Abogados Siniestralidad Laboral
Defensa y acusación en accidentes laborales con resultado de muerte o lesiones graves.
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Los delitos contra la seguridad y salud de los trabajadores castigan a quienes, estando legalmente obligados, no facilitan los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, poniendo en peligro grave su vida, salud o integridad física. Regulados en los artículos 316 a 318 del Código Penal, constituyen la vertiente penal de la normativa de prevención de riesgos laborales.
El Delito de Riesgo (Art. 316 CP)
El artículo 316 CP castiga con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses a quienes, infringiendo las normas de prevención de riesgos laborales, pongan en peligro grave la vida, salud o integridad física de los trabajadores. Es un delito de peligro concreto: no requiere resultado lesivo, basta con la creación del riesgo. Si además se produce muerte o lesiones, concurre con homicidio o lesiones imprudentes.
Sujetos Responsables
Los responsables penales pueden ser: el empresario titular del centro de trabajo, los administradores y directivos de la empresa, los técnicos de prevención que omitieron medidas, los coordinadores de seguridad en obras de construcción, y los encargados o jefes de obra con poder de decisión sobre las condiciones de trabajo.
Imprudencia (Art. 317 CP)
El artículo 317 CP introduce la modalidad imprudente: si la infracción de las normas de prevención se debe a imprudencia grave (no dolo), la pena es inferior en grado. Esta modalidad es la más frecuente en la práctica: el empresario no busca el accidente, pero su negligencia grave en materia de seguridad lo provoca.
Persona Jurídica (Art. 318 CP)
El artículo 318 CP establece que cuando los hechos se atribuyan a personas jurídicas, la pena se impondrá a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello.
Guía de Defensa en Derecho Penal Económico: Fiscales, Blanqueo y Societarios
El Derecho Penal Económico abarca los delitos de mayor gravedad patrimonial del Código Penal español. El delito fiscal (Art. 305 CP), el blanqueo de capitales (Art. 301 CP) y los delitos societarios (Arts. 290-297 CP) son infracciones complejas que exigen una defensa que combina el dominio del Derecho Penal con conocimientos profundos de contabilidad, fiscalidad internacional y estructura corporativa. Como abogados penalistas especialistas en delito económico, ofrecemos una defensa integral que analiza cada detalle contable y fiscal junto a la estrategia procesal penal.
Cuadro de Penas: Delitos Económicos
| Delito | Umbral / Artículo | Pena |
|---|---|---|
| Delito fiscal (Art. 305 CP) | >120.000 € defraudados | 1 – 5 años + multa x6 |
| Delito fiscal agravado | >600.000 € / trama organizada | 2 – 6 años |
| Blanqueo de capitales (Art. 301) | Cualquier cuantía | 6 meses – 6 años |
| Blanqueo agravado | Organización / sistema financiero | Hasta 9 años |
| Delito societario (Art. 290) | Falsedad en cuenta | 1 – 3 años |
| Insolvencia punible (Art. 259) | Concurso culpable fraudulento | 1 – 4 años |
| Corrupción entre privados (Art. 286 bis) | En el marco empresarial | 6 meses – 4 años |
Estrategias Defensivas en Delito Económico
Regularización tributaria (Art. 305.4 CP)
Pagar íntegramente la deuda tributaria antes de que el Ministerio Fiscal formalice la acusación extingue el delito. Es la defensa más poderosa y definitiva en delito fiscal.
Impugnar el umbral de los 120.000 €
El método de cálculo de la Agencia Tributaria es frecuentemente discutible. Una pericia contable independiente puede situar la cuota defraudada por debajo del umbral penal.
Autoblanqueo y non bis in idem
Los tribunales españoles debaten si el delito previo y el blanqueo de los propios fondos pueden castigarse simultáneamente. La doble incriminación tiene límites constitucionales.
Delito societario: daño real vs. potencial
Los delitos del Art. 290-295 CP requieren un perjuicio económico efectivo a la sociedad o sus socios. Si el daño fue especulativo o la sociedad no sufrió pérdida real, no hay delito.
Criminal Compliance como prueba defensiva
La existencia de un programa de cumplimiento normativo (compliance penal) eficaz puede exonerar a la persona jurídica (Art. 31 bis 2 CP) o atenuar la responsabilidad individual directiva.
Prescripción del delito fiscal
El delito fiscal prescribe a los 5 años desde la presentación de la declaración o el plazo de presentación. La prescripción tributaria (4 años) y la penal son autónomas — impugnarlas por separado es estratégico.
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El sistema judicial es complejo. Contamos con la especialización penal y los recursos técnicos necesarios para asumir la defensa.