Abogados Sanciones Internacionales y Medidas Restrictivas

Marco Legal: Qué Dicen las Sanciones Internacionales

El régimen sancionador internacional ha experimentado una expansión sin precedentes desde 2022 con los sucesivos paquetes UE contra Rusia y Bielorrusia, las medidas restrictivas frente a Irán y Corea del Norte, y el endurecimiento de las sanciones secundarias OFAC con efecto extraterritorial. Toda empresa española que opere con clientes, proveedores o destinos en jurisdicciones sancionadas está obligada a implantar screening sistemático contra listas restrictivas y mantener trazabilidad de beneficiarios reales (UBO).

En Alonso Sala defendemos a empresas y directivos investigados por presunta elusión de sanciones, asesoramos en el diseño de programas de compliance internacional y recurrimos inclusiones individuales o societarias en listas SDN, EU Consolidated List o Annex I ante los tribunales competentes.

Tipologías Penales Asociadas a la Elusión de Sanciones

• Contrabando (Art. 2 LO 12/1995): Exportación de bienes de doble uso, tecnología militar o productos prohibidos a destinos sancionados. Prisión de 1 a 5 años.
• Blanqueo de capitales (Art. 301 CP): Canalización o conversión de fondos procedentes de actividades de sujetos listados. Prisión 6 meses a 6 años.
• Falsedad documental (Art. 390 CP): Alteración de certificados de origen, BL marítimo o documentos aduaneros para ocultar el destino real.
• Cooperación con organización criminal (Art. 570 bis CP): Cuando la elusión se canaliza a través de redes estructuradas.
• Delito contra la Hacienda Pública (Art. 305 CP): Cuando concurre defraudación tributaria asociada a la operativa.

Compliance Preventivo: Screening y Trazabilidad UBO

La diligencia debida reforzada exige tres pilares: (1) screening en tiempo real de contraparte, beneficiario real y banco intermediario contra listas UE, OFAC, ONU, HMT y OFSI; (2) análisis de jurisdicción y sectores afectados (energía, dual use, lujo, oro, criptoactivos); (3) trazabilidad documental de toda decisión interna sobre clientes de riesgo. Sin estos tres pilares operativos, la empresa no puede invocar diligencia debida en sede penal.

Defensa Penal ante Investigaciones por Elusión

La defensa se construye sobre tres ejes: (a) ausencia de dolo — acreditar que se desplegaron mecanismos razonables de screening; (b) error invencible — la opacidad de UBO en jurisdicciones offshore puede impedir conocer la naturaleza sancionada de la contraparte; (c) compliance program operativo — invocar la atenuante muy cualificada del Art. 21.7 CP y, para la persona jurídica, la exención del Art. 31 bis CP.

Recursos contra Inclusiones en Listas Restrictivas

La inclusión de una persona física o jurídica en la EU Consolidated List es recurrible ante el Tribunal General de la UE (Luxemburgo) en plazo de 2 meses desde la publicación en el DOUE. El motivo más exitoso es la falta de prueba suficiente de los hechos que justifican la inclusión. Coordinamos la estrategia con counsel europeo para presentar recurso de anulación y, en su caso, indemnización por responsabilidad extracontractual de la UE.

El modelo de compliance eficaz: los seis requisitos del Art. 31 bis 5 CP aplicados a sanciones de la UE

En el control del riesgo penal por vulneración de medidas restrictivas de la Unión Europea no basta con tener un manual sobre el papel. El Art. 31 bis 5 CP exige que el modelo de organización y gestión cumpla seis requisitos acumulativos para poder desplegar el efecto de exención. Primero, identificar las actividades en cuyo ámbito pueda cometerse el delito que se quiere prevenir: en sanciones, las operaciones de exportación, los servicios a terceros países, la cadena de proveedores y los flujos de pagos. Segundo, establecer protocolos que concreten cómo se forma la voluntad de la empresa, se adoptan las decisiones y se ejecutan. La idoneidad del modelo se mide frente al riesgo concreto, no en abstracto.

El tercer requisito impone modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión del delito, lo que en materia de sanciones se traduce en controles sobre pagos, cobros y rutas de fondos que puedan beneficiar a personas o entidades listadas. El cuarto es la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al órgano encargado de vigilar el modelo. El quinto, un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas previstas. El sexto, la verificación periódica del modelo y su modificación cuando se revelen infracciones relevantes o cambien las circunstancias, algo especialmente sensible porque los regímenes de sanciones se actualizan con frecuencia.

Para que estos requisitos surtan efecto exonerante o atenuante, el modelo debe haber sido adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión del delito (Art. 31 bis 2 CP). Un programa formalmente correcto pero inaplicado, o implantado tras los hechos, no protege a la persona jurídica. El cribado contra listas de sancionados, la trazabilidad de la diligencia debida sobre clientes y destinos finales, y la formación específica del personal expuesto son piezas que el juez valorará para decidir si el modelo era realmente idóneo y vivo. Nuestro trabajo consiste en construir y documentar esa eficacia para que pueda acreditarse en sede judicial.

El órgano de supervisión autónomo y la figura del compliance officer

El Art. 31 bis 2.2.ª CP condiciona la exención a que la supervisión del funcionamiento y cumplimiento del modelo se haya confiado a un órgano con poderes autónomos de iniciativa y control. Esta autonomía es el núcleo del sistema: el responsable de cumplimiento (compliance officer) o el comité que asuma la función debe poder acceder a la información, recabar documentación y elevar alertas sin depender de quienes ejecutan las operaciones de riesgo. En materia de sanciones, ese órgano supervisa el cribado de listas, la actualización de los regímenes aplicables y la respuesta ante coincidencias o señales de alerta en operaciones de comercio exterior.

La autonomía exige dotación de medios, acceso directo al órgano de administración y una posición que evite el conflicto de interés. Un órgano de supervisión que carece de recursos, que no recibe la información relevante o que está subordinado a las áreas de negocio difícilmente sostendrá ante un tribunal que el modelo se ejecutó con eficacia. La función puede internalizarse o, en personas jurídicas de pequeñas dimensiones, asumirla el propio órgano de administración conforme permite el Art. 31 bis 3 CP, pero la nota de autonomía debe preservarse en todo caso.

Conviene delimitar con precisión el alcance de los deberes del responsable de cumplimiento y su relación con los administradores, porque de ese reparto depende tanto la eficacia preventiva como la propia posición jurídica de cada interviniente si se abre una investigación. Asesoramos en el diseño del estatuto del órgano, sus protocolos de reporte, su independencia funcional y la documentación de su actividad de vigilancia, que es la prueba de que la supervisión no fue meramente nominal.

La empresa investigada: estatuto procesal propio, carga de la prueba de la exención y conformidad

Cuando se dirige el procedimiento contra la persona jurídica, esta adquiere un estatuto procesal propio como parte investigada, distinto del de las personas físicas. Tiene derecho a una defensa autónoma, a designar representante en el proceso y a ejercer todas las garantías de quien soporta una imputación, incluido el derecho a no declarar contra sí misma. La responsabilidad de la persona jurídica es autónoma respecto de la de la persona física: conforme al Art. 31 ter CP, la empresa puede responder aunque no se identifique o no se pueda dirigir el procedimiento contra la persona física concreta que ejecutó el hecho.

Un punto técnico decisivo es quién debe probar la idoneidad y eficacia del modelo de compliance. La defensa de la empresa se construye acreditando que el modelo existía, era adecuado al riesgo y se ejecutaba realmente antes del delito, lo que exige reunir y ordenar evidencia documental: actas del órgano de supervisión, registros de formación, resultados de cribado de listas, auditorías y revisiones periódicas. La preparación anticipada de ese expediente probatorio es lo que convierte el modelo de papel en una defensa sólida.

La persona jurídica puede también valorar una conformidad propia e independiente de la de los acusados personas físicas, con su propio representante. Decidir entre sostener la exención por compliance, discutir la atenuación del Art. 31 bis o explorar una conformidad exige un análisis caso a caso de la prueba, de la exposición a las penas del Art. 33.7 y de las consecuencias reputacionales y de continuidad del negocio. Acompañamos a la empresa en esa estrategia desde el primer momento de la investigación.

Penas del Art. 33.7, sucesión del Art. 130.2 y operaciones de M&A

Las penas aplicables a la persona jurídica son las del Art. 33.7 CP y no siguen el esquema de las personas físicas. Incluyen la multa por cuotas o proporcional, la disolución de la persona jurídica, la suspensión de actividades, la clausura de locales y establecimientos, la prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido el delito, la inhabilitación para obtener subvenciones, ayudas públicas, contratar o gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, y la intervención judicial. Por eso el análisis de riesgo en materia de sanciones no se mide por años de prisión, sino por el impacto de estas consecuencias sobre la continuidad y la operativa de la compañía.

El Art. 130.2 CP establece que la responsabilidad penal de la persona jurídica no se extingue por su transformación, fusión, absorción o escisión: la responsabilidad se traslada a la entidad o entidades resultantes o que absorban. Tampoco la extingue la disolución encubierta o meramente aparente, que se aprecia cuando continúa la actividad económica y se mantiene la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados. Esto significa que una reestructuración societaria no borra una exposición penal latente.

La consecuencia práctica es de primer orden en operaciones de M&A. La diligencia debida penal previa a una adquisición o fusión debe detectar contingencias por posibles incumplimientos de regímenes de sanciones y por delitos de contrabando, porque pueden viajar con la operación hacia la entidad resultante. Asesoramos en la identificación de estas contingencias, en las cautelas contractuales y en la integración de los modelos de compliance de las entidades implicadas para que la sucesión no traslade un riesgo no gestionado.