Abogados Penalistas en Cohecho

El cohecho regulado en los Arts. 419-427 CP es uno de los delitos paradigmáticos contra la Administración Pública, tipificando la corrupción de funcionarios públicos mediante dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas a cambio de actos del cargo. El bien jurídico protegido es triple: el correcto y objetivo funcionamiento de la Administración Pública conforme al Art. 103 CE, la imparcialidad del ejercicio de funciones públicas, y la confianza institucional de los ciudadanos en la rectitud del servicio público. El Código Penal distingue cuatro modalidades principales: cohecho propio (acto contrario a los deberes del cargo, Art. 419), cohecho impropio (acto propio del cargo, Art. 420), cohecho subsiguiente (recompensa posterior, Art. 421) y cohecho activo (del particular corruptor, Art. 424). La jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo ha desarrollado criterios técnicos sobre cada modalidad.

Las modalidades comisivas son extraordinariamente variadas. El cohecho activo del particular (Art. 424 CP) sanciona al que entregare o ofreciere dádiva o retribución de cualquier clase a una autoridad o funcionario público para que realice un acto contrario o propio de su cargo. El cohecho pasivo propio (Art. 419) castiga al funcionario que solicitare o recibiere dádiva, favor o retribución para realizar un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo. El cohecho pasivo impropio (Art. 420) sanciona al funcionario que solicitare o recibiere dádiva por acto propio de su cargo. Las "dádivas" incluyen no solo dinero, sino cualquier ventaja: regalos, viajes, descuentos, favores sexuales, empleos futuros, beneficios para familiares. El cohecho transnacional del Art. 286 ter CP sanciona el soborno a funcionarios extranjeros o de organismos internacionales (transposición de la Convención OCDE). La concurrencia con otros delitos es habitual: prevaricación, malversación, fraudes y exacciones ilegales, tráfico de influencias.

Las penas previstas son severas y se gradúan según la modalidad. El cohecho propio del Art. 419 (acto contrario a los deberes del cargo) conlleva prisión de 3 a 6 años, multa del tanto al triplo del valor de la dádiva e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de 9 a 12 años. El cohecho impropio del Art. 420 (acto propio del cargo) carga prisión de 2 a 4 años, multa e inhabilitación de 5 a 9 años. El cohecho subsiguiente del Art. 421 (recompensa posterior) tiene penas similares al cohecho impropio. El cohecho activo del particular (Art. 424) se castiga con las mismas penas que el cohecho pasivo correspondiente. La responsabilidad civil ex delicto incluye la restitución de las dádivas y la indemnización por los daños patrimoniales y reputacionales causados a la administración perjudicada. La responsabilidad penal de la persona jurídica del Art. 31 bis CP es aplicable cuando el cohecho beneficie a la empresa, con sanciones de multa, disolución, suspensión de actividades e inhabilitación para contratar con la Administración.

La defensa técnica en cohecho se construye sobre cuatro ejes consolidados. Primero, la distinción entre dádiva delictiva y regalo de cortesía: los regalos socialmente aceptados de escaso valor en contextos institucionales (Reglas Éticas del Sector Público, código de conducta de la Administración) no integran el tipo penal; la pericial sobre valoración del bien y contexto institucional puede ser decisiva. Segundo, la ausencia de relación causal entre la entrega del bien y un acto administrativo concreto: cuando no se acredita el "do ut des" característico del cohecho (intercambio condicionado), decae la tipicidad. Tercero, la impugnación de la prueba ilícita: las intervenciones telefónicas sin autorización judicial adecuada, los seguimientos sin habilitación legal, las grabaciones obtenidas con vulneración del derecho a la intimidad o del secreto de las comunicaciones son nulas y arrastran la nulidad de las pruebas derivadas. Cuarto, la atipicidad por error: error de tipo sobre la condición de funcionario público o sobre la naturaleza del acto, error de prohibición sobre la licitud del intercambio.

En la práctica forense actual, los procedimientos por cohecho se concentran en cuatro escenarios típicos: corrupción urbanística (concesión de licencias, modificaciones del planeamiento), corrupción en contratación pública (adjudicaciones dirigidas, sobreprecios, fraccionamientos), corrupción policial (pagos para no levantar actas o por trato preferente) y corrupción internacional en operaciones de empresas españolas con funcionarios extranjeros. La Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la Ley 19/2013 de Transparencia, las Convenciones internacionales (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de Mérida, Convención OCDE sobre soborno transnacional, Convención del Consejo de Europa) y la jurisprudencia consolidada del TS configuran el marco normativo. La cooperación con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, la UCO de la Guardia Civil y la UDEF de la Policía Nacional orienta la investigación. En Alonso Sala, con +15 años de experiencia, asumimos defensa técnica especializada articulando impugnación de pruebas, pericial técnica, análisis del contexto institucional y, en su caso, asesoramiento en programas de Compliance anticorrupción.