Abogado Delitos contra el Patrimonio: Robos, Hurtos y Estafas

Los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (Título XIII del Libro II del Código Penal, Arts. 234-304) constituyen el grupo delictivo más voluminoso y heterogéneo del ordenamiento penal español. Su bien jurídico protegido es la propiedad y otros derechos patrimoniales, así como el orden socioeconómico en sentido amplio. El catálogo abarca el hurto (Arts. 234-236), el robo (Arts. 237-242), la extorsión (Art. 243), el robo y hurto de uso de vehículos (Arts. 244), la usurpación (Arts. 245-247), las estafas (Arts. 248-251 bis), la apropiación indebida y administración desleal (Arts. 252-254), los daños (Arts. 263-267), las insolvencias punibles (Arts. 257-262), la receptación (Art. 298), el blanqueo (Arts. 301-304) y los delitos societarios (Arts. 290-297). La doctrina del Tribunal Supremo ha consolidado criterios técnicos sobre el ánimo de lucro, el dolo de apoderamiento y las modalidades agravadas.

Las distinciones técnicas son críticas porque marcan diferencias punitivas radicales. El hurto (Art. 234 CP) es el apoderamiento de cosa mueble ajena sin violencia ni fuerza en las cosas; cuando la cuantía no supera los 400 € es delito leve (multa). El robo con fuerza en las cosas (Art. 238 CP) requiere alguna de las modalidades tasadas: escalamiento, rompimiento, llaves falsas, ganzúas o inutilización de sistemas de alarma; conlleva prisión de 1 a 3 años. El robo con violencia o intimidación (Art. 242 CP) lleva prisión de 2 a 5 años (agravado a 3 años 6 meses-5 años con uso de armas o medios peligrosos). El robo en casa habitada es modalidad cualificada con prisión de 2 a 5 años. Las insolvencias punibles (Arts. 257-262 CP) sancionan al deudor que oculta bienes para evitar el cobro (alzamiento de bienes) o que causa la insolvencia (insolvencia punible). La receptación (Art. 298 CP) castiga a quien adquiere con ánimo de lucro bienes procedentes de delito sabiendo su origen.

Las penas previstas se modulan por la modalidad, cuantía y circunstancias. La multirreincidencia (Art. 235 CP), tras la LO 1/2026, ha introducido cambios significativos: el hurto leve reiterado (tres condenas previas) se eleva a delito menos grave con prisión de 6 a 18 meses; existe un tipo agravado específico de hurto de móviles y dispositivos electrónicos con prisión de 1 a 3 años con independencia del valor. El robo con violencia con uso de armas, agresión sexual concurrente, víctima vulnerable o pluralidad de autores eleva la pena a 4-7 años. La responsabilidad civil incluye la restitución del bien (cuando es posible), la indemnización por su valor en caso de imposibilidad y la reparación de daños y perjuicios morales. Adicionalmente, son habituales el decomiso (Art. 127 CP), las medidas cautelares de embargo y bloqueo de cuentas, y la exigencia de fianza en la fase de instrucción para garantizar las responsabilidades patrimoniales.

La defensa técnica se construye sobre cuatro ejes consolidados. Primero, la degradación del tipo penal: convertir robo en hurto demostrando ausencia de fuerza típica (entrada por ventana abierta, llave legítima encontrada) o ausencia de violencia (sustracción habilidosa sin tirón); la jurisprudencia ha desarrollado criterios técnicos sobre lo que constituye "fuerza típica" en sentido jurídico-penal. Segundo, la impugnación de la multirreincidencia: revisar la cancelación o cancelabilidad de antecedentes previos, atacar la identidad de naturaleza de los delitos precedentes (Art. 22.8 CP). Tercero, la defensa por excusa absolutoria familiar (Art. 268 CP): los delitos patrimoniales sin violencia entre cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos están exentos de pena penal, manteniéndose solo la responsabilidad civil. Cuarto, la activación de atenuantes: reparación del daño con consignación judicial (Art. 21.5 CP) puede rebajar la pena en uno o dos grados cuando se aprecia como muy cualificada, evitando frecuentemente el ingreso efectivo en prisión.

En la práctica forense actual, los delitos patrimoniales han sufrido reformas profundas. La LO 1/2026 de Multirreincidencia, en vigor desde abril de 2026, ha endurecido el régimen del hurto leve reiterado y creado el tipo agravado del Art. 235 CP para móviles y electrónica. La LO 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia ha agilizado los procedimientos. La doctrina del Tribunal Supremo sobre okupación, casa habitada, fuerza en las cosas y multirreincidencia evoluciona continuamente. La Ley 5/2018 de desahucio exprés y la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda han modificado la respuesta civil paralela en delitos de usurpación. En Alonso Sala, con más de 15 años de experiencia, intervenimos en todas las modalidades patrimoniales: hurtos, robos, usurpaciones, daños, receptación, insolvencias y delitos societarios. Aplicamos una defensa quirúrgica orientada a la degradación del tipo, la cancelación de antecedentes, la activación de atenuantes muy cualificadas y, cuando procede, la negociación de conformidades estratégicas con la Fiscalía.