LO 2/2021: Dopaje en el Deporte y Reforma Penal

El dopaje en el deporte se mueve en dos planos que conviene no confundir: el de la sanción deportiva administrativa, que alcanza al deportista que vulnera la normativa antidopaje, y el del Derecho penal, que se reserva para quienes ponen en peligro la salud de los deportistas suministrándoles sustancias o métodos prohibidos. La Ley Orgánica 2/2021, de 24 de marzo, de medidas de prevención y lucha contra el dopaje en el deporte (BOE-A-2021-4712) reforzó precisamente ese segundo plano, el penal, tomando como referencia el art. 362 quinquies CP. Como abogados penalistas, explicamos qué cambió la reforma, su alcance práctico, qué implica hoy para un investigado, un acusado o una víctima, y cuáles son las principales líneas de defensa.

Qué cambió la reforma y por qué

La LO 2/2021 nació con un objetivo claro: reforzar la prevención y la lucha contra el dopaje y, en lo que aquí interesa, dotar de mayor firmeza a la respuesta penal frente a las conductas más graves del fenómeno. No se trataba de criminalizar al deportista que da positivo —cuya responsabilidad se canaliza, con carácter general, por la vía administrativa—, sino de reforzar el reproche frente a quienes operan en su entorno: quienes dispensan, suministran, administran o facilitan sustancias o métodos prohibidos.

La reforma respondió a una preocupación de fondo: el dopaje no solo distorsiona la competición, sino que compromete la salud de quienes lo practican, a menudo presionados por su entorno deportivo. Por eso el legislador quiso afinar la respuesta penal y reforzar la gravedad de las conductas que recaen sobre los colectivos más vulnerables, en particular los menores de edad y las personas con discapacidad. Puede situar esta modificación junto al resto en nuestra página de reformas penales.

El art. 362 quinquies CP y su alcance práctico

El precepto de referencia es el art. 362 quinquies CP, ubicado entre los delitos contra la salud pública. Su lógica es decisiva para entender la reforma: el bien jurídico protegido no es la limpieza o la pureza de la competición —que se tutela por la vía administrativa y disciplinaria—, sino la salud del deportista.

El tipo castiga, en esencia, a quien sin justificación terapéutica dispensa, suministra, administra o facilita a deportistas sustancias o métodos prohibidos destinados a aumentar sus capacidades físicas o a alterar el resultado de una competición, cuando pongan en peligro su salud. El alcance práctico es claro:

• La conducta típica es la de suministrar o facilitar, no la de consumir para uno mismo.
• Es esencial el requisito de peligro para la salud del deportista: sin esa idoneidad para dañar, decae el tipo penal.
• La ausencia de justificación terapéutica forma parte del núcleo del delito: la administración con una finalidad médica legítima queda fuera.

Quien quiera situar el precepto en el conjunto del articulado puede consultar el Código Penal.

Sobre quién recae: el entorno, no el deportista

Este es el punto que con más frecuencia se malinterpreta. El reproche penal recae sobre quien suministra o facilita las sustancias —el entorno del deportista— y no sobre el deportista que se dopa a sí mismo. Los sujetos típicos suelen ser:

• Médicos y personal sanitario que prescriben o administran fuera de una indicación legítima.
• Entrenadores y preparadores físicos que recomiendan, proporcionan o facilitan las sustancias.
• Dirigentes y responsables de clubes o federaciones que organizan o amparan el suministro.
• Distribuidores que canalizan las sustancias hacia el ámbito deportivo.

El deportista que se limita a consumir para sí queda, por regla general, fuera del tipo penal: su responsabilidad se canaliza por la vía administrativa de la normativa antidopaje. Solo respondería penalmente si, a su vez, suministrara o facilitara sustancias a otros deportistas, pasando entonces a integrar el lado del entorno que el precepto castiga.

Especial gravedad: menores y personas con discapacidad

Uno de los ejes de refuerzo de la respuesta penal es la especial gravedad cuando la conducta recae sobre colectivos vulnerables. El suministro o la facilitación de sustancias o métodos prohibidos peligrosos para la salud merece un reproche más intenso cuando el destinatario es:

• Un menor de edad, algo especialmente relevante en el deporte de base y en las categorías de formación, donde la presión del entorno y la dependencia del deportista respecto de sus técnicos son mayores.
• Una persona con discapacidad, por su situación de mayor vulnerabilidad frente a quien tiene ascendiente sobre ella.

El fundamento es coherente con el bien jurídico protegido: cuando el peligro para la salud recae sobre quien tiene menos capacidad de decidir libremente o de protegerse, la conducta resulta más grave. Por eso la condición del destinatario es un elemento que la acusación tratará de acreditar y que la defensa debe examinar con detalle.

Delito penal frente a infracción administrativa deportiva

La distinción entre ambos regímenes es, probablemente, la cuestión más importante de toda esta materia. El dopaje se mueve en un doble plano autónomo:

• La infracción administrativa deportiva, prevista en la normativa antidopaje, que alcanza con carácter general al deportista que vulnera esa normativa o que da positivo, con consecuencias como la suspensión de la licencia. Esta vía no exige acreditar peligro para la salud: basta la infracción de la norma deportiva.
• El delito del art. 362 quinquies CP, que recae sobre quien suministra o facilita las sustancias y exige el peligro para la salud del deportista.

Ambos regímenes son independientes y pueden coexistir sobre un mismo episodio recayendo sobre sujetos distintos: la sanción deportiva sobre el deportista que dio positivo y el proceso penal sobre quien le suministró. Situar correctamente al cliente en uno u otro plano es el primer paso de la estrategia, porque una conducta que es infracción deportiva no es, sin más, delito.

Qué implica hoy para un investigado, acusado o víctima

Para un investigado o acusado —típicamente un facultativo, un preparador o un dirigente— la reforma supone una respuesta penal más firme, pero el delito mantiene unos elementos exigentes que delimitan su aplicación. La defensa debe trabajar desde el inicio si concurrieron realmente el suministro, la ausencia de justificación terapéutica y el peligro para la salud.

Para una posible víctima —el deportista al que se suministraron sustancias peligrosas, especialmente si es menor o persona con discapacidad— la reforma refuerza la protección de su salud. Conviene entender que el deportista perjudicado puede ser víctima del delito sin que ello implique, por sí solo, responsabilidad penal propia por el mero consumo, sin perjuicio de su eventual responsabilidad administrativa.

En ambos casos, la coordinación entre la estrategia penal y la disciplinaria-deportiva es clave, porque las decisiones en un plano repercuten en el otro.

Líneas de defensa

Una defensa técnica frente a una imputación vinculada al art. 362 quinquies CP se articula en torno a varios ejes:

• Distinguir delito de infracción administrativa: situar la conducta del cliente en el plano que le corresponde. Que exista una infracción deportiva no implica que se cumpla el tipo penal.
• Discutir el peligro para la salud: con apoyo pericial, analizar si la sustancia o el método, por su contenido, dosis o forma de administración, era realmente idóneo para poner en peligro la salud del deportista. Sin ese peligro, la conducta queda fuera del delito.
• Justificación terapéutica: acreditar que la prescripción o la administración respondía a una finalidad médica legítima, dentro de indicación, neutraliza un elemento esencial del tipo, que exige la ausencia de justificación terapéutica.
• Cuestión de autoría: deslindar con precisión quién prescribió, quién suministró y quién se limitó a consumir, evitando atribuciones genéricas de responsabilidad.
• Pericial toxicológica y farmacológica: el análisis de la sustancia, de la vía de administración, de los efectos previsibles sobre la salud y de la cadena de custodia de las muestras suele ser determinante.
• Discusión de la agravación: cuando se invoca la especial gravedad por tratarse de un menor o de una persona con discapacidad, examinar con rigor si concurría esa condición y el conocimiento del autor.

A todo ello se suman las garantías generales del proceso penal: la presunción de inocencia, la valoración rigurosa de la prueba y la interpretación estricta de un tipo que, por su ubicación entre los delitos contra la salud pública, exige acreditar el peligro y no la mera infracción de la norma deportiva.