Abogados Fraude a la Seguridad Social y de Subvenciones

Qué Es el Fraude a la Seguridad Social

El art. 307 del Código Penal castiga a quien, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando de deducciones indebidas, siempre que la cuantía defraudada exceda de 50.000 euros. La pena es de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía. El precepto contempla además un tipo agravado (art. 307 bis) y un tipo específico para la obtención fraudulenta de prestaciones del sistema de la Seguridad Social (art. 307 ter).

La mera presentación de los documentos de cotización no excluye la defraudación cuando ésta se acredita por otros hechos. Junto a la pena, se impone la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

Fraude de Subvenciones y Ayudas Públicas

El art. 308 del Código Penal sanciona a quien obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas, incluida la Unión Europea, por importe superior a 100.000 euros, falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubieran impedido. Con la misma pena se castiga a quien, en una actividad sufragada con fondos públicos, los aplique por importe superior a 100.000 euros a fines distintos de aquellos para los que la ayuda fue concedida. La pena es de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo del importe. La gestión de fondos europeos ha incrementado la relevancia de esta figura.

Los Umbrales: 50.000 y 100.000 Euros

La cuantía es decisiva. El delito de defraudación a la Seguridad Social exige superar los 50.000 euros; el fraude de subvenciones, los 100.000 euros. Por debajo de esos umbrales, la conducta no constituye delito, sino una infracción administrativa que se sanciona por la vía correspondiente. La determinación exacta de la cuantía es, por ello, uno de los terrenos centrales de la defensa, y suele requerir prueba pericial. El tipo agravado del art. 307 bis se reserva para supuestos de cuantía especialmente elevada o de especial gravedad por el modo de comisión.

La Regularización y el Reintegro

Tanto el art. 307 como el art. 308 prevén una excusa absolutoria: la regularización completa de la situación ante la Seguridad Social y el reintegro de la subvención excluyen la responsabilidad penal, siempre que se realicen de forma tempestiva, esto es, antes de que el obligado conozca el inicio de actuaciones de comprobación o investigación y, en su defecto, antes de que se interponga querella o denuncia o de que el Ministerio Fiscal o el juez realicen actuaciones. Valorar si la regularización o el reintegro siguen siendo posibles es una de las primeras decisiones de la defensa.

Estrategia de Defensa

La defensa se construye sobre varios ejes. La pericial de cuantificación, para discutir si realmente se supera el umbral que convierte la conducta en delito. El análisis del dolo, porque una discrepancia interpretativa razonable o un error no equivalen al ánimo defraudatorio. La valoración de la regularización o el reintegro cuando todavía son posibles. Y la coordinación con el procedimiento administrativo de la Tesorería General de la Seguridad Social o del órgano concedente de la subvención.

Del Acta de la Inspección al Proceso Penal: Cómo Empieza el Procedimiento

La inmensa mayoría de estos procedimientos no nacen de una denuncia, sino del trabajo de la Inspección. Cuando la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social o el órgano gestor de la subvención detectan indicios de una defraudación que supera el umbral penal, paralizan la vía administrativa y pasan el llamado tanto de culpa al Ministerio Fiscal o al juzgado. Ese expediente, con su informe técnico y su cuantificación de la cuota presuntamente defraudada, se convierte en la columna vertebral de la acusación. Conocer ese expediente desde el primer minuto es decisivo: muchas defensas se ganan o se pierden por lo que se hizo, o no se hizo, durante la fase de inspección previa.

Una vez en sede penal, el Fiscal valora si los hechos encajan en el Art. 307 (fraude a la Seguridad Social), en el Art. 308 (fraude de subvenciones) o en el delito fiscal del Art. 305, y formula, en su caso, la denuncia o querella. Conviene tener claro un punto que se confunde a menudo: estos delitos no son competencia de la Audiencia Nacional. Salvo conexión con otros delitos que la ley atribuye expresamente a ese órgano, el enjuiciamiento corresponde a la jurisdicción ordinaria del territorio donde se cometió el fraude.

El tribunal competente se determina por la pena abstracta de cada delito. El Art. 305 y el Art. 307, castigados con prisión de uno a cinco años, se enjuician ante el Juzgado de lo Penal; el tipo agravado del Art. 305 bis y el del Art. 307 bis, con pena de dos a seis años, corresponden a la Audiencia Provincial. Un concurso de delitos no traslada por sí solo el asunto a la Audiencia: lo determinante es la pena máxima prevista en abstracto para cada figura, no la suma de las penas que se piden en el escrito de acusación.

La Prueba Pericial Contable y el Cálculo de la Cuota Defraudada

El corazón de estos procesos es una cifra: la cuota defraudada. De ella depende que se supere el umbral típico (más de 50.000 euros en el Art. 307, más de 100.000 euros en el Art. 308) y, por tanto, que exista o no delito. Esa cuantificación nunca es un dato neutro; es el resultado de un cálculo técnico que admite discusión. El informe de la Inspección o de los actuarios de la Seguridad Social no es una verdad indiscutible, sino una prueba pericial más, sujeta a contradicción en el juicio oral como cualquier otra.

La defensa puede y suele aportar pericial contable propia. Los puntos de fricción habituales son la base de cálculo, los periodos que se computan, la imputación temporal de las bases de cotización o de las cantidades subvencionadas, los gastos o deducciones no admitidos por la Administración y los criterios de periodificación. Pequeñas correcciones en cualquiera de esos parámetros pueden hacer que la cuota baje del umbral penal y que el asunto deje de ser delito para convertirse en una mera infracción administrativa, con consecuencias radicalmente distintas.

Por eso el trabajo del perito de parte no es un complemento, sino una pieza central de la estrategia. Cuestionar la metodología del informe oficial, detectar dobles cómputos, identificar partidas mal imputadas o discutir el criterio de prorrateo es, en muchos casos, la vía más eficaz para situar la cifra por debajo del límite típico o, al menos, para sembrar la duda razonable que exige una condena penal.

Liquidación Administrativa y Proceso Penal: La Vía Penal Autónoma desde la LO 7/2012

Durante años, el inicio de un proceso penal por fraude a la Hacienda Pública o a la Seguridad Social paralizaba la actuación administrativa: la deuda quedaba en suspenso a la espera de la sentencia penal, bajo el clásico esquema de la cuestión prejudicial. La reforma operada por la Ley Orgánica 7/2012 cambió esa lógica. Hoy la Administración puede liquidar y, en su caso, recaudar la deuda vinculada al presunto delito sin esperar al desenlace del proceso penal, que discurre por una vía autónoma y propia.

Esto significa que el contribuyente o el beneficiario de la ayuda puede encontrarse con dos frentes abiertos a la vez: la liquidación y el cobro por parte de la Administración, de un lado, y la imputación penal, de otro. Ambas vías no son del todo independientes —la sentencia penal sigue prevaleciendo sobre los hechos que el tribunal declare probados—, pero su tramitación paralela obliga a una coordinación cuidadosa para que lo que se afirme en sede administrativa no perjudique la posición en el proceso penal, y viceversa.

Aquí conviene no mezclar dos plazos que responden a lógicas distintas. La deuda tributaria o de cotización prescribe, en vía administrativa, a los cuatro años. La responsabilidad penal por el delito sigue las reglas del Art. 131 del Código Penal en función de la pena: cinco años para el Art. 305 y el Art. 307 (pena de uno a cinco años) y diez años para los tipos agravados del Art. 305 bis y el Art. 307 bis (pena de dos a seis años); el fraude de subvenciones del Art. 308 prescribe también a los cinco años. Que la deuda esté prescrita administrativamente no implica que lo esté el delito, ni a la inversa.

Responsabilidad del Asesor, de la Empresa y Vías de Reparación

En estos delitos rara vez actúa una sola persona. El asesor fiscal, el gestor o el contable que diseña o ejecuta la maquinación defraudatoria puede responder penalmente como cooperador necesario, si su aportación fue esencial para la comisión del hecho. No basta con haber asesorado: la línea decisiva está entre el consejo profesional prestado de buena fe sobre datos facilitados por el cliente y la participación activa y consciente en la ocultación o el engaño. Delimitar con precisión ese papel es esencial tanto para el asesor como para el cliente, cuyas defensas pueden entrar en conflicto.

Cuando el fraude se comete en el seno de una sociedad, entra en juego la responsabilidad penal de la persona jurídica del Art. 310 bis, que prevé multas y, en su caso, otras consecuencias para la propia empresa, con independencia de la responsabilidad de los administradores. Un programa de cumplimiento tributario serio y eficaz, previo a los hechos, puede atenuar o excluir esa responsabilidad corporativa, lo que convierte la prevención en parte de la propia defensa.

Por último, conviene distinguir la regularización del Art. 307.3 y del Art. 308.6 —que extingue la responsabilidad si es completa y espontánea— de la reparación tardía. Cuando ya no cabe la excusa absolutoria, el reconocimiento de los hechos mediante conformidad y el reintegro de lo defraudado más sus intereses pueden operar como atenuantes y modular sustancialmente la pena. La responsabilidad civil derivada del delito comprende, precisamente, esa cuota defraudada incrementada con los intereses, una cifra que también puede discutirse técnicamente.