Abogado Usurpación

Los delitos de usurpación, regulados en los artículos 245 a 247 del Código Penal, castigan la ocupación de inmuebles ajenos sin autorización del titular, así como la alteración de términos o lindes y el desvío del curso de las aguas. Constituyen uno de los grupos delictivos de mayor actualidad social y mediática, especialmente en su modalidad de ocupación pacífica de inmuebles, y exigen una defensa técnica que distinga con precisión entre los distintos tipos penales aplicables y los regímenes procesales correspondientes.

Marco Legal del Capítulo V

El Capítulo V del Título XIII del Libro II del Código Penal regula los delitos de usurpación en sus distintas modalidades. El artículo 245.1 CP castiga con prisión de 1 a 2 años al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena. El artículo 245.2 CP castiga con pena de multa de 3 a 6 meses al que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular. El artículo 246 CP castiga la alteración de términos o lindes con multa o prisión. El artículo 247 CP castiga el desvío del curso de las aguas.

Distinción con el Allanamiento de Morada (Art. 202 CP)

Una distinción técnicamente esencial es la frontera entre el delito de usurpación del artículo 245 CP y el allanamiento de morada del artículo 202 CP. El allanamiento de morada protege la inviolabilidad del domicilio (Art. 18.2 CE) y se aplica cuando el inmueble ocupado constituye morada de una persona física (vivienda habitada, segunda residencia con uso efectivo). La usurpación se aplica cuando el inmueble no constituye morada (locales, naves, edificios desocupados, viviendas no habitadas). Las penas son sustancialmente distintas: el allanamiento puede alcanzar prisión de 6 meses a 2 años (con agravantes hasta 4 años), mientras que la usurpación pacífica es una mera multa.

Concepto Jurídico de Morada

La doctrina del Tribunal Supremo ha consolidado un concepto amplio de morada que incluye no solo la vivienda permanente sino también la segunda residencia con uso efectivo, las habitaciones de hotel ocupadas, los espacios donde la persona desarrolla aspectos de su intimidad. La defensa debe analizar cuidadosamente: si el inmueble ocupado era morada en el momento de los hechos, si había uso efectivo y actual, si existían enseres personales y signos de habitabilidad. La calificación entre usurpación y allanamiento puede transformar radicalmente la respuesta penal.

Usurpación Pacífica y Desalojo

La modalidad del artículo 245.2 CP (ocupación pacífica) ha cobrado especial relevancia por su recurrencia social. Su tramitación procesal frecuente sigue el cauce del delito leve (juicio rápido) con la consiguiente celeridad. La cuestión del desalojo escapa estrictamente al ámbito penal: las medidas cautelares de desalojo se canalizan habitualmente por la vía civil (Ley 5/2018 sobre ocupación ilegal de viviendas) o, en supuestos limitados, por la vía penal cuando es viable la restitución urgente.

Defensas Específicas

Las líneas de defensa más relevantes incluyen: existencia de título o cobertura jurídica que justifique la ocupación (alquiler verbal, autorización del titular real, situación de tolerancia); discusión sobre la titularidad del inmueble; error sobre la propiedad ajena (creencia razonable de tener derecho); estado de necesidad en supuestos extremos (Art. 20.5 CP); discusión sobre la integración del concepto de morada en supuestos limítrofes; discusión sobre la ocupación efectiva (mera presencia ocasional vs. ocupación con vocación de permanencia).

Estrategia de Defensa

Articulamos la defensa atendiendo a: análisis riguroso de la calificación entre allanamiento y usurpación, aportación de prueba documental sobre la posible existencia de título, discusión sobre la concurrencia del concepto de morada, análisis del elemento subjetivo y posibles errores excluyentes, valoración de atenuantes (reparación, dilaciones, estado de necesidad parcial), articulación con los procedimientos civiles paralelos de desalojo, y negociación de conformidades cuando los hechos son indefendibles. Actuamos ante los Juzgados de Instrucción, los Juzgados de lo Penal, los Juzgados de Primera Instancia y las Audiencias Provinciales.

Tramitación Procesal y Juzgado Competente

La usurpación se instruye, con carácter general, por los cauces del procedimiento abreviado, dado que la pena máxima prevista (prisión de uno a dos años en el tipo violento o intimidatorio del Art. 245.1 CP) queda muy por debajo del umbral de los nueve años. El enjuiciamiento corresponde al Juzgado de lo Penal del partido donde radica el inmueble, sin que en ningún caso entre en juego la competencia de la Audiencia Nacional. En la modalidad pacífica del Art. 245.2 CP, sancionada solo con multa de tres a seis meses, la causa suele ventilarse igualmente ante el Juzgado de lo Penal una vez concluida la fase de instrucción en el Juzgado de Instrucción.

El recorrido típico arranca con la denuncia o querella del titular, la incoación de diligencias previas, la toma de declaración del investigado y la práctica de la prueba sobre la ocupación. Conviene intervenir desde el primer momento: la calificación inicial como Art. 245.1 frente al 245.2 condiciona toda la estrategia, porque la ausencia de violencia o intimidación sobre las personas o de fuerza en las cosas degrada la conducta al tipo solo multado. La defensa debe vigilar que no se confunda la fuerza para entrar con la violencia exigida por el subtipo agravado, error frecuente en las primeras calificaciones.

Prescripción del Delito según el Artículo 131 CP

Los plazos de prescripción de la usurpación se calculan conforme al Art. 131 CP atendiendo a la pena máxima señalada a cada tipo. La ocupación pacífica del Art. 245.2 CP, castigada únicamente con multa de tres a seis meses, es un delito menos grave y prescribe a los cinco años. El mismo plazo de cinco años rige para la ocupación violenta o intimidatoria del Art. 245.1 CP, cuya pena máxima de dos años de prisión no supera el umbral de cinco años. Idéntica regla se aplica a la alteración de lindes del Art. 246 CP y a la distracción de aguas del Art. 247 CP.

Solo descenderían a un año de prescripción los supuestos que, por su escasa cuantía, llegaran a configurarse como delito leve, hipótesis residual en esta materia. No existe un tramo intermedio de tres años: o el delito prescribe a los cinco años por su carácter menos grave, o a un año si fuera leve. El cómputo se inicia el día en que se consuma la conducta; conviene recordar que la usurpación tiene naturaleza permanente, de modo que el plazo empieza a correr cuando cesa la situación antijurídica de ocupación, lo que retrasa de forma relevante el dies a quo.

Restitución del Inmueble y Responsabilidad Civil

La condena por usurpación arrastra, como contenido civil del fallo, la obligación de restituir el inmueble a su legítimo poseedor y de reparar los daños y perjuicios ocasionados durante la ocupación. La responsabilidad civil abarca el deterioro material del bien, los gastos de suministros consumidos y, en su caso, el valor de uso del inmueble durante el periodo en que el titular se vio privado de él. La cuantificación de estos conceptos exige soporte probatorio: facturas, informes periciales de tasación del daño y acreditación documental de la titularidad o del derecho posesorio.

Cuando se reclama el valor de uso o el lucro cesante conviene examinar críticamente la valoración propuesta por la acusación, pues no basta una estimación genérica de renta de mercado sin base pericial. La defensa puede discutir la realidad y el alcance de los daños imputados, deslindando los preexistentes de los efectivamente causados por la ocupación. En la modalidad del Art. 245.1, además, la propia pena de prisión (de uno a dos años) se fija teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado, lo que convierte la determinación de ese beneficio en un punto técnico de defensa de primer orden.

Conformidad, Atenuante de Reparación y Suspensión de la Pena

Dado que las penas asociadas a la usurpación se mueven en una franja moderada, la reparación del daño antes del juicio tiene un efecto procesal muy apreciable. La devolución voluntaria del inmueble y el resarcimiento de los perjuicios pueden fundamentar la atenuante de reparación del Art. 21.5 CP, que rebaja la respuesta penal y, cuando concurre como muy cualificada, permite descender la pena de forma significativa. Esta vía es especialmente relevante en el Art. 245.1, donde el abandono del inmueble y la satisfacción del beneficio obtenido refuerzan la posición defensiva.

La conformidad es otra herramienta a valorar cuando la prueba de cargo es sólida: pactar una calificación ajustada y una pena reducida puede resultar preferible a un juicio incierto, sobre todo si se combina con la atenuante de reparación. En cuanto a la pena privativa de libertad del Art. 245.1, al no exceder de dos años resulta en principio susceptible de suspensión conforme a los Arts. 80 y siguientes CP para penado primario, lo que evita el ingreso efectivo en prisión. La modalidad pacífica del Art. 245.2, sancionada solo con multa, no plantea problema de ingreso pero sí de eventual responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.