Defensa Penal de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo (Art. 301 CP y Ley 10/2010)

Los sujetos obligados definidos en el artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo soportan una carga de cumplimiento singular. Entidades de crédito y financieras, notarios, registradores, abogados y procuradores cuando intervienen en determinadas operaciones, agentes inmobiliarios, joyeros y comerciantes de metales y piedras preciosas, casinos, auditores y asesores fiscales, entre otros, deben aplicar medidas de diligencia debida, identificar al titular real, examinar operaciones sospechosas y comunicarlas al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias). El incumplimiento de estos deberes puede desembocar en dos planos sancionadores muy distintos que conviene no confundir.

El doble régimen: administrativo y penal

En el plano administrativo, la propia Ley 10/2010 tipifica infracciones muy graves, graves y leves (arts. 51 a 53). Las infracciones muy graves —como incumplir el deber de comunicación de operaciones sospechosas o la obligación de abstención— pueden acarrear multas que, en su límite máximo, alcanzan la mayor de varias magnitudes: el 10% del volumen de negocios anual, el duplo del contenido económico de la operación o diez millones de euros. La instrucción corresponde al SEPBLAC y la resolución a la Comisión de Prevención, a propuesta de su Secretaría. Este régimen sanciona el defecto de prevención con independencia de que se haya producido o no un blanqueo efectivo.

En el plano penal, el artículo 301 del Código Penal castiga a quien adquiera, posea, utilice, convierta o transmita bienes sabiendo que tienen su origen en una actividad delictiva, o realice cualquier acto para ocultar o encubrir ese origen ilícito o ayudar a quien participó en la infracción a eludir las consecuencias legales. La conducta básica se sanciona con prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. Procede además la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o industria de uno a tres años y, en su caso, las medidas del art. 302.

Tipos agravados y modalidad imprudente

El art. 301.1, párrafo segundo, prevé la mitad superior de la pena cuando los bienes proceden de delitos de tráfico de drogas o de delitos de corrupción (cohecho, malversación, fraude, entre otros). El art. 302 agrava la pena cuando el culpable pertenece a una organización dedicada al blanqueo o es jefe, administrador o encargado de ella, e impone también la pena en su mitad superior al sujeto obligado que comete las conductas del art. 301 en el ejercicio de su actividad profesional. El mismo art. 302, en su apartado 2, contempla expresamente la responsabilidad penal de la persona jurídica (art. 302.2), con multa proporcional a la pena del delito y, potencialmente, las penas del art. 33.7 CP.

De especial trascendencia para los sujetos obligados es el art. 301.3 CP, que castiga el blanqueo imprudente con prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo. La doctrina del Tribunal Supremo ha admitido que el profesional o la entidad que, infringiendo de forma grave sus deberes de diligencia, facilita la circulación de fondos de origen delictivo puede responder por esta modalidad. Aquí reside la principal zona de riesgo: la frontera entre un incumplimiento meramente administrativo de la Ley 10/2010 y la imprudencia grave penalmente relevante.

La posición del compliance officer y del órgano de control interno

La Ley 10/2010 exige designar un representante ante el SEPBLAC y dotarse de un órgano de control interno. Esta posición no convierte al compliance officer en garante automático de cualquier blanqueo cometido a través de la organización. Su eventual responsabilidad penal exige acreditar una conducta propia, dolosa o gravemente imprudente, y una posición de garante real con capacidad efectiva de evitar el resultado. La defensa debe delimitar con precisión el alcance de sus funciones, los recursos de que disponía y la cadena de decisión interna.

Estrategia de defensa

Defender a un sujeto obligado o a su responsable de cumplimiento exige trabajar en dos frentes simultáneos. En el expediente administrativo, conviene acreditar la implantación y eficacia de las medidas de diligencia debida, el cumplimiento del deber de comunicación y la proporcionalidad de la sanción. En el proceso penal, la clave es demostrar la ausencia de dolo y de imprudencia grave: que la entidad o el profesional actuó conforme a protocolos razonables y que el fallo, de existir, pertenece al ámbito del incumplimiento administrativo y no al del delito del art. 301 CP. La existencia de un programa de cumplimiento eficaz (art. 31 bis CP) es determinante para la persona jurídica.

El despacho asume la defensa integral de entidades financieras, notarías, despachos, inmobiliarias y comercios de joyería frente a inspecciones del SEPBLAC, expedientes sancionadores y procedimientos penales por blanqueo. Para una valoración del caso puede contactar en el 91 078 65 74.