Comiso del vehículo y de los instrumentos del delito: cuándo procede y cómo oponerse

El comiso, que el Código Penal llama decomiso, es la pérdida definitiva de los efectos, instrumentos y ganancias del delito. No es una pena, sino una consecuencia accesoria, y eso explica por qué se acuerda incluso sin condena, por qué puede alcanzar bienes de terceros y por qué se discute con reglas propias. En la práctica decide si un vehículo, un teléfono o una cuenta se recuperan o se pierden.

Le investigan y le han intervenido el vehículo: qué está pasando

Cuando la policía o el juzgado intervienen un bien no se está ejecutando todavía ningún decomiso: se está asegurando. El Art. 127 octies.1 CP permite que, para garantizar la efectividad del decomiso, los bienes, medios, instrumentos y ganancias sean aprehendidos o embargados y puestos en depósito por la autoridad judicial desde el momento de las primeras diligencias.

En el procedimiento abreviado hay además una regla específica para el automóvil: el Art. 764.4 LECrim permite acordar la intervención inmediata del vehículo y la retención del permiso de circulación por el tiempo indispensable, cuando sea necesario practicar alguna investigación en él o para asegurar las responsabilidades pecuniarias mientras no conste acreditada la solvencia.

La distinción importa: contra una medida cautelar se recurre desde el primer día, sin esperar a la sentencia.

Qué alcanza el decomiso del Art. 127 CP

El Art. 127.1 CP establece la regla general: toda pena que se imponga por un delito doloso lleva consigo la pérdida de los efectos que de él provengan, de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, y de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.

Tres precisiones que se pasan por alto con frecuencia:

• Delito imprudente. El Art. 127.2 CP solo permite el decomiso cuando la ley prevea para ese delito imprudente una pena privativa de libertad superior a un año, y además lo configura como potestativo: el juez podrá acordarlo.
• Decomiso por valor equivalente. Si por cualquier circunstancia no es posible decomisar los bienes señalados, el Art. 127.3 CP permite acordar el decomiso de otros por una cantidad equivalente a su valor económico y al de las ganancias obtenidas de ellos.
• Transformaciones. La regla alcanza a lo que se ha convertido en otra cosa: vender el bien o reinvertir el dinero no lo pone a salvo.

En materia de drogas hay un régimen especial: el Art. 374 CP somete el decomiso a los Arts. 127 a 128 con normas propias, entre ellas que los bienes decomisados por sentencia no pueden aplicarse a la satisfacción de las responsabilidades civiles ni de las costas y se adjudican íntegramente al Estado. Lo desarrollamos en el artículo sobre el decomiso de bienes en narcotráfico.

El vehículo como instrumento del delito

En seguridad vial la cuestión tiene un precepto propio y muy breve. El Art. 385 bis CP dispone que el vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este Capítulo se considerará instrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128. El capítulo es el de los delitos contra la seguridad vial: exceso de velocidad y conducción bajo la influencia de alcohol o drogas (Art. 379), conducción temeraria, negativa a someterse a las pruebas, conducción sin permiso (Art. 384) y creación de grave riesgo para la circulación (Art. 385).

Conviene leer el precepto con exactitud: no ordena decomisar el vehículo, sino que lo califica como instrumento. Abre la puerta al Art. 127, y con ella entra también el Art. 128, que es el contrapeso. Por eso el debate práctico casi nunca es si el coche es o no instrumento, sino si el decomiso resulta proporcionado.

El mismo capítulo contiene además el Art. 385 ter CP, que permite al juez, razonándolo en sentencia, rebajar en un grado la pena de prisión en los delitos de los Arts. 379, 383, 384 y 385 atendiendo a la menor entidad del riesgo y a las demás circunstancias del hecho.

La válvula del Art. 128 CP

El Art. 128 CP es la herramienta de defensa más directa frente a un decomiso desproporcionado. Cuando los efectos e instrumentos sean de lícito comercio y concurra alguna de estas dos circunstancias, el tribunal puede no decretar el decomiso o decretarlo solo parcialmente:

• Que su valor no guarde proporción con la naturaleza o gravedad de la infracción penal.
• Que se hayan satisfecho completamente las responsabilidades civiles.

Un vehículo es, por definición, un bien de lícito comercio, de modo que el precepto se aplica de lleno. La alegación funciona cuando se acompaña de datos: valor actual acreditado del vehículo frente a la gravedad del hecho, dependencia laboral o familiar del automóvil, financiación pendiente y, sobre todo, acreditación de que la responsabilidad civil está satisfecha. La segunda circunstancia del Art. 128 conecta directamente con la responsabilidad civil derivada del delito: pagar antes de la sentencia no solo atenúa, también puede salvar el bien.

El comiso del vehículo aparece con frecuencia en delitos contra la seguridad vial —alcoholemia, drogas o conducción sin permiso—, tratados con detalle en nuestra página de delitos de seguridad vial.

Las otras modalidades: ampliado, sin condena y de bienes transferidos

Junto al decomiso ordinario, el Código regula tres figuras más que amplían su alcance, con presupuestos distintos, además del decomiso de bienes transferidos a terceros que se analiza en el apartado siguiente:

• Decomiso ampliado (Art. 127 bis CP). Se acuerda sobre bienes de una persona condenada por alguno de los delitos de su lista cerrada, cuando el tribunal resuelva, a partir de indicios objetivos fundados, que provienen de una actividad delictiva y no se acredite su origen lícito. El apartado 2 enumera los indicios: desproporción entre el valor de los bienes y los ingresos lícitos, ocultación de la titularidad mediante personas interpuestas o territorios de nula tributación y transferencias que dificulten la localización sin justificación económica válida. El apartado 5 lo excluye si las actividades de las que provendrían los bienes han prescrito o ya fueron objeto de sentencia absolutoria o sobreseimiento con efectos de cosa juzgada.
• Decomiso sin sentencia condenatoria (Art. 127 ter CP). Cabe aunque no medie condena si la situación patrimonial ilícita queda acreditada en un proceso contradictorio y concurre uno de tres supuestos: fallecimiento o enfermedad crónica que impida el enjuiciamiento con riesgo de prescripción, rebeldía que impida enjuiciar en plazo razonable, o exención o extinción de la responsabilidad criminal. Solo puede dirigirse contra quien haya sido formalmente acusado o contra el investigado con indicios racionales de criminalidad.
• Bienes de actividad delictiva previa (Arts. 127 quinquies y 127 sexies CP). Exigen requisitos acumulativos —condena por delito del Art. 127 bis.1, contexto de actividad delictiva continuada e indicios fundados de que parte relevante del patrimonio procede de ella— y un umbral expreso: un beneficio superior a 6.000 euros. El Art. 127 sexies añade presunciones sobre los bienes y gastos de los seis años anteriores a la apertura del procedimiento, que el tribunal puede inaplicar si se revelan incorrectas o desproporcionadas.

Cierra el cuadro el Art. 127 septies CP: si la ejecución del decomiso no ha podido llevarse a cabo, el tribunal puede acordar por auto el decomiso de otros bienes, incluso de origen lícito, por valor equivalente a la parte no ejecutada.

Terceros de buena fe

Es el escenario más frecuente en los vehículos: el coche está a nombre de la pareja, de una empresa o de una entidad financiera. El Art. 127 quater CP permite decomisar bienes transferidos a terceros solo en dos supuestos, y ambos exigen un elemento subjetivo:

• Para efectos y ganancias, cuando el tercero los adquirió conociendo su procedencia ilícita o cuando una persona diligente habría tenido motivos para sospechar de ese origen en las circunstancias del caso.
• Para otros bienes, cuando los adquirió sabiendo que así se dificultaba el decomiso, o cuando una persona diligente habría tenido motivos para sospecharlo.

El apartado 2 contiene una presunción que conviene conocer antes de firmar cualquier transmisión: se presume, salvo prueba en contrario, que el tercero conoció o tuvo motivos para sospechar cuando los bienes le fueron transferidos a título gratuito o por un precio inferior al real de mercado.

Procesalmente, el tercero no queda al margen. El Art. 803 ter a) LECrim obliga al tribunal a acordar, de oficio o a instancia de parte, su intervención en el proceso cuando consten hechos de los que razonablemente se derive que el bien pertenece a un tercero o que existen terceros titulares de derechos sobre él. Contra la resolución que declare improcedente esa intervención cabe recurso de apelación. Y si el afectado manifiesta que no se opone al decomiso, la intervención no se acuerda o se pone fin a la ya acordada.

Antes de la sentencia: depósito y realización anticipada

Un bien intervenido puede perderse materialmente antes de que nadie decida sobre el decomiso. La LECrim regula dos vías:

• Destrucción de efectos (Art. 367 ter LECrim), cuando resulte necesaria o conveniente por la naturaleza de lo intervenido o por el peligro real o potencial de su almacenamiento, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del propietario si es conocido.
• Realización anticipada (Art. 367 quáter LECrim), para efectos de lícito comercio y sin esperar a la firmeza del fallo, en supuestos tasados: bienes perecederos, abandono expreso del propietario, gastos de conservación superiores al valor del objeto, peligro para la salud o seguridad públicas o riesgo de disminución importante de valor, depreciación sustancial por el transcurso del tiempo, y falta de manifestación del propietario debidamente requerido. Un vehículo inmovilizado durante años encaja con naturalidad en la quinta letra.

El propio Art. 367 quáter.2 impone la audiencia del interesado y excluye la realización cuando esté pendiente el recurso interpuesto contra el embargo o decomiso, o cuando la medida pueda resultar desproporcionada a la vista de sus efectos para el interesado y de la relevancia de los indicios en que se fundó la resolución cautelar.

Cómo oponerse

• Discutir la calificación del bien. Instrumento es aquello con lo que el delito se preparó o ejecutó; que el bien estuviera presente no lo convierte en instrumento.
• Invocar el Art. 128 CP con prueba: tasación o valor de mercado del bien frente a la gravedad del hecho, y justificante del pago de la responsabilidad civil.
• Atacar los indicios del decomiso ampliado. El Art. 127 bis exige indicios objetivos fundados; la desproporción patrimonial se combate acreditando ingresos lícitos.
• Acreditar la posición del tercero: precio real de mercado, documentación de la transmisión y diligencia en la comprobación, para desactivar la presunción del Art. 127 quater.2.
• Recurrir la medida cautelar y oponerse a la realización anticipada, invocando la desproporción del Art. 367 quáter.2.b) LECrim.
• Vigilar el tiempo en depósito: cuanto más pasa, más probable es la realización anticipada por depreciación.

Qué ocurre con lo decomisado

El Art. 127 octies.3 CP establece el destino: los bienes, instrumentos y ganancias decomisados por resolución firme, salvo que deban ser destinados al pago de indemnizaciones a las víctimas, se adjudican al Estado, que les da el destino previsto legal o reglamentariamente. La excepción a favor de las víctimas es relevante y debe alegarse expresamente, porque no se aplica sola. En narcotráfico opera la regla especial del Art. 374, que impide esa aplicación a las responsabilidades civiles.

Existe además un cauce autónomo: el Art. 803 ter e) LECrim regula el procedimiento de decomiso autónomo, aplicable en particular cuando el fiscal se limita en su escrito de acusación a solicitar el decomiso reservando su determinación para ese procedimiento, o cuando el autor ha fallecido o no puede ser enjuiciado por rebeldía o incapacidad. En el caso de reserva, el procedimiento solo puede iniciarse cuando la causa penal haya concluido por sentencia firme. Para activos digitales, la mecánica de intervención y realización tiene particularidades que tratamos en el artículo sobre decomiso y embargo de criptoactivos.

Si le han intervenido un bien, o le han llamado al procedimiento como tercero afectado, conviene actuar antes de la sentencia: después el margen es menor. Puede consultarnos en el 91 078 65 74.