1 a 5 años cuando el autor es pareja o expareja, la víctima es menor, o el material se difundió masivamente.

El Artículo 197.7 del Código Penal

Introducido por la reforma de 2015, el Art. 197.7 CP castiga específicamente a quien, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella persona que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o lugar fuera del alcance de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad. No es necesario que las imágenes sean explícitamente sexuales: basta con que sean de carácter íntimo o reservado.

Tipos Agravados

Las penas se agravan cuando: la víctima es pareja o expareja (Art. 197.7.2 CP: pena en mitad superior), la víctima es menor o persona con discapacidad (agravante del Art. 197.7.2 CP), la difusión se realiza con ánimo de lucro (multa adicional del Art. 197.3 CP), la difusión es masiva a través de internet o redes sociales, y cuando el autor actúa con especial ensañamiento (envío al entorno laboral, familiar o social de la víctima). Si la difusión se acompaña de extorsión (amenazar con difundir si no se paga), concurre con coacciones (Art. 172 CP) o extorsión (Art. 243 CP).

Prueba Digital y Retirada de Contenidos

La investigación requiere: preservación de evidencia digital (capturas con certificado notarial o acta de policía judicial), identificación del emisor original mediante metadatos, IP y registros de plataformas, análisis de la cadena de reenvíos, y solicitud de retirada a plataformas (Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp) bajo la normativa de la DSA (Digital Services Act). La víctima puede solicitar el derecho al olvido ante Google para desindexar los contenidos.

Procedimiento y órgano competente: del juzgado de instrucción al de enjuiciamiento

La difusión no consentida de imágenes íntimas del artículo 197.7 del Código Penal se castiga, en su modalidad básica, con prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses, y la pena se impone en su mitad superior cuando concurre alguna de las circunstancias agravadas. Al moverse el marco penal por debajo de los cinco años, el enjuiciamiento corresponde al Juzgado de lo Penal, mientras que la instrucción la lleva a cabo el Juzgado de Instrucción del lugar donde se cometieron los hechos. Si la conducta apareciera conectada con un delito sexual de mayor entidad cuyo límite máximo supere los cinco años de prisión, el conocimiento podría desplazarse a la Audiencia Provincial por conexidad.

Cuando el autor es o ha sido pareja de la víctima, incluso sin convivencia, la instrucción se atribuye al Juzgado de Violencia sobre la Mujer conforme al artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta especialización determina el órgano de instrucción y activa un cauce procesal con medidas cautelares propias, pero no modifica por sí sola la calificación ni la pena del tipo aplicado. La defensa debe controlar desde el primer momento la corrección del órgano competente, ya que un error de atribución es susceptible de generar nulidades y dilaciones que conviene depurar en fase de instrucción y no en juicio.

El marco del consentimiento tras la Ley Orgánica 10/2022

La reforma operada por la Ley Orgánica 10/2022 situó el consentimiento en el centro del enjuiciamiento de los delitos contra la libertad sexual, y esa lógica proyecta su sombra sobre la difusión de imágenes íntimas. El artículo 197.7 parte de una premisa específica: la imagen o grabación se obtuvo con la anuencia de la persona afectada en un domicilio o lugar fuera del alcance de terceros. El reproche no recae, por tanto, sobre la captación, que fue consentida, sino sobre la divulgación posterior no autorizada que menoscaba gravemente la intimidad. Distinguir ambos planos resulta esencial para una defensa técnica.

Para la acusación, el consentimiento a ser grabado nunca equivale a un consentimiento para difundir; son actos jurídicos distintos y separados en el tiempo. Para la defensa, el análisis se orienta a la prueba de la autorización de difusión, al alcance real de un consentimiento que pudo abarcar un círculo determinado, y a la concurrencia del menoscabo grave que el tipo exige y que no se presume. La gravedad de la afectación a la intimidad es un elemento normativo que ha de quedar acreditado, y su ausencia o la falta de dolo respecto de la divulgación abren vías legítimas de discusión sobre la tipicidad.

La prueba: declaración de la víctima, plano digital y el cómputo especial de prescripción en menores

En esta clase de procedimientos la declaración de la persona afectada suele tener peso probatorio relevante, pero no opera de forma aislada: la jurisprudencia exige valorarla con criterios de ausencia de incredibilidad, persistencia y, sobre todo, corroboración periférica mediante otros elementos. El núcleo probatorio suele ser digital. La trazabilidad del envío, los metadatos de los archivos, las cuentas y dispositivos de origen, las capturas y los volcados forenses determinan la autoría de la difusión y permiten distinguir al primer difusor del simple receptor que reenvía, cuya conducta el artículo 197.7 sanciona de forma autónoma con multa de uno a tres meses.

La cadena de custodia de la prueba electrónica y la corrección en la obtención de los datos son terrenos donde la defensa puede y debe ser exigente, pues una recogida defectuosa compromete la fiabilidad del material. En materia de prescripción, al tratarse de un delito contra la intimidad del Título X, rige el plazo general de cinco años del artículo 131 del Código Penal, sin que resulte aplicable la regla especial de cómputo desde que la víctima alcanza los treinta y cinco años, que el artículo 132.1 reserva a los delitos contra la libertad sexual.

Consecuencias asociadas, conformidad y deslinde con figuras próximas

Más allá de la pena principal, la condena por delitos de esta naturaleza puede arrastrar consecuencias accesorias de calado. El artículo 192 del Código Penal prevé la imposición de libertad vigilada a cumplir tras la pena privativa de libertad, con una duración orientativa de uno a cinco años en los delitos menos graves, así como la posible privación de la patria potestad o inhabilitaciones para profesiones u oficios que impliquen contacto con menores. A ello se añade la inscripción en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, con los efectos que de ella derivan. Anticipar estas consecuencias es parte esencial del asesoramiento.

La conformidad, cuando la prueba es sólida, puede ser una vía razonable para acotar la respuesta penal, y la reparación del daño a la víctima opera como circunstancia atenuante con efecto sobre la pena. La defensa también debe deslindar con precisión el tipo del artículo 197.7 de figuras vecinas como el descubrimiento y revelación de secretos en su modalidad de captación no consentida, el acoso o las coacciones, o conductas con relevancia en el plano administrativo de protección de datos. La calificación correcta de los hechos, lejos de ser un tecnicismo, condiciona el marco penológico, el órgano competente y la estrategia procesal en su conjunto.