Abogados en Deepfakes Sexuales

Los deepfakes sexuales son montajes pornográficos generados o manipulados mediante inteligencia artificial que superponen el rostro o la identidad de una persona real sobre cuerpos o escenas con contenido sexual. La proliferación de modelos generativos accesibles al público ha multiplicado este tipo de contenidos, planteando retos jurídicos significativos que afectan a la intimidad, el honor, la propia imagen, la integridad moral y, cuando las víctimas son menores, a la indemnidad sexual.

Marco Legal Aplicable a los Deepfakes Sexuales

El ordenamiento español no contiene un tipo penal específico de "deepfake sexual", de modo que su persecución se canaliza a través de varios tipos preexistentes que pueden concurrir entre sí: delitos contra la integridad moral (Art. 173 CP) por trato degradante; delitos contra la intimidad y la propia imagen (Art. 197 y 197.7 CP) cuando se utilizan imágenes íntimas reales o se difunden contenidos manipulados que afectan a la intimidad; delitos contra el honor (Arts. 205, 208 y 211 CP); pornografía infantil (Art. 189 CP) cuando la víctima es menor; amenazas y extorsión cuando se utilizan como instrumento de coacción.

Deepfakes con Menores: Pornografía Virtual

El artículo 189 CP castiga, entre otras conductas, la elaboración, producción, distribución, exhibición o posesión de material pornográfico en el que aparezcan menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, incluso cuando se trate de material pornográfico virtual o aparente. La doctrina y la jurisprudencia han extendido este concepto a los deepfakes en los que se superpone el rostro de un menor a cuerpos generados o de adultos. Las penas pueden alcanzar varios años de prisión y conllevan todas las consecuencias accesorias propias de los delitos contra la indemnidad sexual de menores.

Deepfakes con Adultos

En los deepfakes con personas adultas, la calificación es más compleja y dependiente de las circunstancias. La integridad moral del artículo 173 CP puede integrar el tipo cuando el deepfake supone trato degradante (sometimiento a humillación pública con suficiente entidad). El artículo 197.7 CP es de difícil aplicación directa porque exige imágenes obtenidas con consentimiento del afectado; sin embargo, la doctrina discute su aplicación cuando se utilizan fotografías reales como base. Los delitos contra el honor pueden integrar el tipo si concurre lesión efectiva de la fama o consideración.

Difusión y Cuestiones Probatorias

La cuestión de la autoría y la difusión presenta retos técnicos específicos. La autoría del deepfake puede ser difícil de acreditar: el creador (persona que utilizó la herramienta), el difusor (persona que compartió el contenido sin necesariamente haberlo creado) y el reposteador pueden tener responsabilidades diferentes. La defensa debe analizar: metadatos de los archivos, herramientas utilizadas y modelos de IA, cuenta de origen, dirección IP, pericial informática forense y la cadena de difusión.

Defensas Específicas

Las líneas de defensa más relevantes incluyen: no autoría material del deepfake (el acusado no creó el contenido, solo lo recibió); error sobre el carácter del material (creencia de que se trataba de contenido lícito de adultos consintientes); contexto satírico o paródico con cobertura por la libertad de expresión, cuando concurren los presupuestos jurisprudenciales (evidente carácter paródico, ausencia de intención difamatoria); ausencia de difusión efectiva (mera posesión privada); impugnación de la prueba digital y de la cadena de custodia.

Estrategia de Defensa

Articulamos la defensa atendiendo a: impugnación técnica de la prueba digital, discusión sobre la autoría material, análisis de la cadena de difusión, discusión sobre la calificación entre los distintos tipos posibles, aplicación de la doctrina sobre libertad de expresión cuando proceda, error sobre el carácter del material, y valoración de atenuantes. Actuamos ante los Juzgados de Instrucción, los Juzgados de lo Penal, las Audiencias Provinciales y, cuando se imputan delitos transnacionales o cibernéticos complejos, ante los Juzgados Centrales de Instrucción y la Audiencia Nacional.