El Protocolo Antiacoso Sexual Obligatorio: Compliance y Responsabilidad Penal del Empresario

Implantar un protocolo de prevención del acoso sexual no es una buena práctica opcional ni un adorno reputacional: es una obligación legal para toda empresa española. Y su incumplimiento no se queda en una multa administrativa. Cuando se produce un acoso en una organización que carecía de protocolo o lo tenía solo sobre el papel, el empresario o el directivo puede acabar imputado por comisión por omisión y la propia empresa puede ver activada su responsabilidad penal. Como despacho de compliance penal y defensa del empresario, explicamos qué exige la ley, qué riesgos penales abre su omisión y cómo se construye un protocolo que de verdad proteja.

Una Obligación Legal, No una Recomendación

El punto de partida es claro: el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, obliga a todas las empresas —cualquiera que sea su tamaño— a promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, y a arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias que las víctimas puedan formular.

Esa exigencia se ha reforzado con la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, y con la Ley 15/2022 integral para la igualdad de trato. A ello se suma, para la gestión de las denuncias, el sistema interno de información regulado por la Ley 2/2023 de protección del informante. El mensaje normativo es inequívoco: la prevención del acoso ha dejado de ser un compromiso voluntario para convertirse en un deber jurídico exigible, sin umbral mínimo de plantilla.

Qué Debe Contener un Protocolo Eficaz

No basta con descargar una plantilla y archivarla. Un protocolo que cumpla su función preventiva y que tenga valor de cara a una eventual defensa debe articular, como mínimo:

• Una declaración de tolerancia cero aprobada por la dirección y comunicada a toda la plantilla.
• Una definición clara de las conductas de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, con ejemplos comprensibles.
• Un canal de denuncias accesible, confidencial y conforme a la Ley 2/2023, con designación de la persona o comité instructor.
• Un procedimiento de investigación interna ágil y garantista, que respete la presunción de inocencia del denunciado y la confidencialidad de la víctima.
• Medidas cautelares y de protección de la persona denunciante durante la tramitación.
• Formación periódica de plantilla y mandos y un régimen disciplinario coherente.
• Mecanismos de supervisión y revisión que acrediten que el protocolo se aplica de verdad.

La diferencia entre un protocolo real y uno de fachada es decisiva: solo el primero previene conductas y, llegado el caso, sirve como prueba de la diligencia de la empresa.

La Responsabilidad Penal por Omisión del Empresario

Aquí está el riesgo que pocos directivos anticipan. El artículo 11 del Código Penal (CP) regula la comisión por omisión: quien está en posición de garante —es decir, tiene un deber jurídico específico de evitar un resultado— responde de ese resultado como si lo hubiera causado activamente cuando no lo impide, debiendo y pudiendo hacerlo.

El empresario, el administrador o el directivo con poder real de organización ocupan esa posición de garante respecto de la seguridad y la indemnidad de sus trabajadores. Si en la empresa se produce un acoso sexual y se acredita que el responsable conocía o no podía ignorar el riesgo, carecía de protocolo o lo tenía inoperante, y no adoptó las medidas que le incumbían, el art. 11 CP permite imputarle el delito producido por omisión. La pena no es una pena "del art. 11": es la del delito de fondo que se omitió evitar.

La Responsabilidad Penal de la Empresa (Art. 31 bis CP)

Junto a la persona física, puede responder la propia persona jurídica. El artículo 31 bis CP establece la responsabilidad penal autónoma de la empresa por los delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, en beneficio directo o indirecto, por sus representantes y directivos o por quienes, estando sometidos a su autoridad, pudieron cometer el delito porque se incumplieron gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control.

Las consecuencias no son menores: el catálogo de penas del art. 33.7 CP incluye multa, suspensión de actividades, clausura de locales, inhabilitación para contratar con el sector público o recibir subvenciones e, incluso, la disolución de la sociedad. Para una empresa, la apertura de una causa penal por estos hechos es además un golpe reputacional difícil de revertir.

Lo relevante para la defensa es que el art. 31 bis CP contempla la eximente o atenuante por contar con un modelo de prevención de delitos idóneo adoptado y ejecutado con eficacia antes de los hechos. El protocolo antiacoso, integrado en ese modelo de compliance y verdaderamente operativo, es justamente uno de los elementos que pueden inclinar la balanza hacia la exención o la atenuación.

El Delito de Fondo: el Acoso Sexual del Art. 184 CP

Conviene no perder de vista que la responsabilidad de la empresa y del directivo gira en torno a un delito que comete materialmente otra persona: el acosador. Ese delito es el acoso sexual del artículo 184 CP.

• Tipo básico (184.1 CP): la solicitud de favores de naturaleza sexual en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios que provoque a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. Pena de prisión de 6 a 12 meses o multa de 10 a 15 meses, e inhabilitación especial de 12 a 15 meses.
• Prevalimiento (184.2 CP): cuando el acoso se comete prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, la pena se eleva a prisión de 1 a 2 años.
• Especial vulnerabilidad (184.4 CP): si la víctima está en una situación de especial vulnerabilidad por razón de edad, enfermedad o discapacidad, la pena se impone en su mitad superior.

La existencia y la aplicación del protocolo no eliminan la responsabilidad penal del acosador, pero condicionan de forma directa la posición de la empresa y de sus directivos frente a ese mismo hecho. Quien quiera profundizar en el tipo penal puede consultar la página del despacho sobre el protocolo antiacoso y la defensa del empresario.

Triple Vía: Administrativa, Laboral y Penal

Un mismo episodio de acoso puede desplegar consecuencias en tres planos simultáneos, y la defensa del empresario tiene que pensarlos a la vez:

• Vía administrativa-laboral: la falta de protocolo, su inaplicación o la tolerancia del acoso constituye una infracción muy grave conforme a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), con sanciones económicas de notable cuantía y posible pérdida de bonificaciones y de acceso a contratación pública.
• Vía laboral: el trabajador acosado puede solicitar la extinción indemnizada del contrato y reclamar daños; el régimen disciplinario interno debe activarse frente al acosador.
• Vía penal: responsabilidad del acosador (art. 184 CP), del directivo en posición de garante (art. 11 CP) y de la persona jurídica (art. 31 bis CP).

Estos planos no se excluyen: pueden tramitarse en paralelo, con reglas propias y tiempos distintos. Por eso la estrategia no puede limitarse a uno solo de ellos.

Cómo Aborda la Defensa Estos Casos

Cuando una empresa o un directivo se ven señalados, la defensa trabaja en varias direcciones. En el frente penal, se analiza si existía realmente una posición de garante y si la delegación de funciones fue efectiva; se examina si el directivo conocía o podía conocer el riesgo; y se valora la idoneidad y aplicación real del protocolo y del modelo de compliance para activar la eximente o atenuante del art. 31 bis CP.

En paralelo, se revisa la investigación interna ya practicada —porque una instrucción interna garantista refuerza la posición de la empresa, mientras que una chapuza la debilita—, se coordina la respuesta con el frente administrativo y laboral, y se cuida que ninguna actuación en un plano perjudique a los otros. En materia de prueba, cobran peso la documentación del canal de denuncias, los registros de formación, las actas y la trazabilidad de las decisiones adoptadas. La jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo en materia de comisión por omisión y de responsabilidad de las personas jurídicas marca el terreno técnico sobre el que se construye esa defensa.

Compliance Penal y Defensa del Empresario en Madrid y Toda España

El despacho penalista Alonso Sala, con sede en la calle Velázquez 27 de Madrid y cobertura en toda España, asesora a empresas y directivos en el diseño y la revisión de protocolos antiacoso integrados en su modelo de compliance, y asume la defensa penal cuando la responsabilidad de la persona física o de la persona jurídica entra en juego. Trabajamos la prevención antes del problema y la estrategia coordinada en los frentes penal, administrativo y laboral cuando el problema ya ha surgido.