Abogados Delitos contra la Propiedad Industrial

Los delitos contra la propiedad industrial castigan las conductas que vulneran los derechos exclusivos sobre invenciones (patentes, modelos de utilidad), signos distintivos (marcas, nombres comerciales) y creaciones de forma (diseños industriales). Regulados en los artículos 273 a 277 del Código Penal, su correcta calificación exige el manejo coordinado de la normativa penal y de la normativa específica de propiedad industrial: Ley 24/2015 de Patentes, Ley 17/2001 de Marcas y Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial, así como del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea y los convenios internacionales aplicables.

Tipos Penales del Capítulo XI

El Código Penal contiene varios tipos diferenciados: Artículo 273 CP, que castiga la utilización con fines industriales o comerciales de objetos protegidos por patente o modelo de utilidad; Artículo 274 CP, que castiga el uso de signos distintivos idénticos o confundibles con marca o nombre comercial registrado; Artículo 275 CP, que castiga las violaciones de denominaciones de origen e indicaciones geográficas; Artículo 276 CP, que prevé la agravación cuando concurren circunstancias específicas. Las penas van de prisión de 6 meses a 4 años y multa, agravadas en supuestos cualificados.

Delitos contra Patentes y Modelos de Utilidad (Art. 273 CP)

El artículo 273 CP castiga al que fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por un derecho de patente o modelo de utilidad, con conocimiento del registro y sin consentimiento del titular. La pena es de 6 meses a 2 años de prisión y multa. Es exigible el conocimiento del registro, lo que abre vías de defensa basadas en el error sobre la concurrencia de derechos exclusivos. La defensa debe analizar la concreta extensión del derecho registrado, las reivindicaciones de la patente y la posible no infracción técnica.

Delitos contra Marcas y Signos Distintivos (Art. 274 CP)

El artículo 274 CP castiga el uso, sin consentimiento del titular, de signos distintivos idénticos o confundibles con marca o nombre comercial registrado, para distinguir los mismos o similares productos o servicios. Distingue varios subtipos: el básico (importación, fabricación, distribución, almacenamiento), el atenuado para venta ambulante u ocasional (mítica figura del «top manta»), y los agravados por circunstancias específicas. La doctrina jurisprudencial valora la confusión globalmente, atendiendo a aspectos fonéticos, visuales y conceptuales del signo confrontado.

Modalidad Atenuada (Art. 274.3 CP)

El apartado tercero del artículo 274 CP contempla una modalidad atenuada para la venta ambulante u ocasional, con pena de multa de 1 a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 60 días. Esta atenuación es de aplicación frecuente en supuestos de venta callejera de productos falsificados (el llamado «top manta») y exige análisis cuidadoso de las circunstancias del caso: precariedad económica del vendedor, ausencia de organización empresarial, escasa relevancia económica de la actividad.

Cuestiones Probatorias Específicas

La prueba en estos delitos exige análisis técnico riguroso: certificación de la inscripción del derecho en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO); pericial técnica sobre la concreta infracción (análisis comparativo de signos, examen técnico de patentes); cuantificación del perjuicio a efectos de responsabilidad civil; análisis de la cadena de suministro en supuestos de distribución. La defensa puede impugnar la registrabilidad del derecho, su efectiva infracción o el conocimiento del autor.

Estrategia de Defensa

Articulamos la defensa atendiendo a: análisis del alcance real del derecho registrado, discusión sobre la efectiva infracción técnica, error sobre el carácter protegido del objeto, aplicación del tipo atenuado para supuestos de venta ocasional, discusión sobre el ánimo de lucro y el dolo, distinción entre infracción civil y penal, impugnación de la pericial técnica oficial, valoración de atenuantes y, en su caso, negociación de conformidades. Actuamos ante los Juzgados de Instrucción, los Juzgados de lo Penal, las Audiencias Provinciales, así como ante los Juzgados de lo Mercantil cuando concurren acciones civiles paralelas.

Fases del Procedimiento y Órgano Judicial Competente

La instrucción de un delito contra la propiedad industrial suele iniciarse a partir de una denuncia o querella del titular del derecho registrado, aunque también puede surgir de una intervención de oficio cuando intervienen Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o la propia Agencia Tributaria en aprehensiones de mercancía. Por regla general, la competencia para instruir corresponde al Juzgado de Instrucción del lugar donde se cometieron los hechos, y el enjuiciamiento, dada la pena prevista en los artículos 273 a 275 CP, recae habitualmente en el Juzgado de lo Penal. La fase de instrucción se orienta a fijar el alcance de la conducta, el volumen de los productos afectados y la existencia o no del registro vigente en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Conviene tener presente una particularidad: cuando la falsificación de marcas se entrelaza con la importación de mercancía a través de aduanas, puede aparecer además un posible contrabando, tipificado en su ley especial (LO 12/1995) y no en el Código Penal; tanto el delito contra la propiedad industrial como el contrabando ordinario de mercancía falsificada se enjuician ante la jurisdicción penal ordinaria, quedando la Audiencia Nacional reservada al contrabando de material de defensa o de doble uso (art. 65 LOPJ). Esta dualidad de fueros obliga a un análisis precoz del relato de hechos, porque el órgano competente condiciona la estrategia procesal, los plazos y el régimen de medidas cautelares. Una defensa diligente examina desde el primer momento si la calificación de contrabando está realmente justificada o si se ha sobredimensionado para desplazar la competencia.

Prescripción del Delito y Cómputo de los Plazos

La prescripción es una de las primeras cuestiones que debe verificarse en cualquier defensa por delitos contra la propiedad industrial. El artículo 131 CP fija los plazos en función de la pena máxima señalada al delito. Las figuras del Capítulo XI están castigadas con penas de prisión cuyo límite superior no excede de cinco años, lo que las sitúa en la categoría de delitos menos graves. Por aplicación directa de la regla legal, cuando la pena máxima de prisión es igual o inferior a cinco años el delito prescribe a los cinco años. Para la modalidad atenuada de venta ambulante u ocasional del artículo 274.3 CP, cuyo marco penal es más reducido, el plazo de prescripción sigue siendo de cinco años por situarse igualmente por debajo de ese umbral.

El cómputo del plazo comienza el día en que se haya cometido la infracción punible; en conductas que se prolongan en el tiempo, como una distribución continuada, el dies a quo se desplaza al momento en que cesó la actividad delictiva. La prescripción se interrumpe cuando el procedimiento se dirige de forma efectiva contra la persona indiciariamente responsable, no por meras diligencias indeterminadas. Por ello la defensa debe analizar con detalle las fechas de los hechos, la data de la denuncia y el momento procesal en que el investigado quedó identificado, porque un cálculo riguroso puede revelar que la acción penal ya estaba extinguida, lo que constituye una causa de archivo o de absolución a apreciar incluso de oficio.

La Frontera con la Vía Civil, Mercantil y de Competencia

No toda infracción de un derecho de propiedad industrial constituye delito. El Derecho dispone de un cauce civil y mercantil propio, articulado a través de la Ley de Marcas, la Ley de Patentes y la normativa de competencia desleal, que permite al titular reclamar la cesación de la conducta, la indemnización de daños y perjuicios y la retirada del mercado de los productos infractores sin necesidad de acudir al proceso penal. La intervención del Derecho penal queda reservada, por su carácter de última ratio, a las conductas dolosas más graves, realizadas con fines industriales o comerciales y con conocimiento del registro ajeno, en las que concurre una verdadera reproducción o imitación de signos idénticos o confundibles.

Esta delimitación es un terreno fértil para la defensa. En muchos asuntos, lo que existe es un conflicto sobre el alcance del derecho registrado, una controversia sobre la confundibilidad de los signos o una cuestión de agotamiento del derecho de marca que pertenece de lleno al ámbito mercantil. Cuando el debate es esencialmente sobre la validez, el alcance o la interpretación del registro, lo procedente puede ser que ese núcleo se resuelva en sede civil, sin que el proceso penal sirva para anticipar una decisión que corresponde a la jurisdicción especializada. Argumentar la falta de dolo, la inexistencia de riesgo real de confusión o la naturaleza meramente contractual o concurrencial del conflicto permite desplazar el asunto a su cauce natural y evitar una respuesta penal desproporcionada.

Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y Programas de Cumplimiento

Cuando los hechos se cometen en el seno de una empresa, en su nombre o por cuenta de ella y en su beneficio directo o indirecto, puede activarse la responsabilidad penal de la persona jurídica conforme al artículo 31 bis CP. En el ámbito de la propiedad industrial esto adquiere relevancia en estructuras de fabricación, importación o distribución, donde la sociedad puede llegar a responder de forma autónoma respecto de las personas físicas que materialmente ejecutaron la conducta. La persona jurídica se expone a penas de multa y, en su caso, a otras consecuencias como la suspensión de actividades, la clausura de locales o la prohibición de realizar determinadas operaciones.

La existencia de un programa de cumplimiento normativo idóneo, adoptado y ejecutado eficazmente con anterioridad a los hechos, opera como mecanismo de exención o atenuación de esa responsabilidad. En materia de propiedad industrial, un modelo de prevención sólido incluye procedimientos de verificación de proveedores y de la cadena de suministro, controles de los derechos de marca y patente sobre los productos comercializados, formación del personal y canales internos de denuncia. La defensa de la entidad debe acreditar la realidad y la eficacia de esos controles, así como la posible existencia de un comportamiento individual que eluda fraudulentamente el modelo. Por otra parte, la reparación del daño antes del juicio, prevista como atenuante en el artículo 21.5 CP, junto con la posibilidad de alcanzar una conformidad y de solicitar la suspensión de la pena de prisión cuando concurren los requisitos legales, son herramientas que conviene valorar de forma temprana para minimizar las consecuencias del procedimiento.