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Bufete de abogados penalistas Alonso Sala
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Abogados Penalistas Especialistas en Delito Contra la Administración Pública

Defensa jurídica de alto nivel para autoridades y funcionarios. Protegemos su carrera y honorabilidad ante acusaciones de corrupción.

Defensa por Abogados Penalistas Especialistas en Delito Contra la Administración Pública

Los delitos contra la Administración Pública representan uno de los desafíos más técnicos del Derecho Penal. Como abogados penalistas especialistas en delito contra la administración pública, entendemos que la línea entre la irregularidad administrativa y el ilícito penal es a menudo difusa, pero las consecuencias de cruzarla son devastadoras para el funcionario o autoridad.

Nuestro equipo ofrece una defensa jurídica integral frente a acusaciones de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o malversación. No solo defendemos su libertad, sino su honorabilidad y su carrera profesional, amenazadas a menudo por la llamada "pena de telediario" antes incluso de que haya sentencia.

La Importancia del Concepto de "Funcionario Público"

A efectos penales (Art. 24 CP), el concepto es más amplio que en derecho administrativo. Incluye a todo el que participe en el ejercicio de funciones públicas, ya sea por disposición inmediata de la Ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente. Esto puede incluir a cargos electos, funcionarios de carrera, interinos e incluso personal laboral en determinadas funciones.

El Límite entre el Derecho Administrativo y el Penal

No toda resolución ilegal es delito. Para que exista prevaricación, la resolución debe ser tan groseramente contraria a derecho que no admita defensa jurídica alguna ("arbitrariedad patente"). Nuestra estrategia como abogados penalistas especialistas en delito contra la administración pública se centra a menudo en demostrar que la actuación del investigado, aun pudiendo ser errónea, se basó en una interpretación jurídica posible, devolviendo así el debate a la jurisdicción contencioso-administrativa y logrando el archivo de la causa penal.

Servicios: Abogados Penalistas Especialistas en Delito Contra la Administración Pública

"En delitos de corrupción pública, la batalla se libra en dos frentes: el jurídico y el mediático. Protegemos su presunción de inocencia con rigor técnico absoluto."

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¿Por qué elegirnos?

Combinamos el conocimiento profundo del Derecho Administrativo Sancionador con la litigación penal experta. Sabemos cómo piensan los tribunales en casos de corrupción.

  • checkEspecialización en Derecho Penal Económico y Funcionarial.
  • checkDefensa de la reputación y gestión de crisis.
  • checkConsultoría preventiva (Compliance Público).
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Preguntas Frecuentes

¿Quién puede cometer un delito de prevaricación?expand_more
Es un delito especial que solo pueden cometer autoridades o funcionarios públicos. Consiste en dictar una resolución arbitraria sabiendo que es injusta. El particular (extraneus) solo puede ser condenado como inductor o cooperador necesario.
¿Qué diferencia hay entre cohecho y tráfico de influencias?expand_more
El cohecho implica 'comprar' al funcionario (pagar por un acto injusto o propio de su cargo). El tráfico de influencias consiste en presionar o usar una posición de ascendencia sobre el funcionario para que éste dicte una resolución beneficiosa (aunque no se le pague directamente).
¿La malversación requiere enriquecimiento personal?expand_more
No necesariamente. La reforma legal distingue entre malversación con ánimo de lucro (apropiarse del dinero) y la administración desleal (usarlo para un fin público distinto al previsto). Ambas son delito, pero con penas diferentes.
¿Qué penas conllevan estos delitos?expand_more
Suelen llevar aparejadas penas de prisión (altas en malversación y cohecho) y, casi siempre, penas de inhabilitación absoluta o especial, lo que supone la 'muerte civil' del funcionario, perdiendo su cargo y la posibilidad de volver a ejercer.
¿Cómo se defiende una acusación de prevaricación?expand_more
La clave es demostrar que la resolución, aunque pueda ser errónea administrativamente (anulable), no es 'injusta a sabiendas' (delictiva). Defendemos que la discrepancia jurídica se resuelva en el Contencioso-Administrativo, no en la vía Penal.

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