Delitos contra el Patrimonio y el Orden Socioeconómico

Si tiene alguna causa pendiente o dudas en un caso penal contra el Patrimonio y el Orden Socioeconómico, nuestros abogados en Madrid pueden ayudarle a resolverlo.

Somos Abogados Especialistas en Delitos contra el Patrimonio y el Orden Socioeconómico

Estás son las áreas específicas que trabajamos en los casos de Delitos contra el Patrimonio y el Orden Socioeconómico:

Áreas Específicas

Blanqueo de Capitales

El Código Penal sanciona como blanqueo de capitales aquellas conductas que tienden a incorporar al tráfico legal los bienes, dinero y ganancias obtenidas en la realización de actividades delictivas, de manera que superado el proceso de lavado de los activos se pueda disfrutar jurídicamente de ellos sin ser sancionado.

El blanqueo de capitales suele presentar problemas probatorios en relación con dos aspectos: la procedencia delictiva del dinero o de los bienes y el conocimiento que el autor debe tener de esa procedencia delictiva. El tipo exige que el autor realice determinadas conductas que se describen en el art. 301 CP, sabiendo que los bienes o el dinero blanqueados «tienen su origen en una actividad delictiva». Lo cual exige probar que los bienes proceden de un delito grave y que el autor lo sabía. La jurisprudencia ha señalado ( STS 501/2019, de 24 de octubre, entre otras) que «el blanqueo de capitales no es un delito de sospecha: exige como cualquier otro, prueba de la concurrencia de todos y cada uno de sus elementos típicos, entre los que se encuentra el origen criminal (y no meramente ilícito, ilegal o antijurídico) de los bienes».

La jurisprudencia ha establecido que no es preciso justificar una condena anterior por el delito del que proceden los bienes o el dinero lavado, siendo suficiente con establecer la relación con actividades delictivas y la ausencia de otro posible origen del dinero, en función de los demás datos disponibles. Dicho de otra forma que, dados los indicios, la conclusión razonable sea su origen delictivo ( SSTS 154/2008, de 8 de abril; 72/2016, de 21 de julio).

Estafa

Tal y como indica la jurisprudencia en numerosas sentencias ( STS núm. 499/2019, de 23 de octubre; 665/2018, de 18 de diciembre, 590/2018, de 26 de noviembre, 832/2014, del 12 de diciembre ó 121/2013 de 25 de enero): Ordinariamente, en el delito de estafa, el engaño es antecedente a la celebración del contrato, y el sujeto activo del delito conoce de antemano que no podrá cumplir con su prestación, y simulando lo contrario, origina un error en la contraparte, que cumple con su prestación, lo que produce el desplazamiento patrimonial que consuma el delito.

La modalidad fraudulenta atribuida es la de los denominados «negocios jurídicos criminalizados», en los que el señuelo que utiliza el defraudador es el propio contrato, con apariencia de regularidad, a través del cual y previamente el estafador piensa aprovecharse económicamente del cumplimiento del otro y de su propio incumplimiento.

Si la viabilidad desde el principio es ilusoria por no hallarse construida bajo cimientos sólidos de manera que el dinero invertido no tiene el más mínimo soporte para poder ser devuelto, nos encontraremos con la comisión de un delito de estafa. En caso contrario, aun podríamos hallarnos ante un simple incumplimiento contractual. 

Apropiación Indebida

La interpretación jurisprudencial del Tribunal Supremo respecto a este delito (SSTS 513/2007, de 19 de junio, 228/2012, de 28 de marzo y 664/2012, de 12 de julio, entre otras muchas) indica que el artículo 252 del vigente Código Penal sanciona dos modalidades distintas de apropiación indebida, la clásica de apropiación indebida de cosas muebles ajenas que comete el poseedor legítimo que las incorpora su patrimonio con ánimo de lucro, o niega haberlas recibido y la distracción de dinero cuya disposición tiene el acusado a su alcance, pero que ha recibido con la obligación de darle un destino específico.

El delito requiere como elementos de tipo objetivo:

  1. que el autor lo reciba en virtud de depósito, comisión, administración o cualquier otro título que produzca la obligación de entregar o devolver otro tanto de la misma especie y calidad.
  2. que el autor ejecute un acto de disposición sobre el objeto o el dinero recibidos que resulta ilegítimo en cuanto que excede de las facultades conferidas por el título de recepción, dándole en su virtud un destino definitivo distinto del acordado, impuesto o autorizado
  3. que como consecuencia de ese acto se cause un perjuicio en el sujeto pasivo, lo cual ordinariamente supondrá una imposibilidad, al menos transitoria, de recuperación.

Y, como elementos del tipo subjetivo, que el sujeto conozca que excede de sus facultades al actuar como lo hace y que con ello suprime las legítimas facultades del titular sobre el dinero o la cosa entregada.