Los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, que sin causa legal negaren o impidieren a un socio el ejercicio de los derechos de información, participación en la gestión o control de la actividad social, o suscripción preferente de acciones reconocidos por las Leyes, serán castigados con la pena de multa de seis a doce meses.
Nuestro equipo defiende habitualmente acusados por delitos societarios. Estrategia técnica orientada al archivo, sobreseimiento o absolución cuando es jurídicamente viable.
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