Abogados Penalistas en Obras Ilegales

Construir en suelo no urbanizable o protegido no es solo una infracción administrativa, sino un delito (Art. 319 CP) que puede conllevar penas de prisión y, lo más grave, la demolición de lo construido. Nuestra defensa se centra en demostrar la posible legalización o la prescripción de la acción para salvar su propiedad.

Concepto (Art. 319 CP)

El delito de construcción o edificación ilegal del Art. 319 CP protege la ordenación del territorio y, mediatamente, el medio ambiente y la racional utilización del suelo. Sanciona la realización de obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en determinadas clases de suelo. No basta la mera carencia de licencia: el elemento esencial es que las obras sean no legalizables por contravenir frontalmente la normativa de ordenación. A diferencia de la infracción administrativa, el delito exige esa imposibilidad de legalización y la afectación de suelos especialmente tutelados o no urbanizables.

Modalidades (Art. 319.1 y 2 CP)

El tipo distingue dos niveles según la clase de suelo. El Art. 319.1 CP castiga las obras no autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares de reconocido valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural o especialmente protegidos. El Art. 319.2 CP sanciona la edificación no autorizable en suelo no urbanizable ordinario. La gravedad y la pena se gradúan, por tanto, en función del nivel de protección del suelo afectado, siendo más severa la del Art. 319.1.

Penas y Comiso (Art. 319 CP)

Las penas son escalonadas. El Art. 319.1 CP conlleva prisión de 1 año y 6 meses a 4 años, multa de 12 a 24 meses (salvo que el beneficio obtenido sea superior, en cuyo caso se calcula sobre él) e inhabilitación especial para profesión u oficio de 1 a 4 años. El Art. 319.2 CP prevé prisión de 1 a 3 años junto con la multa e inhabilitación. Procede además el comiso de las ganancias obtenidas con la actividad ilícita, con independencia de las transformaciones que hubieran podido experimentar.

La Demolición (Art. 319.3 CP)

La consecuencia más temida es la demolición. El Art. 319.3 CP faculta a los jueces y tribunales para ordenar, motivadamente y a cargo del autor, la demolición de la obra y la reposición de la realidad física alterada a su estado originario, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe. La jurisprudencia ha consolidado que la demolición no es automática, sino que exige un juicio de proporcionalidad. La defensa orientada a evitarla trabaja la posible legalización sobrevenida, la proporcionalidad de la medida y la situación de los terceros adquirentes.

Defensa y Prescripción

La defensa se articula sobre varios ejes. Primero, la legalizabilidad de las obras: si pueden ajustarse a la normativa o existe cobertura urbanística sobrevenida, decae la tipicidad. Segundo, la clase de suelo: acreditar que no era especialmente protegido ni no urbanizable reconduce los hechos a la vía administrativa. Tercero, la prescripción: debe distinguirse la prescripción del delito (según su pena) de la prescripción de la infracción urbanística y de la acción de restablecimiento, que siguen plazos propios; en construcciones antiguas, la prescripción del delito puede excluir la condena aun subsistiendo la infracción administrativa. Cuarto, la ausencia de dolo o el error sobre la clasificación del suelo.