Abogado de Responsabilidad Penal de las DAO

Las DAO (Decentralized Autonomous Organizations) son organizaciones cuya gobernanza se ejerce mediante votación de los poseedores de tokens en una blockchain. Aunque su diseño busca eliminar intermediarios y autoridades centrales, el derecho penal español no reconoce a la DAO como una entidad autónoma exenta de responsabilidad personal. Cuando una DAO se ve implicada en estafa, blanqueo, manipulación de mercado o delitos societarios, la cuestión clave es: ¿quién responde, y por qué?

Qué Es una DAO ante la Ley y Quién Responde

A falta de regulación específica, la doctrina y los primeros pronunciamientos judiciales asimilan la DAO sin personalidad jurídica formal a una sociedad civil irregular (Art. 1669 CC) o a una comunidad de bienes. La consecuencia es relevante: la responsabilidad penal recae en las personas físicas que actuaron con dominio del hecho, no en la DAO como tal. Si la DAO está envuelta en una foundation (típico en Suiza, Cayman, BVI), la fundación sí puede ser sujeto de imputación, pero la responsabilidad individual subsiste.

Imputación de Tokenholders y Desarrolladores

La imputación de tokenholders exige acreditar más que la mera tenencia de tokens: debe constar participación activa en votaciones que aprobaron la conducta delictiva, conocimiento del designio o ejecución material. Los desarrolladores core tienen mayor exposición por su control técnico: si conservan las multisig keys, pueden modificar smart contracts, congelar fondos o redirigirlos, lo que les sitúa en posición de garante. La defensa debe explorar el grado real de descentralización del proyecto y la capacidad efectiva de cada actor.

Defensa por Descentralización Efectiva

La defensa más sólida es la descentralización efectiva: acreditar que el cliente, aun siendo desarrollador o tokenholder destacado, no tenía control unilateral sobre la conducta delictiva. Requiere prueba técnica (configuración del multisig, distribución de tokens, histórico de votaciones) y prueba documental (whitepaper, documentación pública, comunicaciones internas). Cuando se acredita que la DAO operó como una organización genuinamente descentralizada, la imputación individual se debilita salvo respecto de quienes ejercieron decisiones específicas.

Tesorería de la DAO y Blanqueo

La tesorería (treasury) de la DAO concentra buena parte del riesgo penal: si recibe fondos de origen ilícito o se utiliza para canalizar el producto de un delito, quienes controlan las claves multisig o votan su disposición pueden quedar expuestos a blanqueo (Art. 301 CP). La defensa debe acreditar la trazabilidad lícita de las aportaciones, la transparencia de las votaciones y la ausencia de conocimiento sobre cualquier origen ilícito de los fondos gestionados.

Estrategias para Desarrolladores

El desarrollador es la figura de mayor exposición por su control técnico. La defensa se construye documentando el grado real de ese control: si el código se entregó y se renunció a las claves de administración (renounced ownership), si las decisiones requerían quórum de gobernanza ajeno al desarrollador y si su contribución fue puntual o estructural. Acreditar la pérdida efectiva de control técnico delimita el periodo de responsabilidad y puede excluirla para hechos posteriores a la salida.

Calificación Penal de Cada Conducta y Penas Aplicables

Antes de diseñar una defensa conviene fijar el tipo penal exacto que el Ministerio Fiscal puede atribuir a una conducta vinculada a una DAO, porque de ahí derivan la pena, el plazo de prescripción y la estrategia procesal. La captación engañosa de fondos para un protocolo, con desplazamiento patrimonial inducido por una representación falsa de la realidad, encaja en la estafa de los artículos 248 y 249.1.a CP, castigada en su modalidad básica con prisión que no supera los cinco años. Cuando concurren circunstancias agravantes, como la especial gravedad por el valor de la defraudación, la pluralidad de perjudicados o el abuso de relaciones personales, se aplica el artículo 250.1 CP, e incluso el 250.2 CP, con penas que pueden alcanzar hasta seis u ocho años de prisión.

La gestión y el movimiento de la tesorería de la DAO con activos de origen ilícito se reconduce al blanqueo de capitales del artículo 301 CP, con prisión de seis meses a seis años y multa. La modalidad imprudente del artículo 301.3 CP, que sanciona la falta del deber de diligencia sobre el origen de los fondos, prevé prisión de seis meses a dos años. Si la operativa oculta rendimientos a la Hacienda Pública por encima del umbral típico, entra en juego el delito fiscal del artículo 305 CP, con prisión de uno a cinco años, agravado a dos a seis años por el artículo 305 bis CP cuando la cuota supera el umbral cualificado o se emplean estructuras interpuestas. Identificar el tipo correcto es el primer trabajo técnico de la defensa, porque sobre él se construye todo lo demás.

Plazos de Prescripción del Delito en la Actividad de un Protocolo

La prescripción es una herramienta defensiva de primer orden cuando los hechos se sitúan en los primeros despliegues de un protocolo, y el artículo 131 CP fija plazos que dependen de la pena máxima señalada para el tipo. En la regulación vigente ya no existe el tramo de tres años: los delitos cuya pena máxima no excede de cinco años, como la estafa básica de los artículos 248 y 249.1.a CP, el blanqueo imprudente del artículo 301.3 CP o el delito fiscal del artículo 305 CP, prescriben a los cinco años. Los delitos con pena máxima superior a cinco años prescriben a los diez años.

Por esa regla, la estafa agravada de los artículos 250.1 y 250.2 CP prescribe a los diez años, igual que el blanqueo doloso del artículo 301 CP, que al llevar prisión de hasta seis años se sitúa por encima del umbral de cinco. El delito fiscal agravado del artículo 305 bis CP, con pena de dos a seis años, prescribe también a los diez años. Las infracciones leves castigadas solo con multa prescriben al año. El cómputo arranca el día en que se consuma la conducta, que en operativas continuadas no siempre coincide con el primer despliegue, y se interrumpe cuando el procedimiento se dirige formalmente contra la persona investigada. Determinar con precisión esa fecha de inicio y los actos interruptivos puede ser decisivo para sostener la extinción de la responsabilidad.

Prueba Pericial Forense sobre Blockchain y su Valoración Judicial

En estos procedimientos la prueba reina suele ser la trazabilidad on-chain: análisis de wallets, contratos inteligentes, flujos de tokens y atribución de direcciones a personas físicas. Esa prueba la aporta normalmente un informe pericial forense, y la defensa debe examinar tanto su método como su cadena de custodia. Una atribución de una dirección a un acusado que se apoye solo en heurísticas de agrupamiento de direcciones, en inferencias estadísticas o en datos de plataformas externas no verificados puede ser insuficiente para fundar una condena, porque la firma criptográfica acredita el control de una clave, no necesariamente la identidad de quien la custodia en cada momento.

El tribunal valora esta pericia conforme a las reglas de la sana crítica, contrastando su rigor metodológico, la reproducibilidad de las consultas a la cadena y la imparcialidad del perito. La defensa puede proponer contraperitaje, interrogar sobre los supuestos de partida del análisis y poner de relieve los puntos ciegos del rastreo, especialmente cuando intervienen mezcladores, puentes entre cadenas o protocolos de privacidad que rompen la linealidad del flujo. La doctrina viene exigiendo que la prueba digital garantice integridad e inalterabilidad desde su obtención; cualquier ruptura en la custodia del volcado o en el hash que sella la evidencia abre una vía legítima de impugnación. Trabajar esta capa técnica con peritos solventes es a menudo lo que separa una acusación firme de una imputación que no resiste el juicio oral.

Responsabilidad de la Persona Jurídica y Programas de Cumplimiento

Cuando la DAO se articula sobre una fundación, una sociedad o cualquier entidad con personalidad jurídica que canalice la tesorería o emita el token, puede activarse la responsabilidad penal de la persona jurídica del artículo 31 bis CP. La entidad responde por los delitos cometidos en su nombre o provecho por administradores y representantes, o por quienes están sometidos a su autoridad cuando se ha incumplido gravemente el deber de supervisión. La estafa de los artículos 248 y 250 CP, el blanqueo del artículo 301 CP y el delito fiscal del artículo 305 CP figuran entre las infracciones que pueden atribuirse a la organización, con penas de multa y eventuales consecuencias accesorias como la disolución o la prohibición de actividades.

La defensa de la entidad gira en torno al modelo de organización y gestión previsto en el artículo 31 bis CP. Un programa de cumplimiento idóneo, adoptado y ejecutado con eficacia antes de los hechos, con análisis de riesgos, protocolos de prevención del blanqueo, canal de denuncias y un órgano de vigilancia dotado de autonomía, puede eximir o atenuar la responsabilidad de la persona jurídica. En el ecosistema de un protocolo esto exige adaptar los controles a la realidad técnica: procedimientos de identificación de contrapartes, política sobre el origen de los fondos que nutren la tesorería y registro auditable de las decisiones de gobernanza. Acreditar que esos controles existían y operaban, y no solo que constaban en un documento, es el núcleo de una defensa corporativa solvente.