Abogado Deepfakes e Inteligencia Artificial: Defensa Penal en la Era Digital

Los delitos cometidos mediante deepfakes e inteligencia artificial generativa integran una categoría delictiva emergente que el Código Penal español no tipifica como figura autónoma, pero que se persigue eficazmente reconduciéndola a varios tipos clásicos según la conducta concreta: delitos contra la integridad moral (Art. 173 CP) y, cuando la imagen base sea una grabación íntima real, contra la intimidad (Art. 197.7 CP) en supuestos de deepfake pornográfico no consentido; delitos contra menores (Art. 189 CP) cuando la víctima es menor de edad; usurpación de estado civil (Art. 401 CP) en supuestos de suplantación digital; estafa informática (Art. 248 CP) en operaciones tipo CEO-fraud con voz clonada; injurias y calumnias (Arts. 205-210 CP) en deepfakes difamatorios; y, en su caso, delitos de odio (Art. 510 CP). La doctrina consolidada del Tribunal Supremo en materia de prueba digital y peritaje forense ofrece criterios aplicables a la autenticidad de material audiovisual generado por IA.

Las modalidades típicas son diversas y se sofistican rápidamente. Los deepfakes pornográficos no consentidos: superposición del rostro de una persona real sobre material sexual, frecuentemente vinculados a fenómenos de venganza ex-pareja, sextorsión o cyberbullying escolar. La clonación de voz mediante IA para estafas del CEO (vishing AI), llamadas suplantando familiares en emergencias falsas (estafa del nieto/secuestro virtual), o llamadas a entidades bancarias. La generación de imágenes pornográficas de menores mediante IA, incluso sin víctima real, integra el delito del Art. 189 CP tras la reforma. La manipulación de pruebas judiciales mediante deepfakes que pretenden acreditar conversaciones o conductas inexistentes. El uso de IA para generar phishing masivo, malware polimórfico y campañas de ingeniería social personalizadas. Y la discriminación algorítmica en sistemas de IA desplegados sin las salvaguardas exigidas por el AI Act.

Las penas dependen del tipo aplicable según la conducta concreta. Los deepfakes pornográficos no consentidos sobre adultos, cuando se difunde una imagen íntima real, integran el delito contra la intimidad (Art. 197.7 CP) con prisión de 3 meses a 1 año o multa; el deepfake íntegramente generado por IA se reconduce a la integridad moral (Art. 173 CP) o a las injurias. Los deepfakes con menores (Art. 189 CP) conllevan prisión de 1 a 5 años, ampliable hasta 9 años en supuestos cualificados, junto con la inscripción en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y prohibición vitalicia de trabajar en contacto con menores. La estafa con voz clonada (Arts. 248-250 CP) conlleva 1 a 6 años de prisión. La usurpación de estado civil (Art. 401 CP) sanciona con prisión de 6 meses a 3 años. A las penas privativas de libertad se añade la responsabilidad administrativa por incumplimiento del AI Act (Reglamento UE 2024/1689), con multas que pueden alcanzar 35 millones de euros o el 7% de la facturación global anual.

La defensa técnica y la estrategia de acusación particular articulan varios ejes. Cuando representamos a la víctima, ejecutamos peritaje forense informático especializado para acreditar la naturaleza deepfake del material y, paralelamente, gestionamos la retirada urgente de contenido en redes sociales y buscadores mediante reclamaciones DMCA/RGPD y, en su caso, medidas cautelares judiciales. Solicitamos al juzgado órdenes de retirada, identificación de IPs originarias y bloqueo cautelar de cuentas. Cuando defendemos al investigado, articulamos la autenticidad cuestionada del material mediante contrapericial forense que examine artefactos visuales, metadatos, consistencia temporal, espectrograma de audio y huellas de modelo generativo; la ausencia de dolo en supuestos de uso artístico, paródico o educativo cubiertos por la libertad de expresión; y la impugnación de la cadena de custodia digital cuando el material aportado por la acusación carece de hash, sellado de tiempo o trazabilidad pericial adecuada.

En la práctica forense actual observamos un crecimiento sostenido de procedimientos vinculados a deepfakes e IA generativa. El Reglamento UE 2024/1689 (AI Act) sobre inteligencia artificial y la Ley Orgánica 1/2022 de garantía integral de la libertad sexual han transformado el marco normativo, exigiendo a las plataformas la implementación de protocolos de retirada de contenido sintético. En Alonso Sala abordamos cada expediente como un caso técnico-jurídico especializado: coordinamos peritos forenses informáticos, expertos en visión por computador y consultores de cumplimiento del AI Act, con la urgencia, la discreción y el rigor científico que estos asuntos requieren.