Abogados de Libertad Condicional (Arts. 90 a 92 CP)

Su familiar puede pedir la libertad condicional: qué pasa ahora y quién decide

Desde 2015 la libertad condicional no es un cuarto grado de clasificación: es la suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión que acuerda el Juez de Vigilancia Penitenciaria (artículos 90 a 92 CP). La pena no se extingue el día que su familiar sale: queda suspendida durante un plazo de prueba. Y quien decide no es el centro, sino un juez, previa propuesta de la Junta de Tratamiento e informe del Fiscal.

La Junta debe iniciar el expediente con la antelación necesaria para que la concesión no sufra retraso (artículo 194 del Reglamento Penitenciario, RD 190/1996) y elevarlo al Juzgado de Vigilancia antes de que se cumpla el tiempo de condena requerido (artículo 198 RP), con los documentos del artículo 195 RP: informe pronóstico de integración social, programa individual de libertad condicional, acta de compromiso de acogida y manifestación sobre residencia y medio de vida —los tres últimos solo se acreditan desde fuera del centro—. No hay fecha de resolución garantizada: hay una fecha aritmética desde la cual la petición es viable y un expediente que llega a ella completo o incompleto.

Qué hacer (y qué no) antes de pedir la libertad condicional

• No dé por buena una fecha calculada de memoria. Se calculan sobre la liquidación de condena, la refundición y, en su caso, la acumulación, con el abono de la prisión provisional del artículo 58 CP ya practicado. Un error ahí la retrasa y nadie lo corrige de oficio.
• No la pida si su familiar no está en tercer grado. El artículo 90.1 a) CP lo exige y los apartados 2 y 3 remiten al mismo requisito. Si sigue en segundo grado, el paso previo es la progresión a tercer grado.
• No deje la responsabilidad civil para el final, ni declare su patrimonio a medias. No se exige el pago íntegro, sino la conducta observada para reparar el daño y la capacidad real del penado; el artículo 90.4 CP, en cambio, permite denegar la suspensión por información patrimonial inexacta. Y no interrumpa las actividades: en las modalidades adelantadas son un requisito legal, no un mérito.

Las cuatro puertas del artículo 90 CP: qué fracción de condena abre cada una

El artículo 90 CP no contiene una vía, sino cuatro, con requisitos que se solapan sin coincidir. Identificar cuál encaja es la primera decisión técnica.

• Ordinaria (artículo 90.1 CP): tres cuartas partes. Tercer grado, tres cuartas partes de la pena impuesta extinguidas y buena conducta. Añade, in fine, que no se concederá la suspensión si no se ha satisfecho la responsabilidad civil conforme a los apartados 5 y 6 del artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
• Adelantada (artículo 90.2 CP): dos terceras partes. Dos tercios extinguidos y actividades laborales, culturales u ocupacionales desarrolladas de forma continuada o con aprovechamiento del que se derive una modificación relevante y favorable de las circunstancias personales ligadas a la actividad delictiva previa, más los requisitos del apartado 1 salvo las tres cuartas partes.
• Cualificada (artículo 90.2, párrafo 2.º CP): desde la mitad. Permite anticipar la concesión hasta noventa días por año de cumplimiento efectivo; se desarrolla más abajo.
• Excepcional (artículo 90.3 CP): la mitad, en penas cortas. Primera condena de prisión no superior a tres años, mitad extinguida y los requisitos del apartado 1 salvo las tres cuartas partes, más las actividades de la letra b) del apartado 2. No es aplicable a los penados que lo hayan sido por la comisión de un delito contra la libertad e indemnidad sexuales.

El artículo 90.8 CP añade una exclusión que comprobar antes de calcular nada: los apartados 2 y 3 no se aplican a los condenados por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales ni a los del Capítulo VII del Título XXII del Libro II.

El adelantamiento cualificado: hasta noventa días por año desde la mitad de la condena

El párrafo segundo del artículo 90.2 CP permite al Juez de Vigilancia, a propuesta de Instituciones Penitenciarias y previo informe del Ministerio Fiscal y de las demás partes, adelantar la concesión una vez extinguida la mitad de la condena, hasta un máximo de noventa días por cada año transcurrido de cumplimiento efectivo, en relación con el plazo del apartado 1 —las tres cuartas partes—. La mitad opera como suelo infranqueable.

Los requisitos son acumulativos: las letras a) y c) del apartado 1 —tercer grado y buena conducta—; haber desarrollado continuadamente las actividades de la letra b) del apartado 2; y acreditar la participación efectiva y favorable en programas de reparación a las víctimas o en programas de tratamiento o desintoxicación, en su caso. No basta con figurar inscrito: se prueba con certificaciones de asistencia e informes de aprovechamiento. Es una facultad motivada, no un derecho automático.

Requisitos del artículo 90.1 CP y cómo se acreditan

Cumplidos los requisitos formales, el artículo 90.1 CP ordena valorar un conjunto tasado de elementos: la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración, su conducta durante el cumplimiento, sus circunstancias familiares y sociales y los efectos esperables de la propia suspensión. La pieza central es el informe pronóstico final de la Junta de Tratamiento (artículo 67 LOGP), con un juicio de probabilidad sobre el comportamiento futuro en libertad. Frente a un pronóstico apoyado en baremos mecánicos cabe aportar pericial psicológica independiente y acreditación de arraigo, alojamiento y oferta laboral.

Responsabilidad civil y decomiso: la causa de denegación más frecuente

La mayoría de las denegaciones no discuten el pronóstico: discuten el dinero. El artículo 90.1 CP in fine es terminante, pero remite la exigencia a los apartados 5 y 6 del artículo 72 LOGP, y ahí el criterio deja de ser aritmético: se valoran la conducta observada para restituir, reparar e indemnizar y las condiciones personales y patrimoniales del penado, para medir su capacidad real.

A ello se suma el artículo 90.4 CP, causa de denegación autónoma que suele ignorarse hasta que aparece en el auto: cabe denegar la suspensión cuando el penado haya dado información inexacta o insuficiente sobre el paradero de bienes u objetos cuyo decomiso hubiera sido acordado; cuando no dé cumplimiento, conforme a su capacidad, al compromiso de pago de las responsabilidades civiles; o cuando facilite información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio, incumpliendo la obligación del artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Su párrafo segundo añade un supuesto propio de los delitos del Título XIX del Libro II: haber eludido las responsabilidades pecuniarias o la reparación del daño causado a la Administración. El obstáculo no es la insolvencia, sino la opacidad.

Septuagenarios y enfermos muy graves: el artículo 91 CP

El artículo 91 CP no adelanta la fecha: la suprime. Los penados que hubieran cumplido setenta años, o los cumplan durante la extinción de la condena, y los enfermos muy graves con padecimientos incurables acreditados por los informes médicos necesarios pueden obtener la suspensión reuniendo los requisitos del artículo anterior excepto el de haber extinguido las tres cuartas partes, las dos terceras partes o, en su caso, la mitad. La palabra excepto es decisiva: la dispensa alcanza solo al requisito temporal, y el resto —el tercer grado incluido— sigue en pie. Lo resuelve el artículo 104.4 RP, que permite clasificarlos en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal.

La tramitación es de oficio y urgente: conforme al artículo 91.2 CP, en cuanto consta a la Administración que el interno se halla en alguno de esos supuestos debe elevar el expediente con la urgencia que el caso requiera, y el juez valorará, junto a las circunstancias personales, la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad. El artículo 196 RP exige además el informe médico acreditativo de la gravedad e irreversibilidad de la enfermedad.

El artículo 91.3 CP es el escalón extremo: cuando el peligro para la vida del interno sea patente y lo acrediten el dictamen del médico forense y los servicios médicos del establecimiento, la suspensión puede acordarse sin necesidad de acreditar ningún otro requisito —tampoco el tercer grado—, valorada la falta de peligrosidad relevante y sin más trámite que el informe de pronóstico final. A cambio, queda obligado a facilitar la información necesaria para seguir la evolución de su enfermedad, bajo pena de revocación.

Prisión permanente revisable: el régimen propio del artículo 92 CP

Aquí no rige el artículo 90 y la competencia es del tribunal. Exige haber cumplido veinticinco años de condena —sin perjuicio del artículo 78 bis CP—, tercer grado y pronóstico favorable de reinserción, y se resuelve tras un procedimiento oral y contradictorio. Dura de cinco a diez años desde la puesta en libertad, con verificación judicial al menos cada dos años.

Condiciones, revocación y extinción de la pena

El artículo 90.5 CP declara aplicables los artículos 83, 86 y 87 CP. Por la vía del artículo 83 el juez puede imponer prohibiciones y deberes necesarios para evitar el peligro de nuevos delitos, sin que resulten excesivos ni desproporcionados: prohibición de aproximarse a la víctima y de comunicar con ella, residencia fijada, comparecencia periódica y programas formativos o de deshabituación. El plazo de suspensión es de dos a cinco años y en ningún caso inferior a la parte de pena pendiente, computado desde la fecha de puesta en libertad. Transcurrido sin delito que impida mantener la expectativa en que se fundaba la decisión, y cumplidas las reglas de conducta, procede la remisión de la pena del artículo 87 CP: ese, y no antes, es el momento en que se extingue.

La revocación procede cuando se pone de manifiesto un cambio de circunstancias que no permita mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad, y por las causas del artículo 86 CP: ser condenado por un delito cometido durante el período de suspensión, incumplir de forma grave o reiterada las prohibiciones impuestas y los supuestos patrimoniales ya vistos. Si el incumplimiento no fue grave ni reiterado, el artículo 86.2 CP permite modificarlas o prorrogar el plazo hasta la mitad del inicialmente fijado. Y la consecuencia que más sorprende a las familias está en el artículo 90.6 CP: la revocación lleva a ejecutar la parte de pena pendiente y el tiempo transcurrido en libertad condicional no se computa como cumplimiento de la condena.

Si le deniegan la libertad condicional: reforma, apelación y queja

El sistema de recursos lo fija la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El primero es común: el recurso de reforma cabe contra todos los autos del Juez de Vigilancia Penitenciaria. El segundo depende de la materia, y ahí está el error más frecuente: las resoluciones en materia de ejecución de penas —y la libertad condicional lo es— son recurribles en apelación y queja ante el tribunal sentenciador, no ante la Audiencia Provincial del establecimiento, competente solo para el régimen penitenciario. Con varias penas resuelve el órgano que impuso la más grave y, si coinciden en gravedad, el que la impuso en último lugar. Si el auto procede de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia —antes Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria—, conoce la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La queja se reserva a la inadmisión de la apelación.

Si la resolución es favorable y recurre la acusación, cuando la apelación versa sobre clasificación o concesión de la libertad condicional, puede llevar a la excarcelación y se trata de un condenado por delito grave, el recurso tiene efecto suspensivo que impide la puesta en libertad hasta que se resuelva, con tramitación preferente y urgente. Y el artículo 90.7 CP permite al juez, cuando no estima la petición, fijar un plazo de seis meses, prolongable motivadamente hasta un año, antes de que pueda plantearse de nuevo. En penados extranjeros sin residencia legal cabe valorar la vía de la expulsión sustitutiva del artículo 89 CP, institución distinta y no una modalidad de libertad condicional.

Cómo interactúa con el resto de su condena

Ninguna fracción se calcula sobre una pena aislada. El artículo 193 RP fija dos reglas: el tiempo de condena indultado se rebaja del total de la pena impuesta, como si fuera una nueva pena de inferior duración; y, con dos o más condenas privativas de libertad, la suma de todas ellas se considera como una sola condena a efectos de la libertad condicional. Esa refundición no extingue ni un solo día, pero fija la fecha en que nace el derecho a solicitarla. No debe confundirse con la acumulación jurídica de los artículos 76 CP y 988 LECrim, que resuelve el tribunal sentenciador y declara extinguido lo que exceda del máximo de cumplimiento.

Inciden además el artículo 78 CP, que en ciertos supuestos refiere el cómputo de beneficios, permisos, tercer grado y libertad condicional a la totalidad de las penas impuestas; el período de seguridad del artículo 36.2 CP, que en penas superiores a cinco años puede impedir el tercer grado hasta la mitad; y el artículo 2.2 CP, que obliga a aplicar retroactivamente la ley penal más favorable incluso a sentencias firmes en ejecución. Para estimar los hitos de cumplimiento puede consultarse nuestra calculadora de cumplimiento de condena y, para el desarrollo general de la figura, nuestra guía sobre requisitos y modalidades de la libertad condicional.