Texto íntegro
Texto vigente desde el 1 de julio de 2015.
TÍTULO XIX — Delitos contra la Administración pública
Texto vigente desde el 1 de julio de 2015.
Histórico de reformas de este artículo, de la más antigua a la más reciente, tal como consta en la legislación consolidada del BOE.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Vigente del 24/05/1996 al 22/12/2010
Vigente del 23/12/2010 al 30/06/2015
El artículo 424 tipifica el cohecho activo, es decir, la conducta del particular que soborna a una autoridad, funcionario público o persona que participa en el ejercicio de la función pública. Castiga a quien ofrece o entrega una dádiva o retribución de cualquier clase para que el funcionario realice un acto contrario a los deberes de su cargo o un acto propio de su cargo, para que no realice o retrase el que debiera practicar, o simplemente en consideración a su cargo o función. También castiga, con la misma pena que a la autoridad corrompida, al particular que entrega la dádiva atendiendo a una solicitud previa del propio funcionario, es decir, cuando es este quien inicia la petición del soborno.
El precepto contempla una consecuencia jurídica adicional de especial relevancia empresarial: cuando el soborno se relaciona con un procedimiento de contratación pública, subvenciones o subastas convocadas por las Administraciones, se impone al particular —y, en su caso, a la empresa u organización que representa— la inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social durante un plazo de cinco a diez años, una sanción que puede resultar más gravosa en la práctica que la propia pena de prisión.
La pena es la misma pena de prisión y multa que corresponda a la autoridad o funcionario corrompido conforme a los artículos 419 a 423, tanto si el particular ofrece el soborno por iniciativa propia como si simplemente atiende la solicitud del funcionario. Cuando el soborno se relaciona con contratación pública, subvenciones o subastas, se añade la inhabilitación especial de cinco a diez años señalada.
Este delito se plantea típicamente en empresas que entregan comisiones o regalos de valor significativo a funcionarios encargados de adjudicar contratos públicos, licencias urbanísticas, subvenciones o autorizaciones administrativas, para obtener un trato de favor frente a otros competidores; en particulares que ofrecen dinero a un agente de policía para evitar una sanción o la incoación de un procedimiento; y en empresarios que sobornan a inspectores de Hacienda, de trabajo o sanitarios para evitar o suavizar el resultado de una inspección.
La defensa debe distinguir con precisión entre el cohecho activo propio —iniciativa del particular— y el supuesto en que el particular simplemente accede a una petición del funcionario, lo que puede ser relevante para valorar la exención del art. 426 CP para quien, habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud, denuncia el hecho antes de abrirse el procedimiento y dentro de los dos meses siguientes a los hechos. Es también fundamental acreditar si la entrega buscaba influir en la actuación del funcionario o se hizo en consideración a su cargo, frente a atenciones sociales o comerciales de escasa entidad que carecen de esa finalidad corruptora. Dado el elevado impacto de la pena de inhabilitación del art. 424.3 para contratar con el sector público, conviene también valorar cuidadosamente la responsabilidad individual dentro de estructuras empresariales complejas, para evitar que la sanción alcance a personas ajenas a la decisión de sobornar.
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