Abogados Especialistas en Suplantación de Identidad

La usurpación de identidad (Art. 401 CP) sanciona al que usurpa el estado civil de otro, conducta que va más allá del simple uso ocasional de un nombre falso. El bien jurídico protegido es plural: la identidad personal como atributo esencial de la personalidad jurídica (Art. 10 CE), la seguridad del tráfico jurídico y, frecuentemente, intereses patrimoniales o reputacionales de la víctima. La doctrina del Tribunal Supremo ha consolidado los dos elementos típicos esenciales: la persistencia o continuidad en la suplantación (no basta un uso aislado) y la totalidad (asunción del conjunto de derechos y obligaciones del suplantado, no solo de un dato puntual). El delito puede concurrir con falsedad documental (Arts. 390-399 CP), estafa (Art. 248 CP), descubrimiento de secretos (Art. 197 CP) y, en el ámbito digital, con ciberdelitos.

Las modalidades comisivas han evolucionado con la digitalización. La usurpación clásica de estado civil abarca hacerse pasar por otra persona en relaciones contractuales, registrales o administrativas (renovación de DNI, registro mercantil, contratos laborales). Los perfiles falsos en redes sociales (Instagram, X/Twitter, Facebook, TikTok, LinkedIn) creados con datos reales de la víctima para acosar, dañar reputación, estafar o ejercer manipulación constituyen la modalidad más extendida actualmente. La contratación fraudulenta con DNI ajeno (créditos rápidos, préstamos personales, líneas telefónicas, alta en servicios) provoca daños patrimoniales severos. El SIM swapping (duplicación fraudulenta de tarjeta SIM para acceder a banca online) y el account takeover en plataformas digitales son modalidades sofisticadas. El uso de DNI ajeno (entrar a discotecas, evitar multas, acceder a servicios restringidos) puede ser usurpación o el tipo del Art. 400 bis CP (uso de documento auténtico ajeno).

Las penas previstas son severas. La usurpación de estado civil (Art. 401 CP) conlleva prisión de seis meses a tres años. Cuando concurre con falsedad documental (utilización de DNI alterado o fabricación de documento) las penas pueden alcanzar 3 a 6 años (Arts. 390-392 CP). En supuestos de contratación fraudulenta con perjuicio patrimonial, concurre con estafa (Art. 248 CP) con penas de 6 meses a 6 años según la cuantía. Si la suplantación se realiza para obtener datos personales reservados, concurre el delito de descubrimiento y revelación de secretos (Art. 197 CP) con prisión de 1 a 4 años. La persona jurídica que se beneficie de la usurpación puede responder autónomamente (Art. 31 bis CP). A esto se añade la responsabilidad civil por daños patrimoniales, morales y reputacionales, así como medidas cautelares de cierre de cuentas o perfiles falsos.

La defensa técnica se construye sobre cuatro ejes consolidados. Primero, la impugnación de la persistencia y totalidad: el uso esporádico de un nombre falso, el uso ocasional de datos ajenos sin asunción de personalidad o las suplantaciones puntuales sin continuidad no son típicas conforme a la doctrina del Tribunal Supremo. Segundo, el consentimiento del titular: cuando existe autorización expresa o tácita del suplantado (uso del DNI con permiso, gestión por terceros con poderes implícitos), la conducta puede ser atípica o reducir significativamente la pena. Tercero, la impugnación de la autoría digital: en perfiles falsos online, la atribución a una persona concreta requiere peritaje informático cualificado (IP, dispositivo, cadena de custodia); deben descartarse hipótesis alternativas (cuenta hackeada, dispositivo compartido, suplantación al suplantador). Cuarto, la retirada tempestiva: el cierre voluntario del perfil falso o la cesación de la suplantación antes de denuncia puede operar como reparación del daño (Art. 21.5 CP).

En la práctica forense actual, la usurpación de identidad se ha convertido en una de las modalidades delictivas de mayor crecimiento. La digitalización, las brechas masivas de datos (RGPD, LOPDGDD), el desarrollo de deepfakes generados por IA (Reglamento europeo de Inteligencia Artificial 2024/1689), la LO 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, la Ley 2/2023 reguladora del informante y la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo sobre prueba digital configuran un marco exigente. Las plataformas digitales están obligadas a colaborar (Reglamento DSA, Directiva 2017/541) y a retirar contenidos fraudulentos. En Alonso Sala, con más de 15 años de experiencia, intervenimos tanto en defensa de acusados (acreditando falta de persistencia, consentimiento o impugnando autoría digital) como en acusación particular de víctimas: gestionamos el cierre urgente de perfiles falsos, la anulación de contrataciones fraudulentas, la exclusión de registros de morosos (ASNEF, RAI, CIRBE), la recuperación de cantidades y la querella penal con peritaje informático cualificado.