Qué castiga el artículo 399 del Código Penal
El artículo 399 castiga la falsificación de certificaciones por un particular, dentro de los delitos de falsedades. Se dirige a quien, sin ser autoridad ni funcionario público, falsifica una de las certificaciones designadas en los artículos anteriores del capítulo, así como a quien hace uso a sabiendas de esa certificación falsa o, sin haber intervenido en la falsificación, trafica con ella de cualquier modo. El precepto se aplica incluso cuando el certificado aparece como perteneciente a otro Estado de la Unión Europea o a un tercer Estado, o ha sido falsificado o adquirido fuera de España, si se utiliza en territorio español.
Pena prevista
La pena es de multa de tres a seis meses, tanto para quien falsifica la certificación como para quien la usa a sabiendas o trafica con ella. Se trata, por tanto, de una infracción de gravedad menor dentro de las falsedades, reservando el legislador las penas de prisión para la falsificación de documentos públicos, oficiales o mercantiles y para las certificaciones expedidas por autoridad o funcionario.
Estrategia de defensa
La defensa debe verificar que el documento cuestionado encaja realmente en la categoría de "certificación" que exige el tipo, y no en la de documento oficial o público, cuya falsificación se castiga con penas mucho más graves en los artículos precedentes. Es igualmente esencial el elemento subjetivo del conocimiento: quien usa una certificación sin saber que es falsa no comete el delito, ya que el precepto exige actuar "a sabiendas".