Deepfakes como Prueba Penal: Detección e Impugnación

Un deepfake es contenido audiovisual generado o modificado por inteligencia artificial generativa (GAN, modelos de difusión) que reemplaza el rostro, la voz o el cuerpo de una persona con verosimilitud creciente. En el proceso penal aparece en dos posiciones opuestas: (1) como prueba de cargo, cuando se aporta un vídeo o audio aparentemente inculpatorio que puede haber sido manipulado; y (2) como instrumento del delito, cuando se usa para extorsión sexual, calumnia, suplantación de identidad o estafa. Cada posición exige una estrategia distinta: en la primera defendemos al acusado impugnando la autenticidad del material; en la segunda representamos a la víctima ejerciendo la acusación particular.

Anatomía Técnica de un Deepfake

Comprender cómo se fabrica un deepfake es el primer paso para impugnarlo. Las técnicas más extendidas son el face-swap (sustitución de un rostro por otro fotograma a fotograma), el lip-sync o reanimación facial (se modifica el movimiento de los labios para hacer decir a alguien algo que no dijo) y la síntesis de voz a partir de muestras breves. Detrás de todas ellas hay dos familias de modelos: las redes generativas antagónicas (GAN), en las que un generador y un discriminador compiten hasta producir un resultado verosímil, y los modelos de difusión, que reconstruyen la imagen a partir de ruido. Ambos dejan, sin embargo, huellas estadísticas en la imagen y el sonido que no son perceptibles a simple vista pero sí mediante peritaje. Conocer la técnica empleada orienta el método de detección y permite anticipar los puntos débiles del material aportado de contrario.

Métodos de Detección Forense

La detección forense de deepfakes combina varios métodos: análisis frecuencial (los modelos generativos dejan firmas en el dominio frecuencial), búsqueda de artefactos GAN (asimetrías oculares, anomalías en el cabello y los bordes), inconsistencias biométricas (patrones de parpadeo, microexpresiones, ritmo cardíaco visible en la piel), análisis de metadatos (EXIF, codificación, trazas del software de edición) y watermarks regulatorios que el Reglamento UE 2024/1689 (Reglamento de Inteligencia Artificial) impone a los proveedores para marcar el contenido sintético. Ningún método es infalible de forma aislada, pero su combinación reduce de manera notable la tasa de falso negativo. La prueba con valor procesal exige un dictamen pericial con metodología documentada y reproducible; los detectores automáticos de uso público, con tasas de error elevadas, no bastan por sí solos para fundar una convicción judicial.

Calificación Penal del Deepfake

El deepfake no constituye un tipo penal autónomo, sino el medio comisivo de delitos ya previstos en el Código Penal. Cuando difunde o amenaza con difundir imágenes de contenido sexual —aunque sean falsas pero verosímiles— puede integrar el delito de difusión no consentida de imágenes íntimas (Art. 197.7 CP), en concurso con el delito contra la integridad moral del Art. 173 CP según la gravedad del menoscabo. Si atribuye a una persona un hecho delictivo o lesiona su reputación, entra en juego la calumnia o la injuria (Arts. 205 y 208 CP). La utilización de la identidad ajena para defraudar puede subsumirse en la estafa (Arts. 248 y 250 CP) y, en su caso, en la suplantación de identidad (Art. 401 CP). La calificación concreta depende del contenido, del medio de difusión y del resultado lesivo, y con frecuencia exige resolver un concurso de delitos.

Defensa Frente a Pruebas Sospechosas

Cuando se aporta contra el cliente un vídeo o un audio que pudiera estar manipulado, articulamos la defensa en dos planos. En el plano técnico, solicitamos pericial de impugnación con metodología combinada (frecuencial, biométrica y de metadatos) y reconstruimos la cadena de custodia del material desde su origen hasta su incorporación a la causa, para localizar las oportunidades de alteración. En el plano procesal, instamos la exclusión probatoria temprana en fase de instrucción, antes de que el material contamine la convicción judicial, y trabajamos una doble línea de defensa: impugnar la autenticidad (sostener que es un deepfake) y, subsidiariamente, discutir el contexto (que, aun siendo auténtico, no acredita los elementos del tipo). La carga de acreditar la autenticidad e integridad de la prueba digital corresponde a quien la aporta.

Acción Penal de la Víctima

A quien es objeto de un deepfake le asisten varias vías, frecuentemente acumulables. En el orden penal, interponemos querella por el delito que corresponda (sextorsión, calumnia, suplantación o estafa) e instamos medidas cautelares urgentes de retirada del material en plataformas, redes sociales y servidores. En el orden civil cabe la tutela del honor, la intimidad y la propia imagen de la LO 1/1982. En el administrativo, la denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por tratamiento ilícito de datos biométricos. El Reglamento de Servicios Digitales (DSA) refuerza el deber de las plataformas de retirar el contenido tras una notificación fundada. La actuación temprana es decisiva para frenar la viralización y preservar la prueba de la difusión.

El vacío del Art. 197.7 frente al deepfake íntegramente sintético

El Art. 197.7 CP castiga a quien, sin autorización de la persona afectada, difunde imágenes o grabaciones íntimas que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o lugar fuera del alcance de terceros. La clave defensiva está en el verbo: la imagen debe haber sido obtenida de la víctima, es decir, ser una imagen real captada de su cuerpo. Cuando el contenido pornográfico se genera íntegramente por inteligencia artificial, sin partir de ninguna grabación previa de la persona, no hay imagen obtenida y, por tanto, el hecho no encaja en el tipo del 197.7. Esta distinción no es un tecnicismo menor, sino la frontera entre la atipicidad penal por esta vía y la condena.

Conviene separar dos supuestos que se confunden con frecuencia. El primero es la imagen real manipulada: existe una fotografía o vídeo auténtico de la víctima sobre el que se altera el contexto o se añaden elementos sexuales; aquí sí hay un soporte obtenido de la persona y la subsunción en figuras de intimidad resulta más sólida. El segundo es el rostro o el cuerpo recreado por completo mediante un modelo generativo a partir de datos públicos: no se ha captado nada del ámbito reservado de la víctima. La defensa técnica de cada caso pasa por acreditar pericialmente cuál de los dos escenarios concurre, porque de ello depende el precepto aplicable y la propia existencia de delito.

Vías alternativas: injurias, integridad moral y la protección civil de la propia imagen

Descartado el 197.7 para el deepfake puramente sintético, la acusación suele reconducir los hechos a otros tipos. Las injurias de los Arts. 208 a 210 CP protegen el honor frente a la imputación de hechos o expresiones que lesionan la dignidad menoscabando la fama; un deepfake sexual puede integrar injuria grave hecha con publicidad, pero exige el animus iniuriandi y el cumplimiento de los requisitos de querella y, en su caso, perdón del ofendido propios de los delitos privados. El delito contra la integridad moral del Art. 173.1 CP, por su parte, requiere un trato degradante que menoscabe gravemente la integridad moral, un umbral exigente que no toda manipulación alcanza.

Junto al plano penal, la persona afectada dispone de la protección civil del derecho a la propia imagen, al honor y a la intimidad de la Ley Orgánica 1/1982. Esta vía permite obtener el cese de la difusión, la retirada del contenido y una indemnización por el daño moral, con un estándar probatorio distinto del penal y sin necesidad de acreditar dolo de injuriar. En la práctica, la estrategia más eficaz combina la reacción civil rápida para frenar la viralización con la valoración prudente de la querella penal, evitando forzar una calificación que el tipo no soporta. Trabajamos para encajar cada hecho en la figura que realmente le corresponde.

Pornografía infantil virtual y técnica: el Art. 189 sí abarca lo sintético

El razonamiento sobre el vacío del 197.7 no se traslada al ámbito de los menores. El Art. 189 CP, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, define como pornografía infantil también las imágenes realistas de un menor o de sus órganos sexuales con fines sexuales, aunque no se corresponda con una persona real. Esto cubre tanto la llamada pornografía virtual, creación artificial completa, como la técnica, en la que se presenta a un adulto como menor. Por ello, un deepfake que represente sexualmente a una persona menor de edad puede ser típico aunque haya sido generado íntegramente por inteligencia artificial sin partir de imagen real alguna.

Las consecuencias penológicas son sustancialmente más graves que en los supuestos de adultos. La producción y difusión de pornografía infantil se castiga con penas de prisión que pueden superar los cinco años cuando concurren agravaciones, y la mera posesión también está penada. La defensa en estos casos debe atender con especial rigor a la prueba pericial sobre la naturaleza del material, a la edad aparente representada y al elemento subjetivo, sin perder de vista que la frontera con la mayoría de edad y la finalidad sexual son cuestiones determinantes de la calificación y de la pena aplicable.

Competencia, prueba digital lícita y prescripción

La instrucción de estos delitos corresponde al Juzgado de Instrucción del lugar de comisión. El enjuiciamiento se atribuye al Juzgado de lo Penal cuando la pena máxima no excede de cinco años de prisión y a la Audiencia Provincial cuando supera ese límite. No es competente la Audiencia Nacional salvo que exista una conexión expresa con alguno de los supuestos del Art. 65 LOPJ. La obtención de la prueba digital exige respetar el secreto de las comunicaciones del Art. 18.3 CE: la intervención de comunicaciones electrónicas se rige por los Arts. 588 bis a) y siguientes y 588 ter a) y siguientes LECrim, y el acceso al contenido de dispositivos de almacenamiento masivo por el Art. 588 sexies a) LECrim, siempre bajo autorización judicial motivada y con respeto a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad y proporcionalidad.

La cadena de custodia y el volcado pericial del material son el terreno donde más se juega la defensa: una autorización defectuosa, una conexión no acreditada entre el dispositivo y el investigado o un volcado sin garantías pueden determinar la nulidad de la prueba conforme al Art. 11.1 LOPJ. En cuanto a la prescripción del Art. 131 CP, los plazos se calculan sobre la pena máxima señalada al delito, sin tramo de tres años: cuando esa pena no supera los cinco años, prescribe a los cinco años; cuando es superior a cinco y no excede de diez, prescribe a los diez. Las injurias y calumnias, en cambio, prescriben al año conforme al propio Art. 131 CP. Si la calificación finalmente sostenible es la civil de la Ley Orgánica 1/1982, rige la caducidad de cuatro años del Art. 9.5 de esa ley, no los plazos penales.