Abogados Penalistas en Tráfico de Drogas

Defensa por tráfico de drogas en Madrid

Nuestro despacho, situado en la calle Velázquez 27 de Madrid, interviene habitualmente en procedimientos por delitos contra la salud pública ante los órganos penales de la capital. La inmensa mayoría de las causas por tráfico de drogas en Madrid se instruyen en los juzgados de Plaza de Castilla, donde —tras la reorganización operada por la LO 1/2025— los antiguos Juzgados de Instrucción se han integrado en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid. Allí se practican la primera declaración del investigado y la comparecencia sobre prisión provisional: dos momentos que condicionan todo el procedimiento y en los que la asistencia letrada inmediata resulta determinante.

El órgano de enjuiciamiento depende de la pena en juego. Conforme al art. 14 LECrim, los delitos castigados con prisión de hasta cinco años —el tipo básico del art. 368 CP— se juzgan ante la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia (los antiguos Juzgados de lo Penal), mientras que los subtipos agravados —notoria importancia, organización delictiva— se enjuician ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Cuando se trata de narcotráfico internacional —redes que operan en varias provincias o desde el extranjero, alijos en puertos y aeropuertos, investigaciones derivadas de la cooperación policial europea (EncroChat, SkyECC)—, la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye la competencia a la Audiencia Nacional: la instrucción corresponde a los Juzgados Centrales de Instrucción y el enjuiciamiento, según la gravedad de la pena, al Juzgado Central de lo Penal o a la Sala de lo Penal. Defender una causa ante la Audiencia Nacional exige experiencia específica en macrocausas, piezas separadas, prisiones provisionales prolongadas y cooperación judicial internacional.

Si usted o un familiar ha sido detenido en Madrid por un delito de drogas, puede contactarnos con carácter urgente en el ☎ 91 078 65 74 o a través de nuestra página de contacto.

Detenido con drogas: qué hacer en las primeras 72 horas

El art. 520 LECrim dispone que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para esclarecer los hechos y, en todo caso, fija un máximo de setenta y dos horas, transcurridas las cuales el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición judicial. En ese intervalo se decide buena parte de la suerte del procedimiento, por lo que conviene tener claras estas pautas:

• Guarde silencio en sede policial. El detenido tiene derecho a guardar silencio, a no contestar alguna o algunas preguntas, a manifestar que solo declarará ante el juez y a no declarar contra sí mismo ni confesarse culpable (art. 520.2 LECrim). Declarar en comisaría sin conocer el contenido del atestado rara vez favorece a la defensa.
• Designe abogado de confianza cuanto antes. Es un derecho expreso del detenido, que debe ser asistido por su letrado sin demora injustificada. El abogado accede además a los elementos de las actuaciones esenciales para impugnar la legalidad de la detención.
• Comunicación. Tiene derecho a que se informe de la privación de libertad y del lugar de custodia al familiar o persona que designe, y a comunicarse telefónicamente con un tercero de su elección. Los extranjeros pueden exigir la comunicación a su oficina consular y la asistencia gratuita de intérprete.
• Exija que todo conste. El atestado debe reflejar el lugar y la hora de la detención y de la puesta a disposición judicial. Si la detención se prolonga indebidamente o es ilegal, cabe instar el procedimiento de habeas corpus, que el juez debe resolver en el plazo legal de 24 horas.

Una vez en sede judicial, el art. 505 LECrim impone la celebración de una audiencia dentro de las setenta y dos horas siguientes a la puesta a disposición: el juez solo puede acordar la prisión provisional si la solicita el fiscal o una acusación y, si nadie la insta, debe acordar la inmediata puesta en libertad. Preparar en esas horas la acreditación del arraigo —domicilio, trabajo, cargas familiares— y, en su caso, de la condición de drogodependiente en tratamiento es esencial para defender la libertad provisional.

Cómo evitar la prisión: subtipo atenuado y suspensión por drogodependencia

Subtipo atenuado del art. 368.2 CP. El segundo párrafo del art. 368 CP permite a los tribunales imponer la pena inferior en grado «en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable». Es la vía típica de las ventas aisladas de pequeñas cantidades en el último escalón del tráfico. Su efecto es decisivo: la pena baja a una franja de un año y seis meses a tres años de prisión en sustancias que causan grave daño a la salud, y de seis meses a un año en las demás. Esta facultad queda excluida cuando concurren las circunstancias de los arts. 369 bis y 370 CP. Con una pena que no exceda de dos años y sin antecedentes computables, queda abierta la suspensión ordinaria de los apartados 1 y 2 del art. 80 CP.

Suspensión por drogodependencia (art. 80.5 CP). Para los penados que cometieron el hecho a causa de su dependencia de las drogas, el alcohol u otras sustancias, la ley amplía el límite de la suspensión hasta las penas privativas de libertad no superiores a cinco años, aunque no se cumplan las condiciones generales de primariedad delictiva y pena máxima de dos años. Se exige que un centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado certifique que el condenado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento de deshabituación en el momento de decidir sobre la suspensión. La suspensión se condiciona a no abandonar el tratamiento hasta su finalización, si bien las recaídas no se entienden como abandono cuando no evidencian un abandono definitivo. En la práctica, esto significa que incluso una condena por el tipo básico de sustancias que causan grave daño puede quedar en suspenso si la pena concreta no excede de cinco años y la deshabituación está documentada.

Otras palancas de la defensa. La grave adicción del culpable opera además como atenuante (art. 21.2.ª CP) e incluso, en casos de intensa afectación, como eximente incompleta. El art. 376 CP permite rebajar la pena en uno o dos grados al drogodependiente que acredite suficientemente haber finalizado con éxito un tratamiento de deshabituación —siempre que la cantidad no sea de notoria importancia o extrema gravedad— y a quien colabore activamente con las autoridades. Y tras la reforma de la conformidad por la LO 1/2025 (art. 655 LECrim, ya sin límite penológico, y audiencia preliminar del art. 785 LECrim), la negociación con las acusaciones puede articular soluciones que combinen estas figuras. Todas estas vías exigen prueba pericial sólida —informes médicos y psicológicos, certificados de tratamiento— que trabajamos para construir desde la propia instrucción.

Prescripción del delito y cancelación de antecedentes penales

Prescripción (art. 131 CP). El plazo depende de la pena máxima señalada al delito. El tipo básico de sustancias que no causan grave daño a la salud (máximo de tres años de prisión) prescribe a los cinco años; el tipo básico de sustancias que causan grave daño (máximo de seis años) y los subtipos agravados del art. 369 CP, a los diez años; y los supuestos de organización delictiva (art. 369 bis CP) o extrema gravedad (art. 370 CP), a los quince años, plazo que alcanza los veinte para los jefes, encargados o administradores de la organización. El cómputo arranca con la comisión del hecho y se interrumpe cuando el procedimiento se dirige contra la persona investigada, por lo que la fecha de cada actuación procesal puede resultar decisiva para la defensa.

Cancelación de antecedentes (art. 136 CP). Extinguida la pena, el condenado tiene derecho a cancelar sus antecedentes si no vuelve a delinquir en los plazos legales: dos años para penas que no excedan de doce meses, tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años, cinco años para las menos graves iguales o superiores a tres años y diez años para las penas graves (prisión superior a cinco años, art. 33 CP). Si la pena quedó en suspenso y se obtuvo la remisión definitiva, el plazo se computa retrotrayéndolo al día siguiente a aquel en que habría quedado cumplida la pena de no haberse disfrutado del beneficio, lo que acorta notablemente la espera. Además, si transcurridos los plazos la cancelación no se ha producido, el juez no puede tener en cuenta esos antecedentes (art. 136.5 CP). Instamos la cancelación ante el Ministerio de Justicia en cuanto procede: unos antecedentes vivos condicionan futuras suspensiones de condena, expedientes de extranjería y el acceso a determinados empleos públicos.