Prueba Preconstituida: Declaración del Menor

La prueba preconstituida es determinante en juicios por delitos sexuales contra menores. Como abogados especializados, explicamos cómo funciona, qué derechos asisten a la defensa y por qué motivos puede impugnarse.

Concepto

La prueba preconstituida consiste en la grabación anticipada de la declaración del menor durante la fase de instrucción, de modo que ese testimonio quede registrado en condiciones que permitan reproducirlo después en el juicio oral sin que el menor tenga que volver a declarar. Desde la LO 8/2021 es obligatoria para los menores de 14 años.

Su finalidad es evitar la victimización secundaria: el daño añadido que sufre el menor cuando se ve obligado a relatar los mismos hechos una y otra vez ante distintos profesionales y órganos a lo largo del procedimiento. Cada repetición reaviva la experiencia y, además, deteriora la calidad del recuerdo, que se va contaminando con cada nueva narración. Con la prueba preconstituida, el menor declara una sola vez, en un entorno adaptado y conducido por un profesional.

Ahora bien, anticipar la declaración no puede hacerse a costa de las garantías del acusado. Precisamente porque esa grabación sustituirá al testimonio en el juicio, la diligencia debe practicarse con plena contradicción: la defensa tiene que poder intervenir en el momento en que se realiza. Si esa garantía no se respeta, la prueba nace viciada.

Procedimiento

La práctica de la prueba preconstituida sigue una secuencia ordenada cuyo cumplimiento conviene revisar paso a paso:

• Acuerdo judicial: el juez instructor ordena la exploración del menor y convoca a todas las partes, incluida la defensa.
• Psicólogo especializado: la entrevista no la dirigen las partes, sino un psicólogo con formación específica en testimonio infantil, que adapta el lenguaje y el ritmo a la edad y madurez del menor.
• Cámara Gesell: la exploración se desarrolla en una sala adaptada, separada por un espejo unidireccional o conectada por circuito de vídeo. El menor conversa a solas con el profesional mientras el juez, el fiscal y los abogados siguen la entrevista desde el otro lado.
• Preguntas de la defensa: el abogado defensor propone las preguntas que considera necesarias y el psicólogo las traslada al menor reformuladas de manera neutra.
• Grabación íntegra: la sesión se graba completa, de principio a fin, con identificación de todos los intervinientes y constancia de cómo se desarrolló.
• Reproducción en juicio: llegado el juicio oral, el vídeo se visiona ante el tribunal, que valora el testimonio sin necesidad de que el menor comparezca de nuevo.

Derechos de la Defensa

Para que la grabación pueda hacer las veces de testimonio en el juicio, la defensa debe haber tenido ocasión real de intervenir en su práctica. Eso se traduce en varios derechos concretos:

• Citación previa: ser convocada con antelación suficiente a la práctica de la diligencia.
• Presencia: asistir a la exploración y seguir la entrevista en tiempo real.
• Proposición de preguntas: formular las preguntas que estime pertinentes para que el psicólogo las plantee al menor.
• Acceso a la grabación: disponer de la grabación íntegra y conocer el protocolo seguido en la entrevista.

El momento de ejercer estos derechos es la propia diligencia. Si el letrado pudo proponer preguntas y no lo hizo, después será difícil alegar indefensión; si, en cambio, no fue convocado o sus preguntas se rechazaron sin justificación, ese defecto puede invalidar la prueba.

Impugnación

La grabación no es intocable. Los motivos de impugnación más habituales son:

• Preguntas sugestivas: el entrevistador induce las respuestas en lugar de dejar que el menor construya un relato libre. El análisis del lenguaje empleado en la entrevista es clave para detectarlo.
• Contaminación por terceros: el relato llega a la exploración ya moldeado por conversaciones previas con adultos del entorno o por entrevistas anteriores realizadas sin las debidas cautelas.
• Falta de contradicción: la defensa no fue citada, no pudo asistir o no se le permitió proponer preguntas.
• Defectos técnicos: grabación incompleta, cortes, audio deficiente o imposibilidad de identificar a quienes intervinieron.
• Psicólogo no especializado: la exploración la condujo un profesional sin cualificación específica en testimonio de menores.

La impugnación exige un examen minucioso del vídeo y del protocolo: cómo se formularon las preguntas, quién estuvo presente, qué contactos tuvo el menor antes de declarar y si la metodología empleada fue la adecuada.

Valoración en el Juicio Oral

Que la grabación se reproduzca en el juicio no significa que el tribunal deba aceptarla sin más. La defensa puede cuestionar en la vista la fiabilidad de la exploración, apoyándose en los defectos detectados en el vídeo y en el protocolo, y el tribunal valora ese testimonio junto con el resto de la prueba practicada. Una exploración bien realizada tiene un peso considerable; una mal practicada puede ver muy reducida su credibilidad o quedar directamente fuera del material probatorio.