Delitos Aduaneros y Contrabando: Cuándo es Delito y Cómo se Defiende

Los delitos aduaneros y, en particular, el contrabando presentan una peculiaridad que sorprende a quien se enfrenta por primera vez a uno de estos procedimientos: no están regulados en el Código Penal, sino en una ley penal especial, la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando (posteriormente reformada). Como abogados penalistas en delitos aduaneros, en esta guía explicamos qué conductas abarca esta ley, dónde se sitúa la línea entre la infracción administrativa y el delito, cómo se relaciona con el delito fiscal y el blanqueo de capitales, y cuáles son las claves de defensa.

Una Ley Penal Especial: la LO 12/1995

El contrabando se rige por su propia ley, no por el Código Penal, aunque las reglas generales de este último (sobre dolo, autoría, participación, grados de ejecución o penas) se aplican de forma supletoria. La LO 12/1995 de Represión del Contrabando describe un doble plano:

• Infracciones administrativas de contrabando. Conductas de menor entidad, sancionadas por la Administración aduanera con multas proporcionales al valor de la mercancía o de los derechos eludidos.
• Delitos de contrabando. Las conductas que, por su valor, por la naturaleza de la mercancía o por las circunstancias concurrentes, alcanzan relevancia penal y se enjuician ante la jurisdicción penal.

Esta ley convive con la normativa aduanera de la Unión Europea (que fija los regímenes de importación, exportación y tránsito) y con la legislación tributaria interna. De ahí que un mismo hecho pueda tener simultáneamente una dimensión aduanera, una tributaria y, en ocasiones, una de blanqueo.

Qué Conductas Abarca el Contrabando

La ley contempla un abanico amplio de comportamientos. Sin ánimo exhaustivo, las modalidades más habituales giran en torno a dos grandes ideas: el tráfico de géneros estancados o prohibidos y la elusión de los controles aduaneros.

• Géneros estancados o prohibidos. Importar, exportar, poseer, adquirir o hacer circular mercancías cuyo comercio está reservado al Estado o sujeto a prohibición o restricción, sin cumplir los requisitos legales.
• Elusión de controles aduaneros. Introducir o sacar mercancías del territorio aduanero eludiendo la presentación ante la aduana o los controles establecidos.
• Defraudación de derechos. Manipular elementos de la declaración aduanera —valor, origen o clasificación arancelaria de la mercancía— para reducir indebidamente los derechos de importación.
• Desviación de regímenes especiales. Dar a las mercancías un destino distinto del autorizado en regímenes como el tránsito, la importación temporal o las zonas y depósitos francos.

Mención aparte merecen los géneros especialmente sensibles —drogas, armas, explosivos, material de doble uso (con aplicaciones civiles y militares) o bienes del patrimonio histórico—, en los que la respuesta penal opera con criterios reforzados y no se hace depender, como regla, del valor económico de la mercancía.

El Umbral por el Valor de la Mercancía

La cuestión que con más frecuencia decide el destino de estos procedimientos es cuándo el contrabando es delito y cuándo simple infracción administrativa. Con carácter general, la frontera la marca el valor de la mercancía o la cuantía de los derechos defraudados: por debajo del umbral fijado por la ley, el hecho se sanciona en la vía administrativa; al superarlo, pasa a la vía penal.

Esa regla general tiene matices importantes. En los géneros especialmente sensibles (drogas, armas, material de doble uso), la relevancia penal no se condiciona al umbral económico. Y existen, además, tipos agravados que elevan la respuesta penal cuando concurren circunstancias como la pertenencia a una organización, el empleo de medios específicos para el transporte o un valor especialmente elevado de la mercancía.

Por todo ello, la determinación del valor de la mercancía o de los derechos eludidos no es un dato neutro: es, muy a menudo, el eje de la defensa. Acreditar que la valoración utilizada por la acusación es incorrecta o está inflada puede situar el hecho por debajo del umbral y devolverlo a la vía administrativa.

Contrabando, Delito Fiscal y Blanqueo

El contrabando rara vez aparece aislado. Conviene deslindarlo de dos figuras con las que suele coincidir:

• Delito fiscal. El delito fiscal (art. 305 CP) castiga defraudar a la Hacienda Pública eludiendo el pago de tributos internos. El contrabando, en cambio, protege el régimen de comercio exterior y la recaudación aduanera. En operaciones de importación pueden solaparse —por ejemplo, cuando la subvaloración persigue a la vez reducir aranceles y el IVA a la importación—, por lo que cada tributo y cada conducta deben analizarse por separado.
• Blanqueo de capitales. Las ganancias procedentes del contrabando pueden dar lugar, en una fase posterior, a conductas de blanqueo cuando se introducen en el circuito económico ocultando su origen. Son delitos distintos, con bienes jurídicos diferentes, y su eventual concurrencia exige un examen cuidadoso para no duplicar indebidamente el reproche penal.

Esta interconexión explica que en la investigación intervengan, de forma coordinada, el Servicio de Vigilancia Aduanera, la Agencia Tributaria (AEAT) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y que en fraudes que afectan al presupuesto de la Unión Europea pueda existir coordinación con organismos europeos.

El Comiso de Mercancías y Medios

Una consecuencia característica de estos procedimientos es el comiso. Alcanza, en primer término, a los géneros objeto del contrabando; pero también puede extenderse a los medios de transporte empleados para la comisión del hecho —incluidos vehículos, embarcaciones o contenedores acondicionados para ocultar mercancía— y a las ganancias obtenidas. El comiso puede acordarse incluso de forma cautelar durante la instrucción.

La defensa frente al comiso pasa por examinar la legalidad de la intervención y del registro, la cadena de custodia de lo aprehendido y la proporcionalidad de la medida, con especial atención a la posición de los terceros de buena fe —por ejemplo, el titular de un vehículo o de una mercancía que desconocía su uso ilícito—.

Líneas de Defensa

La defensa en un procedimiento por contrabando se construye sobre los elementos del tipo y sobre las garantías del proceso:

• Discutir el valor. Impugnar la valoración de la mercancía o de los derechos eludidos para situar el hecho por debajo del umbral penal.
• Cuestionar el dolo. Acreditar el desconocimiento de la normativa aduanera o un error razonable, especialmente en importadores ocasionales o particulares.
• Examinar la prueba. Analizar la legalidad de la interceptación, del registro del vehículo o del contenedor y de la cadena de custodia de lo decomisado.
• Delimitar la participación. Distinguir entre autoría y cooperación, y la posición de transportistas o intermediarios que pudieran ignorar el contenido o el carácter ilícito de la operación.
• Evitar la doble sanción. Hacer valer el principio non bis in idem cuando coexisten la vía penal y la administrativa por los mismos hechos.

La jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo ofrece criterios sobre la valoración de las mercancías, el alcance del comiso y el deslinde con figuras próximas, que conviene aplicar al caso concreto.

Cuándo Conviene Actuar

En esta materia, intervenir pronto marca la diferencia. La forma en que se documenta la operación, la declaración aduanera presentada y la respuesta a los primeros requerimientos condicionan todo el procedimiento posterior. Si una mercancía ha sido intervenida, si ha recibido una propuesta de liquidación o de sanción de la Administración aduanera, o si se ha incoado un procedimiento penal, conviene contar cuanto antes con asesoramiento especializado para analizar el valor atribuido, la naturaleza de la conducta y las posibles vías de defensa, sin avanzar resultados.