Delitos Contra la Salud Pública Alimentaria (Arts. 363-365 CP)

La seguridad de lo que comemos y bebemos es un bien colectivo que el Estado protege también por la vía penal. Cuando una empresa o un profesional de la cadena alimentaria pone en circulación productos nocivos, adulterados o no autorizados, puede incurrir en un delito contra la salud pública en su modalidad alimentaria, regulado en los artículos 363 a 367 del Código Penal. Como abogados penalistas especialistas en delitos alimentarios, explicamos qué castigan estos preceptos, qué penas comportan y cómo se defiende a las empresas y responsables del sector.

Qué Castiga el Art. 363 CP

El artículo 363 CP sanciona a los productores, distribuidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de los consumidores mediante alguna de estas conductas:

• Ofrecer en el mercado productos alimentarios con omisión o alteración de los requisitos establecidos en las leyes o reglamentos sobre caducidad o composición.
• Fabricar o vender bebidas o comestibles destinados al consumo público y nocivos para la salud.
• Traficar con géneros corrompidos.
• Elaborar productos cuyo uso no esté autorizado y sea perjudicial para la salud, o comerciar con ellos.
• Ocultar o sustraer efectos destinados a ser inutilizados o desinfectados para comerciar con ellos.

La pena es de prisión de uno a cuatro años, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de tres a seis años. El bien jurídico protegido es la salud pública entendida como interés colectivo, no la de un consumidor concreto.

Un Delito de Peligro: la Clave del Tipo

Este es el punto decisivo para entender la figura. Los delitos alimentarios son delitos de peligro: no exigen que se produzca una intoxicación, una lesión o una muerte. Lo que se castiga es la puesta en peligro de la salud colectiva, es decir, la aptitud del producto para resultar nocivo. Por eso la cuestión central del proceso suele ser técnica: si el alimento, la bebida o la sustancia tenía o no capacidad real de dañar la salud de los consumidores en las condiciones en que se ofreció.

De ese carácter se derivan consecuencias defensivas importantes. Si se acredita que el producto carecía de aptitud lesiva —porque la desviación era inocua, la cantidad irrelevante o el riesgo meramente teórico—, la conducta puede quedar fuera del tipo penal y reconducirse, en su caso, al ámbito de la sanción administrativa en materia de seguridad alimentaria, que es independiente de la vía penal.

Adulteración con Aditivos no Autorizados (Art. 364 CP)

El artículo 364.1 CP castiga, con las mismas penas del art. 363, a quien adultere con aditivos u otros agentes no autorizados susceptibles de causar daños a la salud los alimentos, sustancias o bebidas destinados al comercio alimentario. Si el responsable es el propietario o el responsable de producción de una fábrica de productos alimenticios, se le impone además inhabilitación especial de seis a diez años.

El apartado 2 extiende el tipo al ámbito ganadero: administrar a los animales de abasto sustancias no permitidas que generen riesgo para la salud de las personas (o en dosis o para fines no autorizados), sacrificar o destinar al consumo humano animales tratados con esas sustancias, o despachar carnes sin respetar los períodos de espera reglamentarios. Es el cauce típico de los casos de hormonas, antibióticos o promotores del crecimiento prohibidos en la producción cárnica.

Cuadro de Penas

Conducta	Precepto	Pena
Ofrecer, fabricar, vender o traficar con alimentos nocivos o no autorizados	Art. 363 CP	Prisión 1-4 años, multa 6-12 meses e inhabilitación especial 3-6 años
Adulterar con aditivos/agentes no autorizados; conductas en ganadería de abasto	Art. 364 CP	Penas del art. 363; inhabilitación 6-10 años si es propietario o responsable de producción
Envenenar o adulterar aguas o alimentos con sustancias gravemente nocivas	Art. 365 CP	Prisión 2-6 años
Comisión por imprudencia grave	Art. 367 CP	Pena inferior en grado a la prevista para la conducta dolosa

Quién Responde: Responsables y Empresas

El círculo de posibles responsables es amplio porque la ley menciona expresamente a productores, distribuidores y comerciantes. En la práctica pueden quedar implicados el fabricante, el responsable de calidad o de producción, el distribuidor y el comerciante minorista u hostelero, según su posición en la cadena y su conocimiento del riesgo.

Junto a la responsabilidad individual, el artículo 366 CP prevé la responsabilidad penal de la persona jurídica cuando el delito se comete en su provecho por sus representantes o por falta del debido control. La empresa puede afrontar una multa proporcional al valor de los productos o al beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener, y los tribunales pueden imponer además consecuencias como la clausura del establecimiento, la suspensión de actividades o la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas. Por eso un programa de cumplimiento normativo (compliance) alimentario serio y eficaz es relevante tanto para prevenir como para defender.

La Modalidad Imprudente (Art. 367 CP)

No todo fallo de seguridad alimentaria es un delito doloso. El art. 367 CP contempla la comisión por imprudencia grave, castigada con la pena inferior en grado. Aquí la frontera defensiva es nítida: hay que separar la imprudencia grave penalmente relevante —una infracción intensa de los deberes de cuidado del sector— del simple incumplimiento administrativo o del fallo aislado que no alcanza el umbral del reproche penal. La diferencia se juega en los protocolos de autocontrol, la trazabilidad y la diligencia exigible al operador.

Líneas de Defensa

1. Ausencia de aptitud lesiva: acreditar mediante pericial técnica que el producto no era apto para poner en peligro la salud, que el riesgo era inocuo o meramente teórico, o que la sustancia estaba dentro de los límites tolerados.
2. Relación de causalidad y de imputación: discutir que el riesgo proceda realmente de la conducta del investigado y no de un eslabón distinto de la cadena o de un factor ajeno.
3. Controles sanitarios y autocontrol: demostrar el cumplimiento de los sistemas de análisis de peligros y puntos de control crítico, la trazabilidad y los protocolos de seguridad alimentaria del operador.
4. Error y ausencia de dolo: especialmente en distribuidores y minoristas que desconocían el carácter nocivo o adulterado del producto, lo que puede excluir el dolo y reconducir el caso, en su caso, a la imprudencia o a la atipicidad penal.
5. Impugnación de la prueba sanitaria: cuestionar la toma de muestras, la cadena de custodia, la acreditación del laboratorio y la metodología analítica que sustentan la acusación.
6. Deslinde con la vía administrativa: situar la conducta, cuando proceda, en el terreno de la infracción administrativa de seguridad alimentaria, ajena al reproche penal.

En este ámbito, la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo subraya la naturaleza de delito de peligro y la necesidad de constatar una aptitud real para dañar la salud colectiva, lo que abre un margen técnico de defensa que conviene trabajar desde el inicio de la investigación, junto a la prueba pericial.